El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha solicitado este jueves al juzgado de la Audiencia Nacional que anuló su cese como jefe de la Comandancia de Madrid que ordene su reincorporación al puesto “con carácter inmediato”, sin esperar a que se resuelva el recurso presentado por el Ministerio del Interior contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso número 8, han avanzado a elDiario.es fuentes jurídicas.
La representación de Pérez de los Cobos ha aguardado a la presentación del recurso por parte de la Abogacía del Estado para pedir al Juzgado que haga efectiva su sentencia. En el escrito, añaden las mismas fuentes, se alega que de aguardar al fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y a lo que pudiera resolver el Tribunal Supremo en un eventual segundo recurso, Pérez de los Cobos alcanzaría la edad de pase a la reserva, lo que está previsto para dentro de tres años.
Pérez de los Cobos fue destituido por el Ministerio del Interior por no informar de los avances de la investigación al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la investigación feminista del 8-M. El coronel recurrió ante la justicia el cese y el magistrado del Juzgado Central número 8 resolvió que la destitución fue “ilegal” porque en ella se alegaba que se había negado a cumplir las órdenes de absoluta reserva de la magistrada que instruía aquella causa. En el fallo se anulaba y dejaba sin efecto el cese del coronel.
El pase a la reserva de Pérez de los Cobos se producirá cuando cumpla 61 años siempre que no ascienda antes a general, lo que retrasaría la edad de jubilación. El actual Ministerio del Interior le dejó fuera de la última terna de ascensos pese a presentar la calificación más alta de todos los aspirantes.
En su recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska alega que cesó al coronel del puesto de libre designación que ocupaba como consecuencia de una “pérdida de confianza” por no estar de acuerdo con su forma de “proceder” y niega que se hiciera uso de esa potestad administrativa “para un fin distinto del legalmente previsto”.