Los firmantes exigen la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación y manifiestan su “absoluto rechazo” al 'pin parental' implantado en la Comunidad Autónoma.
Con esta medida, afirman, “el gobierno de la Región de Murcia, auspiciado por los sectores más conservadores, pide a las familias consentimiento expreso para la participación de sus hijos e hijas en todas las actividades complementarias que se realicen en los centros educativos, en las que participen personas ajenas a los claustros de docentes, aunque estén organizadas por ellos”.
Esta medida, en su opinión, “contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y personal docente y, lo que es más importante, contradice el derecho fundamental y constitucional de los niños, niñas y adolescentes a recibir una formación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia, como la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia y el respeto a la diversidad, que no se constituyen como parte de la moral personal, sino de la ética que se emana de los principios comunitarios que venimos conformando como sociedad democrática”.
En este sentido, explican que “las actividades complementarias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y estas son obligatorias y evaluables.Y contra ellas no existe objeción de conciencia”.
Los firmantes muestran su confianza en el criterio y la profesionalidad de los docentes y consideran “inadmisible” que se les censure en su ejercicio docente.
Además, defienden que esta medida contraviene, entre otras, la Ley de Igualdad Social LGTBI de la Región de Murcia, la legislación sobre violencia de género de la Región de Murcia, la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño.
LA EDUCACIÓN REDUCE LA DESIGUALDAD
“La educación en valores reduce la desigualdad social y promociona el respeto a la diversidad social y la conciencia cívica. Las familias tienen información de todas las actividades que se realizan en los centros educativos. Los derechos de los niños y niñas no necesitan autorización”, defienden en el citado manifiesto.
Por ello, afirman que el 'pin parental' es “un grave error, porque posibilita el veto en los centros educativos a formación fundamental para el desarrollo de la niños y niñas”.
“La educación en valores, que esta medida quiere convertir en opcional, privaría a todo el alumnado de formación sobre LGTBI fobia, prevención de la violencia de género, ludopatía, drogas, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, bullying, ciber acoso, prevención de embarazos no deseados, cuidado del medio ambiente, educación vial, xenofobia y racismo, educación para el desarrollo y ciudadanía global entre otras”, añaden.
Finalmente, concluyen afirmando que el 'pin parental' “desautoriza y deslegitima al profesorado, vulnera los derechos del alumnado y pone en peligro la convivencia social”.