El reciente fallecimiento en Reus (Tarragona) de una anciana de 81 años, a la que hacía dos meses que le habían cortado la luz y se le incendió el colchón con la vela que utilizaba para iluminar su casa, ha reavivado un drama que sigue creciendo en nuestro país. La mujer, que vivía sola, ha sido una víctima más de las miles que sufren la pobreza energética en España.
Desde que empezó la crisis, hace ahora cerca de diez años, los casos como el de esta anciana o de familias que al llegar el invierno no pueden afrontar los pagos del gas o la electricidad se han multiplicando de forma alarmante. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no se ha caracterizado precisamente por su sensibilidad con el problema.
Durante los cuatro años de mayoría absoluta del PP, todas las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios encaminadas a solucionar las necesidades de estas personas sin recursos y que llegaron a ser debatidas fueron tumbadas en el Congreso, con diferentes argumentos, pero sin miramientos.
Y muchas de las presentadas en la siguiente y anterior legislatura, que duró apenas unos meses y en la que el PP se enfrentaba ya a una “mayoría minoritaria”, o decayeron o caducaron.
Una de de las que se salvó del rechazo de los populares y fue aprobada en la Comisión de Industria y Energía del Congreso es una proposición no de ley que presentó Ciudadanos a principios de octubre de este año en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética.
En el texto se pedía que las empresas suministradoras de energía estén obligadas a avisar a los usuarios ante un eventual corte de interrupción del suministro. Y la regulación de un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano para los hogares con poder adquisitivo reducido.
Sin embargo, haciendo un recuento en las páginas web de la Cámara baja, la cifra de las proposiciones registradas en la legislatura de mayoría absoluta de Rajoy se acerca a la docena aunque aumenta si se suman las que se presentaron los grupos contra los decretos o reformas “reguladoras” del sistema. De esas propuestas, cuatro fueron presentadas por el PSOE y siete por ICV-IU-CHA-La Izquierda Plural. También ERC, BNG y Compromís han batallado en el parlamento para combatir el drama.
Uno de los debates más sonados fue el celebrado en noviembre de 2013 en la Comisión de Industria cuando el PP votó en contra de las cinco propuestas que habían registrado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, BNG y ERC, por las que se instaba a hacer frente a la pobreza energética. El portavoz de Energía del PP, Antonio Erías, llegó a decir que no se podía plantear que la pobreza energética es “el mal que invade” el país.
Un mes después, en diciembre de 2013, los populares tumbaron una iniciativa de la Izquierda Plural encaminada a impedir el corte de luz, agua o el gas a quienes no pueden pagarlo durante el invierno. La propuesta fue tildada de “demagoga” por el PP, que la rechazó mientras que el PSOE, UPyD, CiU y PNV la apoyaron.
En ese debate, que protagonizó la entonces diputada de ICV, Laia Ortiz, se puso de relieve un dato: las tarifas energéticas habían subido un 80% en los últimos diez años, según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), responsable del estudio 'Pobreza Energética en España'. Mientras tanto, el poder adquisitivo de las familias no había dejado de bajar.
La exdiputada recuerda con especial amargura cómo todos los intentos por sacar adelante otras iniciativas sobre este drama resultaban inútiles y eran tumbadas sistemáticamente por el PP. “Hubo una insensibilidad total. El Gobierno, al inicio de su mandato, se negó incluso a reconocer que existiera pobreza energética. Y las medidas reguladoras del sistema que impulsó el ministro Soria multiplicaron el problema”, afirma.
Ortiz, que en la actualidad es tercer teniente de alcalde del gobierno municipal de Ada Colau, recuerda “las peleas” que mantuvo en el Congreso con el exministro de Industria. “Llegó a decir que la luz no se regala y que la liberalización del sistema era por el bien común”, afirma. A su juicio, el exministro no se puso del lado de los ciudadanos que sufrían el problema sino que en sus intervenciones “ponía la voz a las eléctricas”.
En una publicación escrita en Facebook, la concejala catalana acaba de denunciar que el caso de la anciana que ha perdido la vida en Reus “no es aislado”. “Siete de cada 10 hogares en llamas de Cataluña fueron vinculados a la pobreza energética”. “Lo más indignante es que esta muerte se podría haber evitado”, opina, mientras exige que se cumpla la ley 24/2015 y “no se corte la luz sin comprobar si la persona o familia afectada se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como fue el caso”.
La exdiputada se refiere a una la ley derivada de una ILP impulsada en Cataluña de “medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética” que el Gobierno del PP recurrió pero que solo pudo suspender parcialmente, en lo que se refería a la vivienda.
Los catalanes han visto como Rajoy también presentaba otro recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley sobre pobreza energética aprobado por el Govern. La normativa permitía a un colectivo de personas sin recursos suspender el pago de las facturas de electricidad y gas entre los meses de noviembre a marzo con la garantía de que no se les cortaría el suministro.
Pero a Rajoy le pareció que la medida invadía competencias estatales de la Ley del Sector Eléctrico que es la determina quién es un “consumidor económicamente vulnerable” y quien tiene derecho al “bono social”.
Precisamente, la muerte de la anciana ha provocado que En Comú Podem haya solicitado en el Congreso la comparecencia del nuevo titular de Industria, Álvaro Nadal. El portavoz del grupo, Íñigo Errejón, ha ido más lejos y ha asegurado que en ese fallecimiento hay “responsabilidades políticas”: “Esto no es un accidente. Los accidentes ocurren sin que nadie medie en ellos y sin que nadie tenga responsabilidad, y en esta muerte hay responsabilidades políticas”, ha afirmado Errejón.
Por su parte, el conseller de Empresa catalán, Jordi Baiget, ha anunciado que el Govern abrirá un expediente a Gas Natural porque cree que la compañía cortó la luz a la anciana sin avisar antes a los servicios sociales municipales.