El juez Santiago Pedraz ha denunciado hoy ante el Gobierno “a los efectos oportunos” la falta de colaboración de las autoridades estadounidenses y la vulneración del tratado bilateral de extradición en el caso José Couso en el que se investiga la muerte de este cámara de Telecinco en Irak en 2003.
En un escrito dirigido a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Pedraz lamenta la falta de colaboración de las autoridades competentes de EEUU “y en consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones previstas en el tratado bilateral de extradición”, por lo que cree oportuno comunicar ese incumplimiento al Gobierno para que adopte “las medidas oportunas”.
Recuerda el juez en este escrito, que las autoridades estadounidenses “no han dado cumplimiento a la asistencia judicial requerida en varias ocasiones, ni aún siquiera a notificar a los procesados el auto de procesamiento”.
A fecha de hoy, están procesados y en búsqueda y captura los tres militares que supuestamente ordenaron, autorizaron y efectuaron el disparo que acabó con la vida de José Couso cuando cubría la guerra de Irak, el 8 de abril de 2003.
El juez ha optado por dirigirse al Gobierno tras rechazar en un auto, también a instancias de la Fiscalía, las peticiones de las acusaciones en esta causa de investigar a las autoridades estadounidenses por un posible delito de encubrimiento al negarse a cooperar con la Justicia española en la investigación de la muerte de Couso.
Pedraz considera que el encubrimiento que se denuncia “no encaja” entre las competencias de la Audiencia Nacional y tampoco la petición que hicieron también los abogados Leopoldo Torres y Enrique de Santiago, que representan a la familia del cámara, de aplicar a otros supuestos análogos la condición de reciprocidad en las relaciones de extradición entre EEUU y España.
El juez, que hace suyos los argumentos del fiscal, entiende a este respecto que no compete “a los órganos judiciales la limitación o regulación de este principio si no sólo el examen de la concurrencia o no de lo establecido en los tratados internacionales”.
Revisar ese convenio de extradición sería en todo caso competencia del Gobierno, por lo que opta por dirigirse al Ministerio de Justicia para que actúe en consecuencia si lo considera oportuno.
Según el fiscal, “las autoridades norteamericanas no han cooperado con las españolas de la manera en que se especifica en los tratados bilaterales (...), pero ello no habilita a los juzgados a inmiscuirse en temas de política criminal internacional y de cumplimiento o no de los Tratados internacionales, quedando esta facultad en manos de las autoridades políticas”.
Estas autoridades, prosigue la Fiscalía, “son, en última instancia y de conformidad a dichos tratados y a la Constitución, las que pueden derogar, cambiar, modificar o condicionar las relaciones entre estados”
Diez años después de los hechos, el caso continúa abierto, ya que el pasado mes de febrero, en respuesta a la solicitud de archivo provisional realizada por el Ministerio Fiscal, Pedraz admitió a trámite nuevas diligencias propuestas por los abogados de la familia Couso.
Entre las diligencias propuestas, figuraba la reiteración a la Interpol de identificar y detener a los militares procesados para su extradición y puesta a disposición de los juzgados españoles, así como la toma de declaración a la sargento de EEUU Adrienne Kinne en el momento de los hechos que se investigan.
José Couso murió el 8 de abril de 2003 a causa de un disparo mientras tomaba imágenes desde el hotel Palestina de Bagdad, donde se alojaban los periodistas que cubrían la guerra de Irak.
Otros dos periodistas perdieron la vida como consecuencia del ataque contra el hotel Palestina de Bagdad, sin que, hasta el momento, ningún responsable haya sido juzgado por estos hechos.