Podemos no ha decidido todavía su posición ante la tramitación por vía de urgencia de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitirá que las comunidades autónomas incrementen su déficit este año del 0,3% del PIB al 0,7%. Un respiro en las cuentas de las regiones que saldrá adelante con el apoyo al menos de PP, PSOE y Ciudadanos pero que ha provocado los primeros disensos en el seno del grupo Unidos Podemos-En Comú-En Marea.
Izquierda Unida lo tiene claro. Su coordinador federal, Alberto Garzón, ha reiterado este lunes que sus cinco diputados votarán en contra de la reforma ya que “consolida los recortes” llevados a cabo en los últimos años así como la “estrategia marcada por la UE”. Garzón, que será el encargado de defender en la tribuna del Congreso la posición del grupo, ha apuntado en una rueda de prensa que Podemos debatiría en la reunión de su ejecutiva el sentido de su voto. El líder de IU ha recordado además que en el seno del grupo parlamentario no hay disciplina de voto entre los distintos partidos.
Pocas horas después era el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien comparecía ante la prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación. Pero sin definir la postura de su partido ante la reforma. Echenique ha reconocido que Podemos tiene dudas sobre qué hacer el próximo jueves, cuando el Pleno debata la reforma.
“No está decidido el sentido del voto”, ha indicado. Echenique ha trasladado la decisión a un debate “en la dirección del grupo parlamentario” para el que no hay fecha de momento. El número tres de Podemos ha apuntado que “cuando una ley es fundamentalmente mala pero tiene un punto que no es tan malo, cualquier formación política se debate entre el no y la abstención”.
Echenique ha rebajado así la posición que marcó hace ya dos semanas el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, quien en una rueda de prensa en el Congreso aseguró que si el PP pedía “ayuda para pasar del techo de gasto del 0,3% al 0,7%” su grupo tendría “que decir que llega tarde pero que bienvenida porque da más oxígeno”. Errejón también señaló que su intención era proponer enmiendas. Entre otras, según ha informado Echenique este lunes, que la ley quede en suspenso cuando el paro supera el 10%.
Con todo, Errejón aseguró a principios de octubre: “No vamos a impedir la modificación pero lo vamos a enmendar”. Una posición que Podemos ahora se va a replantear.
Tampoco lo tienen definido del todo las confluencias que también integran el grupo parlamentario. Desde En Comú apuntan a eldiario.es que la posición definitiva se decidirá este martes pero que se inclinan por rechazar la reforma. En Marea, por su parte, esperará también a este martes para definir su postura.
Compromís, por último, esperará a tomar una decisión a conocer si se aceptan las enmiendas que ha presentado. Sus cuatro diputados, que se han desgajado de Unidos Podemos para pasar al Grupo Mixto, quieren “que el reparto del objetivo de déficit entre administraciones sea repartido en función del porcentaje de gasto que se asume”, según explican a eldiario.es.
Unidos Podemos debe adoptar la decisión en las próximas horas, con la premisa de que en el grupo no existe la disciplina de voto. Este martes el Pleno debate la toma en consideración de la reforma, es decir si acepta su tramitación o no. El miércoles se podrán negociar e incluir las enmiendas oportunas y el jueves se ratificará o no definitivamente.
Con el Gobierno en funciones y los Presupuestos del Estado abocados a una prórroga, el Ejecutivo central no tiene la iniciativa para aprobar las cuentas públicas ni el techo de gasto, fundamentales para que las autonomías elaboren sus propias cuentas.
El cambio en la Ley de Estabilidad (que al ser una norma orgánica, requiere de mayoría absoluta del Congreso) se plantearía solamente para aquellos casos excepcionales en los que se prorroguen los presupuestos, como este año, y permitirá al Gobierno ceder a las regiones parte del margen que ha obtenido de Bruselas, permitiendo un déficit del 0,7% para este año (en lugar del 0,3% inicialmente fijado) y de una cifra aún por pactar para el año que viene, que en cualquier caso será superior al 0,1% previsto actualmente.
La medida no va a beneficiar a las administraciones locales (que están en una situación parecida a la de las regiones), en plena pugna entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda por los presupuestos del consistorio madrileño para el próximo año.