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Parlament de Cataluña deroga multas a municipios por sequía pese a rechazo de ERC y Comuns

Parlament de Cataluña deroga multas a municipios por sequía pese a rechazo de ERC y Comuns
Barcelona —

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Barcelona, 29 ene (EFE).- El pleno del Parlament de Cataluña ha avalado el decreto del Govern que deroga el régimen sancionador a los municipios que excedan el límite de las dotaciones máximas de consumo de agua en fases de restricciones por sequía, pese al rechazo de los socios de investidura, ERC y los Comuns.

Sí han votado a favor de convalidar el decreto el PSC-Units, JxCat, PPC y el grupo mixto conformado por Aliança Catalana, mientras que la CUP también se ha pronunciado en contra y Vox ha optado por la abstención.

En la presentación del decreto, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido “la importancia de trabajar codo con codo con los ayuntamientos” para hacer frente a la sequía y, en este sentido, ha abogado por “abandonar la vía punitiva” hacia los municipios.

“Mayoritariamente, los ayuntamientos no han malbaratado agua sino que no cumplían porque no podían. Sufren de ineficiencias y de falta de inversiones, pero quieren ir por el camino de la colaboración y las soluciones conjuntas”, ha asegurado.

Ha dicho que multar a los entes locales no responde al “principio de proporcionalidad y eficacia”.

Según se desprende del decreto del Govern que ha aprobado el Parlament, mantener el exceso de agua como “infracción y sancionarlo” puede llegar a ser “contraproducente en determinados supuestos”, entre los que menciona los pequeños municipios con recursos económicos limitados.

Este plan se activó por la sequía que comenzó en 2020 y que aún no ha terminado, con unos pantanos de las cuencas internas que tienen el doble de agua que hace un año pero que están aún al 34 % de su capacidad.

En la época más crítica de la sequía, cuando la mayoría de la población catalana estaba con las restricciones más severas de la fase de emergencia, los municipios no podían rebasar los 200 litros por persona y día, contando todos los consumos (doméstico, industrial o lúdico), y en caso de hacerlo se exponían al inicio de un expediente sancionador.

Los reproches de los socios y la “coherencia” de Junts

Por parte de Junts, el diputado Salvador Vergés ha afirmado que su grupo ha avalado convalidar el decreto “por coherencia” con lo defendido en la pasada legislatura, ya que ha sostenido que se debe actuar a partir de “menos sanciones y más ayudas e inversiones”.

Al tiempo, ha apremiado al Govern a “desencallar” obras de infraestructuras hídricas y ha criticado su “supeditación” al Ejecutivo estatal.

La portavoz parlamentaria de ERC, Ester Capella, ha censurado el “retroceso en toda regla” que conlleva la convalidación de este decreto y, dirigiéndose a Paneque, ha dicho: “Así no, primera advertencia”.

Ha tildado como “irresponsable” la supresión de este régimen sancionador, aprobado por el Govern de Pere Aragonès con voluntad “disuasoria y pedagógica”, ya que ha apuntado que hay consistorios que han hecho los deberes y otros que no y no se puede lanzar el “mensaje pernicioso” de que “aquí hay barra libre” para consumir más agua de la debida.

La diputada del PPC Eva García ha remarcado la “coherencia y sentido común” de su grupo y ha sostenido que la convalidación de este decreto “ha dado la razón” a los populares. En paralelo, ha denunciado que “el plan especial de sequía ha sido claramente insuficiente”.

La parlamentaria de Vox Mónica Lora ha acusado al Govern de “abusar” de los decretos ley, si bien ha celebrado, con ironía, que el ejecutivo se haya dado cuenta de que “las sanciones no sirven para resolver el problema”. Al tiempo, ha criticado las “imposiciones” derivadas del “fanatismo climático”.

Lluís Mijoler, de los Comuns, ha lamentado que la derogación de este régimen sancionador lanza “un mensaje de permisividad” y ha defendido que la posibilidad de multar a los ayuntamientos es necesaria por las siguientes cuatro cuestiones: para asegurar la gestión sostenible de este recurso; para no mostrar permisividad hacia los incumplidores; para incentivar la modernización de las infraestructuras y para garantizar la corresponsabilidad.

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha dicho que no se puede dar “barra libre” a los ayuntamientos que no cumplen con la normativa, si bien se ha mostrado de acuerdo con que las sanciones deberían imponerse siempre con “proporcionalidad”.

Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha afirmado que “ya era hora” de que el Govern viera que “es más útil dotar de recursos a los municipios en caso de emergencia que sancionarlos”.

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