El PNV ha presentado una sola enmienda al proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, por la que propone que se expulse a los extranjeros que pongan en riesgo las infraestructuras básicas e interfieran gravemente en su funcionamiento.
Anoche finalizó el plazo de presentación de enmiendas a las dos propuestas de reforma, la del PSOE y la del propio PNV, de la citada ley, que en el caso de los socialistas supondría un texto totalmente alternativo al actual y en el de los nacionalistas vascos, cambios en algunos de sus artículos.
Los nacionalistas pretenden que cuando los autores de conductas que atenten contra esas infraestructuras sean extranjeros, no se les aplique la sanción prevista en la ley, sino que “en atención al principio de proporcionalidad”, se les aplique no una sanción, sino la expulsión de España.
Para ello, debe tramitarse previamente el correspondiente expediente administrativo y acordar una resolución motivada que valore los hechos de la infracción, según reza en el texto de la enmienda.
Se trataría de penalizar acciones contra infraestructuras básicas como puertos, aeropuertos, centrales nucleares, servicios de suministro y distribución de agua, gas, electricidad y combustible, y las infraestructuras de telecomunicaciones.
La Ley de Seguridad Ciudadana considera infracciones graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas en infraestructuras e instalaciones de servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando se haya generado un riesgo para la vida o la integridad de las personas.
Y también tiene esa misma consideración la interferencia grave en el funcionamiento de esas infraestructuras.