Los plazos se aprietan. El próximo martes se reúnen los ministros de Asuntos Europeos de la UE y tendrán en su mano una decisión, que debe tomarse por unanimidad, clave para la investidura de Pedro Sánchez: aprobar la reforma del reglamento de lenguas oficiales para incluir el catalán, el euskera y el gallego. Antes, este viernes, está prevista una reunión de embajadores ante la UE –COREPER– que daría una primera pista sobre cómo pueden ir los debates de los ministros, salvo que se cayera del orden del día, cosa con la que no cuenta el Ejecutivo. El Gobierno aprovechó, de hecho, su posición como presidencia rotatoria del Consejo de la UE para introducir ese tema en la reunión tras la petición formal del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el pasado 17 de agosto a raíz de las negociaciones para la Mesa del Congreso.
El resultado del debate del próximo 19 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales y, también, el capital diplomático empleado por el Gobierno de España para ganar ese debate, tendrán un impacto directo en el sentido del voto de los siete diputados de Junts en el Congreso en la futura investidura de Pedro Sánchez. No obstante, el camino para que las lenguas cooficiales formaran parte del elenco de idiomas de la UE no es sencillo.
Para la formación liderada por Carles Puigdemont el asunto es de gran importancia. Pero también es fundamental el sistema de negociación, que pasa por el 'pago por adelantado' del Ejecutivo antes de producirse las votaciones. Junts, además, ya ha retirado una condición para la investidura: el referéndum.
Por ejemplo, Junts pidió al Gobierno un resguardo firmado y sellado como prueba de que se había solicitado al Consejo de la Unión Europea la reforma del reglamento lingüístico para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en el ámbito comunitario –cosa que debería abordarse el próximo 19 de septiembre–. Sólo entonces, los siete diputados de Junts garantizaron que apoyarían a Francina Armengol como presidenta del Congreso y propiciarían con sus votos una mayoría progresista en ese órgano.
Esa condición fue ejecutada por el ministro de Exteriores, pero la aceptación del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales no está sólo en su mano y requiere de la unanimidad de los 27. Cada Estado miembro tiene sus propias particularidades y no sólo España tiene lenguas cooficiales. Italia tiene 11 lenguas habladas; y Francia, siete, más allá de las oficiales –italiano y francés, respectivamente–. El Gobierno ha sondeado ya a todos los ejecutivos europeos y tiene buenas sensaciones, si bien no hay sobre la mesa un calendario previsto para la implementación de ese hipotético acuerdo, en caso de llegar a buen puerto la próxima semana.
No es la primera vez que se produce el intento. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya pidió una “modificación” del reglamento en el que se establece el régimen lingüístico de las instituciones de la UE para lograr el “reconocimiento oficial en la Unión Europea de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España”. Fue rechazada bajo la premisa de que las lenguas cooficiales españolas no formaban parte del listado de lenguas “auténticas” del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y que sólo se podía modificar el reglamento lingüístico “respetando” ese tratado. Lo que sí se logró entonces es que los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones europeas en esos idiomas.
Actualmente hay 24 lenguas en la UE y todas ellas son oficiales con carácter estatal en los estados miembros. El último idioma aceptado por la UE fue el gaélico, que pasó a ser considerada lengua oficial “a todos los efectos” en 2007, pero su implementación no llegó hasta 2022. En el Gobierno consideran que en el caso del catalán ese periodo no sería tan largo porque es una lengua más hablada que el de Irlanda, por lo que el proceso, entienden, sería más sencillo. Además, es una lengua ya oficial en organismos como el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la pertenencia de Andorra a la institución.
Por el momento, los grupos que sustentan al Gobierno de coalición se han implicado en el impulso de catalán, gallego y euskera como lenguas de trabajo en la Eurocámara como plan B. El asunto se ha activado un año después de que Albares se lo solicitara por carta a la presidenta, Roberta Metsola, que había tenido en un cajón el asunto –pactado en la mesa de diálogo entre gobiernos–. Socialistas y Verdes (donde están representados una de Sumar, los comuns, y ERC y PNV) defendieron con vehemencia el asunto en la reunión del bureau –lo que sería la Mesa del Congreso en España–, además de The Left (donde está otra parte de Sumar, con IU y Podemos), pero el tema quedó en stand by por las reticencias de las derechas, también con la mirada puesta en lo que decidan los 27 en la reunión del próximo martes. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a que España asuma el coste, que fuentes parlamentarias estiman en 1,5 millones de euros al año.
