Disfrutaba Manuela Carmena de su primer postre como alcaldesa de Madrid cuando en la sobremesa del 13 de junio de 2015 se originó el fuego. Por la mañana, ella y sus concejales tomaban posesión y desalojaban del Consistorio a la derecha que había gobernado durante 26 años la capital de España. A primera hora de la tarde, comenzaban a circular unos comentarios en Twitter que su edil de Cultura, Guillermo Zapata, había volcado en la red social cuatro años antes, cuando ni siquiera imaginaba dedicarse a la política, y que según algunos medios de comunicación destapaban su verdadera condición antisemita y la crueldad con la que se refería a las víctimas del terrorismo.
Este lunes, 17 meses después, Guillermo Zapata se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional por uno de esos tuits. El camino judicial hasta aquí es una peripecia judicial que incluye tres autos de archivo del juez instructor, Santiago Pedraz, y otras tantas reaperturas ordenadas por la Sala de lo Penal, en fallos firmados por Concepción Espejel y Enrique López, los magistrados apartados de todos los juicios de Gürtel por su proximidad al Partido Popular.
La Fiscalía no aprecia delito en la conducta de Zapata, pero será el tribunal quien decida si debe ir tres años a la cárcel, como reclama Manos Limpias; 20 meses, según la petición de Dignidad y Justicia; o debe marchar libre. El 15 de junio de 2015, dos días después de que echara a rodar la polémica en las redes sociales, Zapata dimitió como concejal de Cultura. A día de hoy sigue siendo concejal presidente de los distritos de Villaverde y Fuencarral-El Pardo.
Zapata será juzgado por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo por un tribunal presidido por Alfonso Guevara. En 2011, Guillermo Zapata se había puesto a debatir en Twitter con su colega de profesión, el director de cine Nacho Vigalondo, y otras personas, sobre los límites del humor negro, a raíz de que El País decidiera prescindir del anterior por una broma sobre el Holocausto judío, también expresada en esa red social. Al hablar de la diferencia entre hacer un chiste en la barra del bar o en Internet, Zapata entrecomilló: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcáser para que las niñas no vayan por repuestos”.
Guillermo Zapata tenía entonces unos 300 seguidores y no dejaba de ser un activista desconocido fuera de los círculos que frecuentaba. El impacto de su obra no trascendía de un círculo reducido. Hasta que Ahora Madrid ganó las elecciones de la primavera de 2015 y tomó posesión del cargo. Varios usuarios comenzaron a rebuscar en su historial de Twitter y apareció el mensaje que le hará sentarse en el banquillo, junto a otros supuestamente antisemitas que han sido descartados por la Audiencia Nacional. [Así te contó eldiario.es cómo creció la bola de nieve]
El escándalo político se alargó semanas y supuso la primera crisis interna para el Gobierno municipal. Corrientes internas de la formación criticaron que la alcaldesa dejara caer al concejal en lugar de haber salido a defender con contundencia a Zapata, quien se apresuró a borrar su cuenta, pedir perdón e intentar explicar que no pretendió humillar a las víctimas del terrorismo y que su ideario choca frontalmente con posturas racistas. Pero la maquinara política ya era imparable, incluida su vertiente judicial.
La conducta “maliciosa” de Manos Limpias
La fiebre por las características que presentaba la pieza fue tal que llevó a Manos Limpias a presentar sendas querellas en la Audiencia Nacional y los juzgados de Plaza de Castilla. La Audiencia Provincial condenó el pasado enero al remedo de sindicato a pagar las costas por el “ejercicio tendencioso y malicioso” de intentar que dos tribunales juzguen los mismos hechos.
Todavía no se había desatado la operación que acabaría dos meses después con Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, en prisión hoy acusado de liderar una organización criminal. El sumario de la Operación Nelson ha revelado que fue Ausbanc, la asociación del también encarcelado Luis Pineda, quien pagó aquellas costas. Manos Limpias atribuía a Zapata en esa querella cinco delitos, incluido el de genocidio.
El pseudosindicato se ha retirado de numerosas causas tras la operación policial, presa del desgobierno y el alejamiento de sus colaboradores. Sin embargo, a la retirada de su procurador en el 'caso Zapata', reaccionó designando a otro y siguiendo adelante en la acusación.
En el banco de la acusación se sienta también Dignidad y Justicia (DyJ), la asociación que dirige Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por la banda terrorista ETA en 2000. DyJ figura en el registro como asociación de víctimas. Su labor se ha centrado en ejercer la acusación en procesos contra el denominado “entorno de ETA” aunque en los últimos años ha ampliado su labor para intentar procesar a los titiriteros o al humorista Facu Díaz, en este último caso sin éxito.
El Ministerio del Interior ha subvencionado este año con 36.000 euros a Dignidad y Justicia. Fuentes del Ministerio aseguran que parte de esos fondos está destinado a que la asociación de Portero pueda seguir rastreando en las redes sociales comentarios como el que sienta a Zapata en el banquillo.
Las víctimas tampoco acusan
En el juicio se exhibirá una carta firmada por el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), mayoritaria en el colectivo, agradeciendo a Zapata el acto que el edil organizó en el distrito de Villaverde en homenaje a tres artificieros de la Policía que fallecieron allí en un atentado de ETA. En la misiva, Alfonso Sánchez escribe: “Aceptamos tus sinceras disculpas por esos desacertados comentarios que en un pasado y en otras circunstancias realizaste”.
La víctima de la organización terrorista objeto del chiste que escribió el acusado en Twitter, Irene Villa, escribió a la Audiencia Nacional para explicar al juez del caso que no se sentía humillada por el tuit. La Sala de lo Penal, sin embargo, ha defendido que es el conjunto de las víctimas contra el que que presuntamente ha atentado el acusado. Entre los testigos de la defensa que ha acepado el tribunal figura el director Nacho Vigalondo.
La defensa de Zapata plantea en su escrito la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el delito que se atribuye al concejal. Para ello cita el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada en contra de la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de enviar a juicio al acusado.
De Prada recordaba que se atribuyó a la Audiencia Nacional las competencias en materia de terrorismo mediante una disposición transitoria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1988. De esta manera quedaba patente la “clara vocación de excepcionalidad y transitoriedad”, con una “duración limitada” que en aquel entonces se justificaba por la “gravedad” de la acción terrorista.