El Tribunal Supremo tendrá que decidir si accede a la cuenta de correo personal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, e indaga en sus emails. Es la petición que le ha hecho la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido al alto tribunal que investigue sus comunicaciones con Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Ambos están encausados por la nota de prensa y los emails que desmentían el bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador que luego retiró.
Dos días después de que los magistrados del alto tribunal recibiesen la exposición razonada que solicitaba abrir una causa contra García Ortiz, los abogados del empresario enviaron un documento de 22 páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es. En él hacen un relato de los hechos para concluir que hay que investigar las comunicaciones del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid desde sus cuentas de correo. Además, piden que se impute también a la directora de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo. El objetivo es averiguar el origen de la filtración del correo electrónico en el que González Amador confesaba dos delitos y que fue enviado a una dirección genérica de la fiscalía el pasado 2 de febrero, cinco semanas antes de que elDiario.es publicase la exclusiva del fraude de la pareja de la presidenta madrileña.
El escrito de la defensa de González Amador para investigar al fiscal general se envió al Supremo el 17 de julio. El 15, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había elevado una exposición razonada al alto tribunal, un documento que reunía los indicios recabados durante la investigación y solicitaba que se abriese una causa contra el fiscal general del Estado.
Aquel documento centraba la investigación en la nota de prensa elaborada el 14 de marzo para desmentir el bulo de que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un pacto para que reconociese los delitos y evitase el juicio, que luego había retirado “por órdenes de arriba”. La tesis que Miguel Ángel Rodríguez había difundido a través de varios medios afines.
Sin embargo, el Supremo ha indicado que esa nota de prensa no desveló información confidencial relevante y ha puesto el foco en la publicación en prensa del correo en el que el abogado de González Amador indicaba que su cliente había “ciertamente” cometido los delitos por los que estaba siendo investigado, y proponía llegar a un acuerdo. La dirección a la que la defensa de la pareja de Ayuso escribió pertenece a la fiscalía de Madrid y el buzón puede ser consultado por 18 personas, entre fiscales y funcionarios.
El Supremo ha designado al magistrado Ángel Hurtado como instructor de la causa. Es él quien tendrá que decidir ahora si acepta la petición de los abogados de González Amador y ordena que se acceda al correo personal de García Ortiz.
El documento que tiene sobre su mesa contiene un pormenorizado resumen de los hechos, con fechas y horas de los principales acontecimientos. Eso sí, hay un importante salto temporal en el relato: no se hace mención al bulo publicado por El Mundo y otros medios, el motivo que llevó al fiscal general del Estado a solicitar al encargado del caso los correos de los abogados de González Amador y la razón por la que decide publicar la nota desmintiendo la información cuya responsabilidad había asumido en primera persona García Ortiz.
Un final discreto y rápido para la causa
Los abogados señalan que el letrado que ha llevado la causa por fraude fiscal del empresario ofreció un pacto a la Fiscalía “por la relación sentimental que mantiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid (y de su potencial efecto deformador de las circunstancias y las garantías procesales)”. Buscaba un acuerdo “como vía de terminación discreta y rápida del procedimiento”.
El repaso pormenorizado de los hechos recoge los intercambios de emails entre el abogado y el fiscal del caso, señala que el 12 de marzo elDiario.es publica la primera noticia sobre el fraude fiscal de González Amador e incluye otra noticia falsa difundida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, según la cual un periodista de este diario intentó acceder a su domicilio.
En un momento dado, el escrito señala: “El miércoles 13 de marzo de 2024 hacia las 21:00 horas, el Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz solicitó a Dña. María Pilar Rodríguez que requiriera a D. Julián Salto para que, de forma inmediata, le reenviara los correos electrónicos intercambiados por la Fiscalía con el abogado de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Los abogados han omitido el motivo que desencadenó esa petición. Minutos antes, el periódico El Mundo había publicado una información: ‘La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales’. El subtítulo afirmaba: “Lanzó su propuesta a Alberto González Amador apenas dos horas después de que estallara el caso”. Ambas afirmaciones eran falsas, pero otros medios las recogieron y amplificaron incluyendo la coletilla de que el pacto se había frustrado “por órdenes de arriba”. Fue Miguel Ángel Rodríguez quien difundió el bulo, que los medios publicaron sin comprobar la información.
El escrito recoge los movimientos en las horas siguientes y afirma que el fiscal del caso, Julián Salto, envió los emails a una cuenta personal de García Ortiz y no a su correo de la Fiscalía. Salto, en su declaración ante el juez, se negó a confirmar esa información y se acogió a su derecho a no declarar.
El documento continúa relatando que fueron esos correos los que se utilizaron para elaborar la nota de prensa en la que la Fiscalía desmintió haber ofrecido un pacto que luego había retirado. Señala además que la Cadena Ser primero, El País y elDiario.es después publicaron el contenido del correo en el que el abogado de González Amador reconocía la culpabilidad de su cliente. Una vez el Supremo ha concluido que el comunicado ni desveló datos nuevos ni perjudicó el derecho de defensa de González Amador, el objetivo del tribunal es dilucidar si García Ortiz filtró ese correo.
Emails y WhatsApps
El escrito al Supremo incluye también los mensajes de WhatsApp de García Ortiz a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, pidiéndole que se publicase la nota con el desmentido: “Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla”. Incluye también comunicaciones por ese servicio de mensajería entre la directora de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo, y el responsable de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral. Hedo le envió a Corral una primera versión de la nota y luego otra con algunas modificaciones.
Los abogados de González Amador concluyen, tras el relato, que el Supremo debe acceder a los correos de los investigados. Primero, al correo genérico de la fiscalía provincial de Madrid y también al correo de Pilar Rodríguez. Piden que, al menos, se localicen los emails que contienen la afirmación del abogado de González Amador sobre la culpabilidad de su cliente.
Pero no se paran ahí. Los abogados de González Amador piden al Supremo que se ponga en contacto con Google para reclamar los correos de la cuenta personal de García Ortiz que contengan el texto de la confesión, pero también todos los correos intercambiados desde su cuenta con la fiscal Pilar Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo. Además, piden a Google comprobaciones sobre posibles correos borrados entre esas fechas.
Por último, solicitan la versión inicial de la nota de prensa que envió la Fiscalía y que se impute a su directora de comunicación para que preste declaración, además de al fiscal general del Estado. Hurtado, que fue designado ponente el pasado miércoles, debe decidir ahora si accede a la petición.