Ley de amnistía
La otra “condición previa” que impuso el expresident Puigdemont a la investidura de Sánchez fue una ley de amnistía. ¿Y eso qué supone? Pues que la proposición de ley debería registrarse como iniciativa legislativa de origen distinto del gubernamental –algo que está al alcance de cualquier grupo parlamentario o incluso cualquier diputado con la firma de otros 14 parlamentarios–, en los próximos días. Tan es así, que aunque vaya como trámite rápido con lectura única porque así se decida en la Mesa del Congreso para restringir los plazos a la mitad, y dependiendo del interés de los grupos, podría completar su paso por las dos Cámaras en menos de dos meses.
Pero, claro, para eso, para llegar antes de la fecha del debate de la investidura de Sánchez, el registro de la proposición debería producirse en las próximas semanas, lo cual podría llevar el calendario a las vísperas del debate de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. En efecto, las correlaciones de fuerzas están tan justas, que la formación de Puigdemont no quiere sorpresas si se deja la votación para después de la investidura de Sánchez.
Aunque inicialmente Moncloa encajó las exigencias de Puigdemont como asumibles, pese a haber dicho en el pasado que la amnistía era inconstitucional, en las filas socialistas son conscientes de que la operación es arriesgada y empiezan a alejar la posibilidad de cumplir con el pago por adelantado. Además, sus intereses no conjugan por el momento con la premura que quiere Puigdemont en buena medida porque quieren dejar toda la exposición a la investidura fallida del líder del PP.
Movimientos: Asens apremia al PSOE
Junts está pidiendo una serie de garantías para votar la investidura de Sánchez, que también pasan por nombrar un relator o mediador que registre las negociaciones entre las dos partes. Pero todo esto no sería más que los primeros pasos de lo que Puigdemont entiende que tiene que ser la gran negociación: la que solucione el fondo del conflicto entre Catalunya y el Estado abierto en 2010 con la sentencia del Estatut.
“Hoy por hoy, nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujar [a PSOE y PP] a un cambio histórico en el que las viejas naciones sean reconocidas”, aseguró Puigdemont en su discurso hace una semana. “¿O sí?”, se ha preguntado. “¿O realmente pueden hacer de la necesidad virtud?”.
Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que, de momento, como ha dicho el propio expresident, no está habiendo grandes avances en lo relativo a la amnistía ni el relator, ni siquiera contactos relevantes, entre el PSOE y el entorno de Puigdemont después de las negociaciones producidas para la Mesa del Congreso.
El negociador de Sumar, Jaume Asens, dijo este martes en TVE que el PSOE está yendo despacio y que por ahora no hay negociación con Junts: “El PSOE considera que ahora es el momento de Feijóo. Pensamos que cuanto antes empiece mejor, tiene complejidad”.
El exdiputado de los comuns en el Congreso cree que la negociación de una ley de amnistía “no será fácil” y señaló que queda poco tiempo para que se apruebe “en lectura única”: “Cuando empezamos a ponernos de acuerdo, se tiene que poder votar y los tiempos son justos”.
Después de la reunión de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con Puigdemont y el ex conseller Toni Comín en el Parlamento Europeo de la semana pasada, fuentes próximas a Junts están a la espera de que el PSOE esté dispuesto a un paso similar; que alguien de la dirección se reúna públicamente con el expresident –que no puede viajar a España–, aunque también pueda haber contactos más discretos o fuera de los focos para acordar una investidura de Sánchez.
Y, si hay acuerdo, se entrará en otro elemento de debate en el proceso de reconocimiento de Puigdemont como interlocutor decisivo en la investidura: una hipotética foto entre Sánchez y el expresident para sellar el pacto.