A la tercera va la vencida. Podemos ha optado por eliminar de su propuesta de Gobierno de coalición toda referencia al “compromiso con el proyecto del cambio” que los altos cargos designados directa o indirectamente por el Ejecutivo debían tener. Todos. Sin distinguir aquellos que pertenecen al Poder Judicial. Una referencia textual que estaba recogida en el documento que presentó Pablo Iglesias el pasado lunes, arrastrada en la modificación publicada el miércoles, y que ha suscitado las críticas de asociaciones judiciales. Finalmente, en una nueva versión del documento hecha pública este jueves se ha borrado.
“Ha sido un error”. La frase la han repetido la secretaria de Programa de Podemos, Carolina Bescansa, la portavoz adjunta en el Congreso, Irene Montero, y el propio secretario general, Pablo Iglesias, en todas las comparecencias ante los medios que han tenido este jueves.
Un error que ha ocultado el resto de un documento que sintetizaba en 100 páginas la propuesta de Gobierno de Podemos al PSOE, en la que trabajó un amplio equipo multidisciplinar durante toda la semana pasada y el fin de semana y en el que se dejaron “las pestañas”, según han relatado algunos de sus responsables en las últimas horas.
La redacción original del documento que presentó Pablo Iglesias el pasado lunes incluía dos referencias en este sentido. Las dos, en la misma página, la 95, al final de la propuesta y bajo el epígrafe “Responsabilidades estratégicas en la estructura del Estado”, que recopila información que ya aparece en otras partes del texto.
“Se ha identificado una serie de responsabilidades clave en los primeros niveles jerárquicos del organigrama cuya especial relevancia en la ejecución de las políticas públicas que deben acordarse en un futuro Gobierno exige un consenso en la elección”, arranca el punto en cuestión.
Dicho consenso, según explicó el propio Iglesias en la presentación a preguntas de los periodistas, no implica una modificación inmediata de las fórmulas de designación de los altos cargos del Estado, sino que aquellos que dependan directa o indirectamente del dedo del Gobierno sean elegidos por consenso de los integrantes de dicho Gobierno. Es decir, que no haya una pugna entre los partidos coaligados por imponer a personas de su confianza o por nombrar a su antojo en cada uno de sus ámbitos de actuación.
El texto añade que los nombramientos deberán atender a criterios de “mérito” y “capacidad”. Pero alude, y aquí radica la polémica, a un “compromiso con el proyecto del cambio que deberán liderar”. En el siguiente párrafo, el documento insiste: “(...) personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”.
A continuación, el documento detalla varias decenas de cargos que deberían ser nombrados. Entre ellos habla de cargos de “Justicia”, en los que incluye el Fiscal General del Estado, el de Anticorrupción o los vocales del CGPJ.
En una primera revisión del documento, los responsables eliminaron la referencia al “compromiso con el proyecto del cambio que deberán liderar”. Sin embargo, mantenía que debían estar “comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”.
En la última versión, colgada en la web de Podemos este jueves a media tarde sin informar de ello previamente, la redacción del punto cambia de arriba a abajo. “El nombramiento de estos cargos atenderá a criterios de mérito y capacidad, entre personal funcionario o personalidades independientes de reconocido prestigio y solvencia profesional”, señala el primer párrafo enmendado.
El siguiente párrafo amplía su redacción para explicar mejor las intenciones de Podemos: “Mientras no sea posible modificar la Constitución española, la elección de los equipos de gobierno deberá producirse por consenso entre las fuerzas políticas que integran el gobierno”. Elimina la referencia al compromiso con “el programa del Gobierno del Cambio” y apunta: “En tanto no se proceda al cambio constitucional, la elección de los responsables de las altas instituciones que hoy recaen en manos del Gobierno o del Parlamento precisadas de mayor independencia (fiscal General del Estado, fiscal Especial Anticorrupción, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera) se llevará a cabo con criterios reforzados de consenso”.
Podemos cree que así queda claro que su intención no es modificar los sistemas de elección de altos cargos nada más llegar al poder, sino que este cambio, que sí consideran necesario, debería acometerse de forma gradual ya que algunos implican tocar textos legales que requieren mayorías parlamentarias que el resultado de las elecciones del 20 de diciembre no permiten, al menos sobre el papel.