Pedro Sánchez asegura que Gobierno y PP negociaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este verano y que se alcanzaron acuerdos “prácticamente al 99%” en las conversaciones que se produjeron este mes de agosto, pilotadas fundamentalmente por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del área en el Partido Popular, Enrique López. Sin embargo, el presidente ha lamentado que “inexplicablemente el PP rompió esos acuerdos”. Así se ha pronunciado en una entrevista en La hora de La 1 (TVE) sobre el intento fallido por cambiar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones prácticamente dos años.
El presidente ha confirmado que se produjeron contactos que “fructificaron” hasta prácticamente tener un entendimiento. Sánchez ha explicado que las conversaciones se produjeron durante el mes de agosto. De hecho, el Poder Judicial aplazó el 28 de julio la elección de tres jueces del Tribunal Supremo ante la negociación que estaban llevando a cabo PSOE y PP. Sobre los motivos que llevaron a Casado a romper las conversaciones, el mandatario ha asegurado que es el PP el que tiene que dar explicaciones.
En un comunicado, el PP confirma que Casado encomendó al secretario de Justicia de su partido, Enrique López, que retomara las conversaciones para la renovación del CGPJ tal y como le habían propuesto la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante el 40º aniversario del Tribunal Constitucional. El 22 de julio, Sánchez “propuso por whatsapp a Pablo Casado los interlocutores para avanzar en las conversaciones de renovación de los órganos institucionales que fueron aceptados con una escueta respuesta, sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión”, señala ese comunicado. El País ha informado este lunes de ese intercambio de mensajes. A partir de ahí comenzó la negociación hasta que el 3 de agosto, con el anuncio del abandono de España del rey emérito Juan Carlos I el líder del PP “transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado”.
El otro argumento que esgrimen los conservadores es la imputación de Podemos a raíz de una denuncia de un exabogado de la formación “mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial”, según la nota de Génova, que zanja: “Por todo ello, el 14 de agosto Pablo Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella”.
Casado confirmó el portavoz a cualquier tipo de entendimiento con el Gobierno para el reparto del CGPJ mientras Unidas Podemos esté en el Consejo de Ministros en la reunión que mantuvo con Sánchez la semana pasada: “No podemos aceptar que Podemos vaya a estar como interlocutor en esa renovación de órganos constitucionales”, expresó en una rueda de prensa en Moncloa. “La posición del Partido Popular es firme y coherente y siempre se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Poder Judicial”, remata el comunicado de Génova.
El PSOE ha multiplicado la presión sobre el PP ante esa negativa y le acusa de buscar una “excusa” como la posición de Unidas Podemos sobre la monarquía para dinamitar las conversaciones que, según ha dicho el secretario de Organización, José Luis Ábalos, habían dado “avances que generaban bastante optimismo en una solución a esta parálisis”. También ha recordado a los conservadores que la renovación del Poder Judicial es un mandato constitucional y ha afeado que se escuden en la defensa de la monarquía amparándose en la Carta Magna mientras mantienen una posición “obstruccionista” en la negociación del CGPJ.
Para cambiar el órgano de gobierno de los jueces la participación de los dos grandes partidos es imprescindible, dado que la Constitución establece que al menos ocho de los veinte miembros que lo componen deben ser elegidos por una mayoría de tres quintos en las Cortes. Los otros doce se regulan en la ley orgánica del Poder Judicial, que en este momento también recoge que se tienen que designar en el Congreso y en el Senado por esa mayoría reforzada.
No obstante, Sánchez ha pedido al resto de partidos que busquen mayorías “alternativas” para el resto de instituciones que quedan por renovarse y que no requieran ese amplio consenso: “He instado a todos los grupos a, dado que el PP se instala en el bloqueo, articular mayorías parlamentarias que permitan el desbloqueo de instituciones”. Esa opción podría valer, por ejemplo, para culminar el concurso para la elección del consejo de administración de RTVE.
Preguntado por la Operación Kitchen, que salpica de lleno al Gobierno de Mariano Rajoy por los mensajes intercambiados entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos sobre el espionaje a Luis Bárcenas, Sánchez se ha limitado a decir que “pertenece a una época oscura de nuestro país. ”Esperemos que la justicia arroje luz sobre este caso que es bien preocupante“, ha zanjado.
