El policía al frente de la investigación de la caja B del PP, inspector jefe Manuel Morocho, ha declarado este lunes en el juicio que si no propuso al juez Pablo Ruz el registro del domicilio de Luis Bárcenas cuando saltó el escándalo u otras actuaciones fue porque la Operación Kitchen para sabotear la investigación ya estaba en marcha.
La afirmación de Morocho se produjo durante el turno de preguntas del abogado del PP, Jesús Santos, al final de la jornada. Morocho venía recibiendo los intentos por desacreditar sus pesquisas del resto de los abogados de la defensa cuando Santos le preguntó por qué no había propuesto, para lo que estaba facultado, registrar la casa del extesorero del PP tras la publicación de ‘El País’ en busca de “piezas de convicción como documentación o portones informáticos de utilidad para la investigación”.
El inspector jefe ha recordado que en febrero de 2013 su grupo recibió la documentación llegada desde Suiza sobre los fondos que allí escondía Bárcenas y que para entonces “ya estaba en marcha lo que se está investigando en las diligencias 96/2017, pieza séptima”, en alusión al número de causa de Tándem o Villarejo y a la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. “Por tanto –ha añadido– cualquier ación que yo hiciera estaba monitorizada desde la Dirección General de la Policía”.
La afirmación de Morocho se suma a otras realizadas en los últimos días, ya haya sido en sede judicial o ante la comisión de investigación del Congreso, respecto a las presiones que sufrió cuando investigaba al Partido Popular y éste estaba en el Gobierno de la Nación. Al frente de esa Dirección General de la Policía estaba Ignacio Cosidó, que no está investigado en la causa de Kitchen, a diferencia de su inmediato subordinado, el director adjunto operativo Eugenio Pino o sus inmediatos superiores, Francisco Martínez (secretario de Estado) y Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior).
El letrado del PP ha preguntado a Morocho por su afirmación en la sesión anterior de que los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, a los que alude recurrentemente el partido para desacreditar los apuntes de la contabilidad paralela, son “anacrónicos y están superados por la investigación”. Esos informes destacaban “incongruencias” de los apuntes de Bárcenas que Morocho atribuyó a que se tratara de una contabilidad muy extendida en el tiempo y realizada a mano.
“¿No son coetáneos a otros informes que ustedes han presentado aquí?”, ha preguntado el abogado Santos. Morocho ha dicho que se limitó a leer lo que dijo el magistrado instructor, en referencia a que Pablo Ruz dio por buenas las anotaciones de Bárcenas, como luego hicieron en sentencia la Audiencia Nacional y el Tribunal supremo. “Me limito a señalar lo que ha dicho el magistrado”, ha dicho el policía. “¡Es que no lo ha dicho!”, ha replicado Santos.