Unidas Podemos ve prioritario que el Ejecutivo de coalición modifique el actual modelo de subasta de interrumpibilidad que afecta a las empresas electrointensivas (grandes consumidoras de energía) y coincide con los trabajadores de Alcoa en que supone una pérdida de competitividad para esta industria.
Los representantes de los trabajadores de la planta de la multinacional estadounidense Alcoa en San Cibrao, en Lugo, se han reunido este miércoles con parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, BNG y del PP para advertir de la urgencia de un nuevo Estatuto Electrointesivo y la ampliación de la potencia en las subastas, que actualmente está en los 1.000 megavatios (MW).
El presidente del comité de Empresa de la fábrica de San Cibrao, José Antonio Zan, ha criticado que los socialistas “se pongan de perfil” y que el Gobierno no apoye que el precio del megavatio/hora esté en el entorno de los 35 euros, como en Francia, y no por encima de los 50 euros de la actualidad.
“Todos los partidos políticos están apoyando que el precio de la subasta esté como en Francia o en Alemania; todos salvo uno, el PSOE, que es el que tiene que hacerlo”, ha afirmado al tiempo que ha avanzado que tienen previsto volver a reunirse con representantes del ministerio el 15 de enero.
En un comunicado, el grupo parlamentario socialista ha recalcado su “la plena disposición”, una vez que se constituya un gobierno estable, a aprobar “con la máxima urgencia” el Estatuto del consumidor electrointensivo.
Por otra parte, el diputado de Podemos Rafael Mayoral ha asegurado que la industria afronta una situación difícil ante la subida de los precios de la energía “que son absolutamente inasumibles en nuestro país” y ha recalcado que el próximo gobierno debe tener como “prioridades abordar la situación industrial”.
El diputado de IU Enrique Santiago ha exigido que las tarifas sean “al menos iguales que en el resto de la UE, como en Francia o en Portugal que son competitivas” y ha incidido en que Unidas Podemos defenderá el mantenimiento de la industria electrointensiva que también es estratégica para la transición ecológica justa.
Antón Gómez Reino, diputado de Galicia en Común también ha pedido regular el precio de la energía.
La subasta de interrumpibilidad es un sistema que permite a las empresas que consumen mucha energía obtener precios inferiores a condición de tener que cortar el suministro en caso de necesidad del país.
En la subasta que ha comenzó ayer se ha reducido la oferta a 1.000 megavatios (MW), frente a la anterior que fue de 2.340, y cerca de 120 empresas participan para cubrir este servicio en el primer semestre de 2020.
Salen a subasta 1.000 MW en 200 bloques de producto de 5 megavatios (MW), con un precio de salida de 125.000 euros/MW y año.
“No debería haber Gobierno si este tema no está cerrado. Sería la hecatombe y nos quedaríamos sin industria entera”, lamenta el presidente del comité de empresa de San Cibrao que advierte a la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que “sin aluminio no puede haber transición ecológica”.