Manuel Chaves y José Antonio Griñán se enfrentan a un futuro incierto tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir la parte de la investigación del caso de los ERE que les afecta junto a otros tres exconsejeros andaluces aforados. Aunque el auto del Alto Tribunal no entra a analizar su presunta vinculación con la trama fraudulenta, las alarmas se han disparado en el PSOE. Susana Díaz lo dejó claro: exigirá a cualquier imputado que renuncie a su escaño. La advertencia incluía a sus predecesores en el cargo.
Aunque el PSOE ha reiterado que el movimiento del Supremo es una buena noticia para que los expresidentes andaluces se puedan defender, Pedro Sánchez ha apoyado la decisión de Díaz. Además, evitó poner la mano en el fuego por ellos y se limitó a ponerla por la “presunción de inocencia”. La líder regional confió en la “honestidad” de sus antecesores, pero la amenaza de la imputación sobrevuela el partido con todas sus consecuencias.
La renuncia de Chaves a su asiento en el Congreso y la de Griñán al del Senado tendría una vertiente positiva y otra negativa para su futuro judicial. El cumplimiento de las órdenes de Díaz supondría la pérdida inmediata del aforamiento. Por tanto, la investigación tendría que volver de nuevo a un juzgado ordinario: el de Mercedes Alaya. Esta sería la parte buena para los exdirigentes socialistas. La dilación del proceso les permitiría ganar tiempo.
La parte negativa -además de la inevitable mala imagen que genera la sombra de la sospecha de una imputación- es que la jueza Alaya se encargaría de investigarles. No es ningún secreto que la magistrada ha perseguido la inculpación de los expresidentes andaluces. Llegó a dictar un auto que era una suerte de preimputación, que fue anulado por la Audiencia Provincial. “No se explica en el auto recurrido ni siquiera someramente qué hechos concretos haya podido cometer cada uno de los aforados que pudieran ser constitutivos de delito”, respondió el tribunal.
Tras ese rapapolvo, Alaya volvió a disparar contra los mandatos de Chaves y Griñán y les invitó a personarse en la causa “si ese fuera su interés”. Su instrucción estudia las subvenciones de la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2011, “que habrían supuesto la aplicación de fondos públicos en una cantidad aproximada de 700 millones de euros”.
Las intenciones de Alaya no pasaron desapercibidas en las filas socialistas -que llegaron a quejarse de la coincidencia de los tiempos de la jueza con los momentos clave de la política- y alejaron al antecesor de Díaz de su radio de acción en un tiempo récord al nombrarle senador pocos días después de dimitir como presidente de la Junta.
Se librarían del proceso interno
Que Alaya tenga en sus manos el futuro judicial de los expresidentes del PSOE no es la situación ideal, pero los sucesivos casos de corrupción y la necesidad de la nueva dirección por mostrarse “implacable” hacia las prácticas reprochables les han obligado a exponer a sus históricos mandatarios. Aún así, fuentes de Ferraz insisten en que la decisión del Supremo no tiene nada que ver con una imputación y que no merece la pena hablar “de ciencia ficción”.
El otro frente que se abriría tras una posible imputación tendría una clave más interna. El código ético aprobado por la nueva ejecutiva obliga a aquellos cargos, representantes públicos o vinculados orgánicamente con el PSOE que resulten imputados a rendir cuentas ante la dirección. La Comisión de Garantías es la encargada después de recomendar la adopción de medidas estaturias en función de las explicaciones que den sobre sus implicaciones en los presuntos delitos. Podría proponer incluso la suspensión cautelar de militancia. En el caso del exalcalde de Parla, implicado en la Operación Púnica, Ferraz se ha saltado ese paso y ha tomado la decisión de manera fulminante al entender que la detención y orden de encarcelación bajo fianza era suficientemente grave como para ni siquiera escucharle.
Si Chaves y Griñán obedecen a su sucesora, se librarían de dar explicaciones ante la ejecutiva, de acuerdo a las normas del código ético, porque ya o tendrían ningún puesto de responsabilidad en el PSOE. Algunos exdirigentes consideran que esto es un “doble rasero” porque a los usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid se les expulsó del partido, a pesar de que el juez rechazó imputarles y de que no tenían ya ningún cargo.
Lo cierto es que los expresidentes andaluces se librarían de una imagen dolorosa a la espera de una decisión definitiva. Una condena supondría la expulsión definitiva del partido y un sobreseimiento o archivo, el fin de un mal sueño.