Un inspector jefe de la Policía Nacional española, agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, alertó a los dirigentes de la Banca Privada de ese país (BPA) de que el Banco de España se preparaba para hacer una inspección a su filial en Madrid, pero que podrían evitarlo si colaboraban con ellos, según consta en el sumario de la causa abierta en Andorra sobre las coacciones de la policía política para obtener datos bancarios de la familia Pujol, al que ha tenido acceso la Cadena Ser.
El sumario contiene grabaciones entre el inspector de la Policía, de nombre Celestino Barroso, y el consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel. En una de las conversaciones documentadas, el policía le comunica al empresario que es “portador de un mensaje de Madrid”: “El Banco de España va a hacer una inspección al Banco de Madrid [filial de BPA], y se lo van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a comprar el banco en cuanto el Banco de España se cargue al Banco de Madrid. Pero ellos me transmiten que depende de ustedes que esto se quede en nada, que se pare la inspección y que todo siga como está en la actualidad. Siempre y cuando ustedes accedan a algo que yo no sé”.
Según consta en la causa, el empresario defiende la honestidad del banco, pero el policía y personal diplomático español le reitera que el Banco de España va a intervenir la filial de la BPA: “Hay americanos dispuestos a hacerse cargo una vez que el Banco de España dé el hachazo, y que todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan…, que está en su mano pararlo. En su mano. Qué se les va a pedir, no lo sé”. Es entonces cuando Barroso lo invita a reunirse con un tal Félix Rodríguez, “como representante del Estado español”.
Ese tal Félix Rodríguez, de acuerdo con la información, es en realidad Marcelino Martín Blas, imputado tanto en Kitchen como en la causa de Andorra, por ser presuntamente uno de los responsables de la policía política de Interior. Martín Blas era comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos en ese momento. Ambos se reúnen en el Hotel Villamagna de Madrid el 6 de junio de ese año. Allí, según la versión que aporta Miquel en sus declaraciones, Martín Blas le dice que el Estado español está en guerra contra el nacionalismo catalán“ y que quería información sobre ”Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol“. También le insiste en que ”se iban a cargar el banco“ y ”que estaba todo hecho y que se trataba de deshacer“.
Contaminación a la autoridad antiblanqueo estadounidense
La investigación que se sigue en Andorra también sospecha que el Estado español contaminó con datos falsos los informes de la institución estadounidense antiblanqueo Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) que fueron determinantes para la intervención un año después de la BPA y su filial, Banco de Madrid. Las indagaciones posteriores demostraron que ni uno solo de los investigados en los operativos Emperador, Petrov y Petroli blanquearon dinero. A pesar de ello, Luis de Guindos, entonces ministro de Economía de Gobierno español, dio la orden de intervenir el banco, que quebró. Según cuenta la emisora, los restos de la entidad fueron vendidos a un fondo buitre norteamericano, JC Flowes.
El caso llegó más tarde a los tribunales. De los 9.300 clientes de la entidad, solo se puedo demostrar un caso de blanqueo de capitales, por lo que las causas contra BPA fueron archivadas. Ahora, los perjudicados reclaman en la causa en la que están imputados el expresidente Mariano Rajoy, el extitular de Interior Jorge Fernández Díaz y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que el Estado español sea considerado responsable civil subsidiario por el cierre de esas entidades y les pide además 141 millones de euros.