La pelea de Rafael Prieto para no ser un policía jubilado con 31 años

Rafael Prieto es policía nacional, tiene 31 años y está ya jubilado. Pero no se resigna y desde hace dos años pelea para poder volver a trabajar, porque tiene claro que su pierna biónica no le impide ejercer su profesión en puestos tan diversos como la sala del 091, la investigación o la oficina de denuncias.

El marcador de Change.org no para y son ya cerca de 200.000 personas las que han firmado en esta plataforma para que Rafael pueda volver a la Policía, a estar en activo en un oficio vocacional, que sabe, quiere y puede ejercer, como él mismo dice en una conversación telefónica con Efe desde su Córdoba natal.

Nada más acabar la Selectividad, el azar quiso que Rafael y un amigo pasaran por la puerta de una academia, donde vieron la convocatoria de plazas para la Policía. En el último día del plazo, él solicitó para la Policía Nacional y su colega, para la Municipal.

Con 19 años ya hizo las prácticas, después pasó dos años patrullando Madrid y más tarde fue destinado a su provincia. Cinco años en la comisaría de Lucena le permitieron trabajar en varios puestos: seguridad ciudadana, policía judicial y oficina de denuncias, entre otros.

Una trayectoria intachable que en 2015 truncó un accidente de moto en el puente de San Rafael de la capital cordobesa, cuando en víspera de su cumpleaños iba a recoger a su mujer para celebrarlo con una cena.

Aún no sabe qué pudo pasarle, pero chocó contra un coche que no pudo esquivar y se machacó la pierna. Tal fue la gravedad del accidente, que los medios de comunicación lo contaron con el resultado de una víctima mortal y los sanitarios de la ambulancia ya creían que lo trasladaban para donar sus órganos, rememora Rafael.

Pero al igual que lucha ahora, este policía combatió a la muerte, pasó cinco días en la UVI en coma inducido, algunos más en esa unidad y luego se recuperó en planta a una velocidad de la que él mismo se sorprende.

No pudo recuperar la pierna, pero con ayuda del Sindicato Unificado de Policía (SUP) -del que es afiliado-, de otros sindicatos policiales, de su familia y de sus amigos consiguió reunir los 60.000 euros para comprarse la prótesis, ya que el seguro no se lo cubría al ser el culpable del accidente y las que ofrece la Seguridad Social son “muy básicas”.

Y con esa misma voluntad y tesón con la que salió del hospital, el agente se esforzó para hacer una vida normal. De hecho, no se le resiste ningún deporte y cada día acude al gimnasio para seguir estando en forma.

Al año, el médico le dio el alta. Con ella fue a comisaría, que elevó el caso al tribunal médico de la Policía. Rafael estaba en plena recuperación, aún llevaba muletas y el tribunal decidió que debía pasar a segunda actividad hasta que en doce meses volvieran a revisar su caso.

Pertrechado con informes de todo tipo, incluidos los de expertos en medicina del trabajo y psicólogos, Rafael alegó su capacitación para trabajar en puestos más administrativos, como la Sala del 091, la oficina de denuncias o la secretaría, pero el tribunal, “en un corta y pega” de otros casos, decidió que debía jubilarse.

A pesar de los recursos presentados por vía administrativa y judicial, Rafael es ya un jubilado, pero sigue luchando para gastar todos los cartuchos y su esperanza se centra ahora en la resolución que dicte el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ha sido esta misma semana cuando se ha celebrado la vista, en la que Prieto ha vuelto a aportar todos los informes y documentos que avalan su demanda, incluida alguna otra sentencia favorable a un compañero de profesión que sufrió un tumor cerebral y que ha vuelto a su trabajo por una decisión judicial.

“Es mi vocación, mi trabajo, mi ilusión”, enfatiza Rafael en su conversación con Efe. Y asegura que seguramente muchos de sus compañeros aceptarían su situación, porque en realidad volver al trabajo apenas le reportaría 200 euros más al mes que lo que cobra de jubilado.

No se resigna y seguirá luchando. Una difícil lucha porque no se trata de “abrir una puerta”, sino de “derribar un muro”, el de la única institución de la administración que no tiene reservados puestos para casos como el suyo o similares.

“No acepto que me digan que no puedo trabajar cuando estoy capacitado para ello”, añade el policía, que está estudiando ahora la carrera de Psicología mientras espera para marzo su primer hijo.

Lamenta que nadie de la Dirección General de la Policía se haya dirigido a él, dice antes de mostrarse orgulloso de sus condecoraciones y felicitaciones y de no haberse cogido ni una baja mientras estuvo trabajando.

Ilusionado por el juicio que se acaba de celebrar, Rafael ya piensa en el puesto que le gustaría ocupar: en el área de participación ciudadana para dar charlas en colegios, a mayores, a comerciantes... Seguro que su lucha serviría de ejemplo.

Por Sagrario Ortega