Sobre la principal negociación que tiene ahora mismo que afrontar el Gobierno, la de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, Sánchez ha asegurado que no se plantea que las cuentas públicas fracasen, como sucedió en 2018 provocando un adelanto electoral. “No me pongo en esta situación. Es inimaginable que unos presupuestos, que es el principal arma, el instrumento, para recuperar económicamente en nuestro país no encuentre el apoyo de una mayoría en el Congreso”, ha asegurado el presidente, que confía e que salgan adelante no solo porque “son urgentes sino que salieran con el mayor apoyo posible”.
Contactará con Torra para reunir la mesa de diálogo
A pesar de que la parte socialista del Gobierno fía la aprobación de las cuentas a Ciudadanos, Sánchez ha hecho algunos guiños a las formaciones independentistas, como recordar el compromiso de reformar el Código Penal para la rebaja de las penas del delito de sedición -que acarrearía una aceleración en la salida de prisión de los líderes del procés-. “Es un objetivo que yo anuncié en mi discurso de investidura”, ha dicho el presidente, que ha reconocido que “aún no” tiene fecha para esa modificación en la que trabaja el Ministerio de Justicia: “Mi compromiso es abordar esa actualización”. También ha asegurado que esta semana se pondrá en contacto con Quim Torra para intentar cerrar una fecha para una reunión de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, que es una de las exigencias de ERC para sentarse a negociar.
Además, Sánchez ha confirmado que el Gobierno negociará con los cuatro diputados de JxCat que no se han ido con Carles Puigdemont “si se produce esa escisión, si se rompe el grupo parlamentario del PdCAT. Inicialmente la dirección del PDeCAT no se planteaba un cambio de estrategia en Madrid ni votar distinto de lo que puedan hacer sus cuatro compañeros que sí se han pasado a Junts, pero tras la crisis de Govern en la que Quim Torra destituyó a la única consellera del PdCAT, la dirección anunció que convocaría a sus diputados tanto en el Parlament catalán como en el Congreso y Senado, para definir ”su papel ante el próximo curso“.
Sánchez ha asegurado que el acuerdo programático sellado por PSOE y Unidas Podemos “ata” y “compromete” la negociación presupuestaria, pero ha admitido que se tienen que “amoldar nuestros objetivos políticos y económicos, como una reforma fiscal, a la coyuntura económica”.
Lo que ha dejado claro el presidente es que confía en la perdurabilidad de la coalición y ha descartado una crisis de Gobierno: “Estoy a gusto con el Gobierno de coalición, tengo plena confianza en todos y cada uno de los miembros del Gobierno de coalición”. En ese sentido, ha justificado que no se informara a esa parte del Ejecutivo de la posible fusión de Bankia y Caixabank y se ha escudado en la necesaria “confidencialidad”. Así ha asegurado que solo tenían la información los ministros económicos. En cualquier caso, y en contra de la opinión que ha manifestado Unidas Podemos, Sánchez ha asegurado que “la operación tiene aspectos muy positivos”.
Aunque ha evitado decir si el Estado recuperará los cerca de 20.000 millones del rescate a Bankia, el presidente ha defendido que el objetivo es “maximizar” la presencia del Estado en el accionariado de la entidad financiera. Igualmente, se ha mostrado partidario de una banca pública, aunque para él lo más parecido es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha recordado que inyectó 100.000 millones de liquidez a las pymes durante el confinamiento y ha puesto en marcha una línea de 40.000 millones para la reactivación económica.
En cuanto a otras medidas puestas en marcha durante la pandemia, como los ERTE, ha afirmado que ha sido “una experiencia exitosa”, pero ha explicado que la intención ahora es prologarlos prolongarlos “en medida de impacto de pandemia”: “Estamos dispuestos a extender los ERTE, pero queremos que continúe incentivándose la reactivación de esos puestos de trabajo”. Sobre la posibilidad de aprobar un permiso remunerado para los padres y madres que tengan que hacerse cargo de niños en cuarentena por contacto con un positivo, el presidente lo de ha dejado en manos del diálogo social.