La Policía Nacional en la Comunidad Valenciana tiene nuevo jefe superior. Se trata de José Javier Cuasante, hasta ahora jefe provincial en Alicante y el comisario ante el que tuvo que mediar el Poder Judicial el pasado abril para que entregara un informe sobre la corrupción del PP de Alicante, que un juzgado de esa ciudad aguardaba desde hacía cinco años. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la que Cuasante sustituye a José Manuel Salgado, jubilado el pasado diciembre.
La Unidad de Apoyo para Causas de Corrupcción (UACC) es un instrumento creado por el Consejo General del Poder Judicial para desatascar investigaciones de este tipo. La UACC se estrenó en abril de 2015 con una carta al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que eliminara los “obstáculos” que impedían la emisión de unos informes del conocido como ‘caso Brugal’, que estalló en julio de 2010 e incluyó la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.
El Poder Judicial intercedía así en un enfrentamiento entre el juez Manrique Tejada del Castillo y el comisario Cuasante en el marco de la causa por el amaño del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. El juez Tejada del Castillo llevaba casi cinco años reclamando a la Policía un informe sobre la documentación incautada en julio de 2010 en la sede del Grupo Cívica, el domicilio particular y el yate del citado empresario.
En enero de 2015, el juez había enviado un escrito al comisario Cuasante en el que le exigía información acerca del “estado de la investigación y que, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo por parte del grupo policial las conclusiones de la investigación sobre el llamado caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante”.
El juez hacía notar su malestar en oficio, “máxime teniendo en cuenta que alguno de los informes pendientes se refieren al resultado de la entrada y registro en el domicilio personal del señor Ortiz, sede social del Grupo Cívica y embarcación Elena, llevado a cabo el 6 de julio de 2010 y que ya fue solicitado por este mismo juzgado por oficio el 6 de febrero de 2012”. La intervención del Poder Judicial surtió efecto y al mes siguiente del requerimiento de la UACC, la Policía entregaba al juez el informe que éste no había podido obtener por sus propios medios.
El 6 de julio de 2010 estallaba la Operación Brugal, donde se entrecruzaban las pesquisas por el Plan Urbano de Alicante y la concesión de la gestión de los residuos en la comarca de la Vega Baja. Los intereses del ladrillo y las basuras conectaban al todopoderoso PP alicantino y al empresario más importante de la provincia, Enrique Ortiz. La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo está imputada en esa investigación por revelación de información privilegiada, dos delitos de cohecho y otros tantos de tráfico de influencias. El operativo ha dado pie a 20 causas judiciales distintas.
Una segunda reclamación judicial
Según publicó El País, la jueza de Orihuela que investiga la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja, Rosa María Villegas, también se quejó a Cuasante en enero de 2015. En este caso, la jueza reclamaba que se analizara de una vez por todas la documentación incautada en los registros del verano de 2010 y se elaborara un informe. Aludía en su caso a los papeles y el soporte informático intervenidos en el domicilio de Ripoll y en la sede de la Diputación de Alicante.
La jueza Villegas daba a la jefatura de Policía que dirigía Cuasante el plazo “improrrogable” de un mes y le advertía que, de no responder afirmativamente, podría incurrir en un delito de desobediencia.
Resultó que se había producido un error en el envío, que pudo ser subsanado. En todo caso, la Policía aseguraba en un oficio que los documentos fueron enviados en bruto, sin analizar, y añadía que “la carga de trabajo asumida por las unidades policiales destinadas a la lucha contra la corrupción, con carácter general están provocando que el resultado de las gestiones encomendadas no se haga llegar a los diferentes juzgados en el plazo en el que son requeridos”.
Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción hizo público su escrito de acusación en la pieza del presunto amaño de la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja. El fiscal pide 16 años de prisión para el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll; 17 para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, y otros cuatro para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente. En total acusa a 13 personas, entre ellos, políticos y ex cargos públicos y empresarios, y el exportavoz del PSPV en la Diputación alicantina, Antonio Amorós.
Vinculado a Cotino
El comisario principal Cuasante es considerado próximo a Juan Cotino en medios policiales. Cotino fue director general de la Policía con José María Aznar, entre 1996 y 2002. Procedente de la Academia Militar de Zaragoza, José Javier Causante también es considerado un comisario afín al actual director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
En una conversación intervenida a Enrique Ortiz en el marco del caso Rabassa, el empresario y un socio se jactaban de que Juan Cotino –entonces consejero de Bienestar Social– les llenaba los geriátricos que tenían. Entre los socios de Ortiz en ese negocio estaba Vicente Cotino, sobrino del expresidente del Parlament valenciano, y uno de los empresarios que integraban la lista de donaciones irregulares al PP nacional. En las conversaciones del caso Rabassa, Cotino aparece reiteradamente señalado como el cauce que utilizaba el empresario Ortiz para llegar a la Generalitat.