El juez de Instrucción número 2 de Valladolid insiste en investigar el patrimonio del que fue hasta 2015 vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, así como el de sus familiares y allegados, por un posible enriquecimiento en el caso del sobrecoste del edificio de Economía de la Junta conocido como Perla Negra.
En un auto fechado el 30 de junio, desestima el recurso de reforma interpuesto por Villanueva, que adujo, entre otras razones, que en más de tres años de investigación no había sido incluido en la causa.
“Estamos ante una investigación compleja, que se ha ido desarrollando a partir de una notitia criminis no desarrollada -una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía y que motivó la apertura de diligencias-, por lo que cuando se inicia en el Juzgado no existen suficientes elementos para análisis, y han sido los diversos informes recabados en las diversas diligencias que se han ido practicando, las que han ido desvelando la posible trama de los hechos y las diversas explicaciones”, dice el juez. La inclusión de los investigados (una veintena hasta el momento) “viene tras un análisis meditado del resultado de la marcha de la investigación”.
En el caso de Villanueva, que declarará en calidad de investigado el próximo mes de noviembre, especifica que “no se incluye en la investigación a alguien simplemente por su condición de consejero”, sino porque “existen elementos suficientes para pensar que el señor Villanueva ha tenido intervención activa y directa en los hechos”.
Pero el juez va más allá y lo define como “conocedor en todo momento e incluso inspirador de las decisiones cuestionadas sobre los diversos temas objeto de investigación, partícipe de los posibles incumplimientos de la legalidad, según informes de la Intervención General de la Administración del Estado”, y recuerda además que algunos de los testigos pusieron de manifiesto su conocimiento y su intervención personal.
También descarta que se encuentre en una “situación de indefensión” y le recuerda que desde que está personado en la causa puede acceder al procedimiento, conocer todo su contenido e incluso solicitar nuevas diligencias.
Sobre la investigación patrimonial, que Villanueva impugna por considerarla “prospectiva” -búsqueda sin indicios para ver qué aparece-, contraria al principio de proporcionalidad y al derecho a la intimidad, el juez remarca que asume la consideraciones del escrito de Fiscalía en cuanto a que dicha investigación resulta “necesaria y proporcionada”, por aparecer elementos relacionados con los delitos contra la administración pública, prevaricación, cohecho y desvío de capitales y recuerda que en la causa se han solicitado datos a la Agencia Tributaria, a entidades bancarias e incluso a la UDEF. Invoca además al artículo 14 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.
La Fiscalía argumenta en su escrito, asumido totalmente por el juez, que la investigación patrimonial sobre Villanueva “pretende averiguar no sólo su situación económica a efectos de resarcimiento, sino si quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y consejero de Economía, puede poseer bienes sin cobertura lícita aparente, como ha resultado en el caso del viceconsejero de Economía y secretario general, Rafael Delgado Núñez”.
Por ello, considera necesario indagar en el entorno más próximo del exvicepresidente y subraya que es una “norma de experiencia” que la ocultación del producto del delito se efectúa con frecuencia en el entorno personal y familiar, que la medida solicitada es mínimamente invasiva puesto que se realiza en fuentes de conocimiento abiertas como los registros públicos o la base de datos de la AEAT “para cuyo acceso no es precisa autorización judicial”.
Además, de la investigación patrimonial sobre Delgado, que trabajaba directamente a las órdenes de Villanueva, se infiere que además de los delitos contra la administración pública, es autor de un delito de blanqueo de capitales y cohecho. El Ministerio Público considera que existen indicios de que Tomás Villanueva ha participado en los mismos delitos contra la administración que Delgado.
Caso Perla Negra y caso Trama Eólica
Hasta el momento, la Fiscalía ha contabilizado nueve millones de euros malversados en la compra del edificio, y faltan por incluir los 4,4 adjudicados a dedo al mismo estudio de arquitectos que reformó en negro la sede del PP en Génova 13, el coste presuntamente inflado de los terrenos para un polígono que también forma parte de la causa, y otras variables de las que aún no se ha aportado toda la documentación. La Junta de Castilla y León, personada en el caso, en teoría como perjudicada, aunque está pagando la asistencia letrada de los imputados, no ha reclamado indemnización.
Villanueva, que en la misma semana fue incluido como investigado tanto en el caso Perla Negra como en el caso Trama Eólica, ha recurrido su imputación en ambas prácticamente con los mismos argumentos y en este momento está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva su apelación en el acaso de los parques eólicos. Su citación como imputado está motivada en los correos aportados del que fue su mano derecha, Rafael Delgado, en el que empresarios y eléctricas se dirigían directamente a él para agilizar la tramitación de los parques.