La definición de las reglas de la II Asamblea Ciudadana de Podemos se lleva con el más absoluto de los secretos. Las decisiones son de una importancia máxima. La situación de equilibrio que dejó la consulta que marcó las normas generales de Vistalegre 2 hace que cada punto se estudie con el máximo cuidado para evitar que los otros equipos puedan resultar beneficiados. La opción del enfrentamiento está sobre la mesa y cada detalle importa. La propuesta que ganó el referéndum de diciembre, la de Pablo Iglesias, no contemplaba la renovación de uno de los órganos fundamentales del partido: la Comisión de Garantías. Ahora será el equipo técnico, cuya composición negociaron Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en solitario, el que tome la decisión de cómo y cuándo se renueva el tribunal interno de Podemos.
La actual Comisión de Garantías fue elegida en el primero Vistalegre, en otoño de 2014, por un periodo de tres años en el primer Vistalegre. Como el resto de órganos de Podemos. La convocatoria de la II Asamblea Ciudadana vino acompañada de una consulta entre la militancia que definió el sistema electoral para las primarias. #Desborda (aquí en PDF), como se llamaba, señalaba cómo se elegía al secretario general, al Consejo Ciudadano y los documentos político, organizativo, ético y de igualdad. Pero del órgano que actúa como tribunal interno, nada. Ni una palabra.
El detalle pasó inadvertido. Y ahora es el equipo técnico el que tiene que tomar la decisión. Los 10 miembros de este órgano creado ad hoc fueron negociados por Iglesias y Errejón durante el último Consejo Ciudadano que ha celebrado el partido, justo antes del referéndum. Su composición es una muestra de los equilibrios que se dan ahora mismo dentro de Podemos: cuatro afines al secretario general, cuatro al secretario político y dos de Anticapitalistas.
El debate se dará próximamente, según ha podido confirmar eldiario.es de fuentes de los tres principales sectores. Sobre la mesa hay dos opciones: que se vote a la vez que el resto de los órganos o con posterioridad. En puridad, la Comisión de Garantías tiene vigencia hasta noviembre de este año. Y el control del tribunal interno de un partido es de vital importancia en una situación de división como la que se puede plantear tras Vistalegre 2 si no se logra un acuerdo unitario.
La Comisión de Garantías ha sido uno de los órganos que más críticas ha recibido en Podemos. Sus decisiones en determinados casos han enfrentado a las diferentes familias que se han ido formando en el partido con el paso del tiempo. Actualmente es un órgano que preside la diputada Gloria Elizo y tiene como función proteger los derechos de los militantes, de velar por el buen comportamiento de los cargos del partido y de resolver los conflictos estatutarios.
En 2015, por ejemplo, se partió en dos ante la elección del cabeza de lista de Podemos por Jaén, Andrés Bódalo. Recientemente, vetó el sistema de votación en las primarias de Madrid y permitió a Ramón Espinar compatibilizar tres cargos internos.
El equipo técnico tendrá que determinar si la comisión se renueva a la vez que los demás órganos o si lo hace con posterioridad. Para ello tendrá que interpretar si los inscritos en Podemos eran o no conscientes de que votaban un documento que dejaba fuera este asunto. En este segundo caso, también deberá fijar si la votación se hace de forma más o menos inmediata o después del verano.
Manifiesto por su “independencia”
La fecha de la elección de la Comisión de Garantías no es el único aspecto que debe fijar el equipo técnico. También cómo se vota. Desde las primarias de Madrid han surgido propuestas que apuntan a un sistema de elección que haga a los miembros de este importante órgano fuera de las disputas internas. Así se hizo precisamente en el proceso madrileño.
La principal idea es que los candidatos no se presenten a la elección como parte de un equipo, sino de forma individual para evitar futuros compromisos de quien resulte elegida.
Además, este jueves se lanzó un manifiesto firmado por dirigentes y cargos públicos de Podemos de las tres principales corrientes del partido que, bajo el título “Una Comisión de Garantías independiente y eficaz”, propone una serie de medidas ante el “amplísimo consenso sobre la necesidad de introducir modificaciones estatutarias que protejan la independencia y la eficacia” de este órgano tanto a nivel estatal como autonómico.
El manifiesto propone un exigente régimen de incompatibilidades, su independencia orgánica y autonomía financiera, que se limiten las remuneraciones y se blinde a sus miembros ante posibles despidos, que existan equipos de mediación y que se publiquen las resoluciones que adopta el órgano.
Entre los firmantes, nombres tan reconocidos como el del diputado y miembro del Consejo de Coordinación Pablo Bustinduy, que integra el equipo de Íñigo Errejón; la consejera estatal Laura Casielles, muy cercana a Iglesias; o el líder de Anticapitalistas, Miguel Urbán.
Junto a ellos, más de 50 personas firman el manifiesto, como Rita Bosaho y Sofía Castañón, próximas a Iglesias; Jorge Moruno, Clara Serra o el diputado Juan Pedro Yllanes, de Errejón; o la portavoz parlamentaria en la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, de Anticapitalistas.
La propuesta iría en el mismo camino de buscar consensos que el Colectivo Mayo 2011 lanzado por Carolina Bescansa y Nacho Álvarez y que aboga por marcar unas reglas mínimas internas que permita suavizar el debate que está sufriendo el partido y que ha tensionado la organización hasta límites nunca vistos desde su fundación.