La representación legal de Podemos ha pedido al juez de Madrid que indaga en su contrato con la consultora Neurona que revoque su condición de investigado y el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa respecto al partido. En un escrito dirigido al juzgado del que es titular Juan José Escalonilla, la formación sostiene que tras las diligencias practicadas no se ha podido acreditar ni “un solo indicio de una supuesta financiación irregular” y denuncia que esta situación genera al partido “efectos reputacionales negativos e injustificados”.
El partido y varios miembros de su cúpula se encuentran imputados en la causa desde el pasado verano a raíz de una denuncia presentada por José Manuel Calvente, abogado que trabajó en la formación desde su fundación y hasta que fue despedido hace un año. Podemos, como persona jurídica, tiene la condición de investigado desde que solicitó personarse en las investigaciones y asistir a la declaración de Calvente, a lo que el juez accedió con la única figura jurídica posible en su caso, la de investigado. La Fiscalía aseguró el pasado octubre que “aún no existen indicios” de financiación irregular, si bien respaldó que el partido continuara imputado al resultar esta figura “más garantista”.
En su escrito, Podemos se remite a la declaración como testigo de Mónica Carmona, otra abogada del partido también cesada en diciembre de 2019 y que, según Calvente, habría investigado con él supuestas irregularidades en las finanzas denunciadas por otros trabajadores de Podemos. Según la defensa del partido, Carmona contradijo “abiertamente” la denuncia de Calvente —donde expresamente afirmó que pudiera haber indicios de un presunto delito de financiación irregular— cuando aseguró que no había pensado en esa posibilidad.
“¿Vio indicios de financiación irregular del partido en relación con Neurona?”, le preguntó el letrado de la formación. “En ese momento tampoco sinceramente lo pensé. Yo observé esa irregularidad. Ahora, que a partir de ahí el partido se financiara irregularmente... pues es que tampoco pude llegar a conclusiones”, asegura el escrito que respondió la testigo, que era la persona encargada de cumplimiento normativo y, por tanto, de evitar que se produjeran conductas irregulares.
Según el partido, Carmona tampoco ha acreditado que nadie le estuviera impidiendo el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, pues no ha aportado ningún documento acreditativo que pruebe haber solicitado expresamente algún documento o información respecto de los hechos que presuntamente estaba investigando. De hecho, según el escrito, a preguntas del juez “reconoció expresamente (...) que los protocolos internos efectivamente cumplían con los requisitos establecidos por la norma penal” y por la ley de partidos.
En su escrito, Podemos asegura también que el resultado de las “supuestas investigaciones” de Carmona se limita a “una búsqueda de noticias en internet, rumores de fuentes desconocidas e información mercantil obtenida a través de Axesor seis meses después del inicio de sus supuestas sospechas”. Y recuerda que la letrada tampoco empleó sus facultades para “paralizar operaciones” que “pudieran ser constitutivas de delito”, ni planteó “ninguna objeción” a las cuentas del partido.