La parte socialista del Gobierno se planta y rechaza subir ahora el salario mínimo

La coalición se acerca a su primer aniversario acumulando batallas internas que tanto PSOE como Unidas Podemos tratan de rebajar públicamente, pero los socialistas empiezan a dar muestras de hartazgo ante la presión que detectan de sus socios de Gobierno. Tras meses de tiras y aflojas en los que a la parte socialista del gabinete le ha tocado ceder en numerosas ocasiones, como en la aceleración del Ingreso Mínimo Vital, el escenario empieza a cambiar. O esas son las señales que emiten desde la Moncloa. Los de Pedro Sánchez se han plantado esta ocasión con motivo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a pesar de la negociación abierta por el Ministerio de Trabajo que pilota Yolanda Díaz.

El socio mayoritario del Gobierno no oculta, ni en público ni en privado, su negativa a elevar el sueldo base en este momento. “Tendrá que seguir subiendo, ahora no; pero tendrá que seguir subiendo porque es el compromiso de investidura del presidente Sánchez y tendrá que ser al ritmo al que interese a los derechos de los trabajadores y a la protección de las empresas en una crisis”, expresó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el pasado viernes en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta). La mano derecha del presidente dejaba clara su intención de cumplir con el acuerdo programático de la coalición, que establece que el SMI debe situarse en el 60% del salario medio en España a final de la legislatura, pero rechazaba un incremento inmediato.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reforzaba esa tesis en el mismo programa apenas tres días después de las declaraciones de Calvo y horas antes de que el Ministerio de Trabajo volviera a sentarse con sindicatos y patronal. “Si no hay acuerdo entre los agentes sociales a lo mejor lo que se nos está diciendo es que hay que tomarse tiempo y que esta decisión debe tomarse con la recuperación económica enfilada”, aseguraba Calviño sobre la subida del SMI. La responsable de los Asuntos Económicos del Consejo de Ministros, a la que Unidas Podemos situó en la diana desde el comienzo de la andadura del bipartito, ha expresado la que en esta ocasión es la posición del propio presidente: Sánchez no es partidario de un incremento en estas circunstancias.

“No se va a subir”, señalan fuentes de la parte socialista del Gobierno, que reprochan a Trabajo que haya iniciado una negociación en el marco del diálogo social a pesar de que, aseguran, se pactó durante la negociación interna de los Presupuestos Generales del Estado que no se abriría ese debate tras la subida del 5% del IPREM, que es la tasa de referencia para los subsidios y ayudas públicas. En Moncloa argumentan que el salario mínimo ha aumentado un 29% en los dos últimos ejercicios y que, en plena crisis por la COVID–19, se debe hacer una política garantista también con las empresas encaminada a “contener sus gastos” para evitar despidos. Sin embargo, el ministerio de Yolanda Díaz inició las negociaciones con sindicatos y patronal garantizándoles que no habría una congelación para el próximo año.

“Una decisión que podemos tomar en enero o en junio”

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, también ha descartado que el incremento se produzca en este momento en el que las previsiones económicas aún son inciertas. “Mantenemos nuestro compromiso, como no puede ser de otra manera –expresó sobre el compromiso alcanzado en el acuerdo de la coalición–, pero se trata de un acuerdo de legislatura y tenemos que ver la oportunidad”. Al igual que han hecho en otras ocasiones Calviño o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Ábalos admitió que tienen que ser “prudentes”, pero no descartó que la subida se pueda hacer en otro momento del año –tradicionalmente la decisión se adopta para que entre vigor el 1 de enero, pero no siempre es así: la última vez el acuerdo se selló el 22 de enero dado que el Gobierno de Sánchez estaba en funciones hasta poco antes–. “Lo mismo podemos tomar en enero la decisión que la podemos tomar en junio”, expresó en un acto en Ourense.

Sin embargo, el departamento de Díaz trabajaba con el objetivo de que el incremento, aunque sea el mínimo, se llevara a cabo de forma inmediata. Y en eso estaban: en plena negociación en el marco del diálogo social. El punto de partida de los sindicatos es que el SMI crezca entre un 5% y un 1,8% mientras que la patronal apuesta por congelarlo. El departamento que dirige Díaz quería intentar al menos esa actualización al IPC.

El golpe en la mesa que ha dado públicamente la parte socialista del gabinete ha servido como acicate para los empresarios. “Tenemos que ser muy responsables en estos momentos, porque la economía no está para tocar cosas que no tocan y, de hecho, algunos miembros del Gobierno lo están diciendo también”, expresó la semana pasada en una entrevista en Onda Cero el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Los sindicatos, por su parte, no han ocultado su malestar ante el punto de partida que ha mostrado la parte socialista del Gobierno en contra de la subida. El coordinador general de CCOO, Unai Sordo, ha reprochado que se trate en la práctica de dar a la patronal “derecho de veto”.

La última reunión del Gobierno y los agentes sociales ha tenido lugar este lunes y ha acabado sin acuerdo. Los planteamientos han sido los mismos que la semana pasada: los representantes de los trabajadores han planteado su horquilla de incremento y los empresarios han apostado por la congelación. El Ministerio de Trabajo ha dicho que su intención no es congelar, pero no ha hecho una propuesta concreta, informa Laura Olías. La intención es mantener los contactos.