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Una jueza andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó; y a dos exintegrantes de la brigada política del PP por presuntas coacciones al Gobierno del principado y falsedad documental para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas que resultaron inexistentes.
En una comisión rogatoria enviada a España, adelantada por El Món y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada andorrana Stéphanie Garcia da un impulso inédito hasta ahora a las querellas interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets y el exmáximo accionista de la BPA, Higini Cierco. Ambas querellas se registraron en enero de 2017 y octubre de 2016 respectivamente.
La comisión rogatoria es el vehículo de cooperación entre autoridades judiciales de distintos países. La magistrada andorrana solicita la ayuda de la Justicia española para que localice a Rajoy y al resto de querellados, les comunique que se encuentran investigados por hasta media docena de delitos del Código Penal andorrano y les requiera para que designen un abogado en el principado. Si no lo hacen en 15 días, agrega la jueza, se les asignará un letrado de oficio. La magistrada también deja la puerta abierta a enviar otra comisión rogatoria una vez completada la enviada el pasado 20 de mayo para concretar la declaración judicial de los investigados.
Según Drets y IDHA, las presuntas coacciones se enmarcan en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 en Andorra, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé. La visita, según los denunciantes, tenía el objetivo de obtener información de los líderes independentistas catalanes.
A criterio de ambas entidades, los exresponsables del Gobierno del PP “desplegaron una estrategia política basada en una falsedad [la investigación por blanqueo del BPA por parte de EE. UU.] creada por el Ejecutivo de Rajoy para que el Gobierno de Andorra tomara unas decisiones concretas e irreversibles que han resultado perjudiciales para la imagen bancaria del país y la credibilidad internacional”.
Ambas entidades apuntaron hacia el expresidente del Gobierno y los exministros después de que la Justicia andorrana ya hubiera aceptado investigar al exjefe de la brigada política del PP, el exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino, y su lugarteniente, el inspector Bonifacio Díez.
La magistrada expone en su comisión rogatoria que las denuncias versan sobre “presuntas extorsiones, coacciones y chantaje realizados desde el año 2014 por agentes de la policía española a responsables de BPA” con el objetivo de “conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana, y relacionada con distintos gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre los cuales se encontraban Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras”.
En su resolución, la magistrada también adjunta la cita literal del articulado de los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario, esto es, la falsedad documental.
En España, el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón se ha negado a investigar la Operación Catalunya en su totalidad alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción. Por ahora la actuación de la brigada política que anidó bajo el Gobierno del PP, y cuya existencia desveló en 2014 elDiario.es, se ha saldado con la condena de Pino por intentar adulterar el caso Pujol al pretender introducir en la investigación del origen de la fortuna de la familia oculta en Andorra un pendrive con información de Jordi Pujol Ferrusola sin advertir de que su origen era ilícito.
El caso en Andorra
Las querellas en Andorra fueron admitidas en 2018. Cuando la jueza citó al inspector Celestino Barroso, agregado de Interior en la embajada española en Andorra entre julio de 2014 y junio de 2017, las autoridades españoles respondieron que se encontraba amparado por la inmunidad diplomática. Así lo confirmó el Gobierno en una respuesta parlamentaria de 2021 al diputado del PDeCAT Sergi Miquel, quien preguntó por la petición de los hermanos Cierco para que se retire la inmunidad que protege a Barroso de cualquier investigación sobre su actuación, desarrollada con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
Higini Cierco señaló ante la jueza instructora a Barroso como uno de los policías españoles que le trasladaron las instrucciones respecto a las cuentas de los Pujol, pero también de otras supuestas de Artur Mas u Oriol Junqueras. Respecto a las otras dos comisiones rogatorias enviadas, las autoridades españolas respondieron que Pino se había jubilado y que Díez Sevillano estaba destinado en México, lo que la dejó sin cumplimentar.
El IDHA y Drets consideran que la actuación del Gobierno español “para tratar de conseguir los datos bancarios de los políticos independentistas catalanes fue un ataque en toda regla a la soberanía andorrana”. Ambas entidades remarcan que Rajoy, cuando visitó Andorra para reunirse con el gobierno del principado, lo hizo como presidente del Ejecutivo español y no como jefe de Estado, figura reservada al rey según la Constitución española, con lo que el expresidente “no está protegido por la inmunidad prevista en el artículo 8 del Código Penal andorrano, como tampoco lo están sus ministros y resto de cargos políticos implicados”.