El comisario Andrés Gómez Gordo participó en el reparto de fondos reservados de la operación espionaje a Luis Bárcenas cuando era el jefe de escolta de María Dolores de Cospedal y el hombre para todo de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha.
Así consta en un informe de la UDEF aportado al sumario del caso Bárcenas, al que ha tenido acceso elDiario.es, que apunta que, junto al comisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión, Gómez Gordo “abonó” a Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas, “un montante de 53.266,22 euros” con “origen en fondos reservados”. Los recibos de esos pagos figuran en el sumario, al que ha tenido acceso Eldiario.es y se pueden consultar aquí.
Ríos Esgueva es uno de los protagonistas del “operativo parapolicial” investigado en la Operación Kitchen, un compendio de maniobras extrapoliciales para tratar de evitar que el tesorero del PP pusiera contra las cuerdas con sus revelaciones al partido en el Gobierno. Fue el topo que la brigada política, un grupo de agentes que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato policial siguiendo encargos para debilitar a los rivales políticos del PP o defender al partido de su corrupción, infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia.
A cambio recibió los citados 53.266,22 euros entre julio de 2013 y septiembre de 2015. Tras recibir durante casi dos años pagos mensuales de 2.000 euros, una cantidad desmesurada para un confidente, ingresó en la Policía con 42 años, al finalizar la misión, también como parte del pago por haber actuado como topo.
Gómez Gordo trabajó durante años fuera de la Policía siempre al servicio del PP y, especialmente, de María Dolores de Cospedal mientras ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Tenía un despacho a unos pocos metros de la entonces presidenta castellano-manchega que lo situó como alto cargo de la administración regional: director general de documentacion y análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Regresó a la Policía para gestionar la relación con el chófer de Bárcenas, al que conocía por haber trabajado junto a él para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, -el dirigente que da nombre a la operación Púnica, otro gran sumario de corrupción- y a los seis meses de volver fue condecorado con una medalla pensionada.
Otro de los investigados en la Operación Kitchen, Enrique García Castaño, le ha señalado ante el juez como el autor del informe PISA con el que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz quiso acusar falsamente a Podemos de financiación ilegal. Un atestado sin firma ni membrete que fue aireado por la prensa conservadora y que nunca tuvo ningún recorrido en los tribunales.
El informe de la UDEF en el caso de la Caja B otorga a Gómez Gordo un papel relevante en la trama y asegura que, junto a Ríos Esgueva, sustrajo a través de un disco duro externo “información sensible” que estaba en poder del extesorero para evitar que fuera difundida a terceros y que “pudiera incorporarse al procedimiento judicial” de la caja B “convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar” la investigación.
Su jefa en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal está a un paso de ser imputada, después de que Anticorrupción la señalase como una de las participantes, junto al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la Operación Kitchen, que ahora indaga sobre todas esas artimañas de la policía política para tratar de exculpar del PP en el caso de la caja B.