El policía que investigaba la caja B del PP fue trasladado al nido de la brigada política para entorpecer su trabajo

La década de sabotaje por parte del Partido Popular a los casos Gürtel y caja B tiene un capítulo particular en las presiones sufridas por los policías encargados de la investigación. El sumario del espionaje a Bárcenas revela un nuevo episodio con el traslado forzoso del agente al frente de las pesquisas al nido de la brigada política, durante un año y medio, con el fin de entorpecer los avances en su trabajo, según trasladó el propio policía al juez en su declaración como testigo. 

El inspector jefe Morocho prestó declaración en la Audiencia Nacional el 21 de febrero de 2019. A preguntas de los fiscales Anticorrupción, aseguró que su traslado fue una decisión que le trasladó en persona el director adjunto operativo, Eugenio Pino, artífice de la brigada política e imputado por el espionaje a Bárcenas. 

“Me hizo ir a su despacho y me dijo que a partir de ese momento necesitaban que estuviera allí. Que por mor de su categoría y el puesto que ocupaba no tenía capacidad de decir que no. Eso se revistió administrativamente bajo el paraguas de una atribución temporal de funciones”, relata Morocho en su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Morocho, ahora inspector jefe, estaba al frente del Grupo XXI de la Brigada Anticorrupción, perteneciente a la UDEF. Había trabajado a las órdenes directas de los distintos jueces instructores que habían tenido los casos Gürtel y caja B y en ese momento del traslado, en enero de 2015, lo hacía para Pablo Ruz.

Con su carnet profesional, el 81.067, el policía ha firmado todos los informes clave en la investigación de la financiación irregular del PP y una extensa investigación de reciente conclusión acaba de permitir la reapertura de la línea de investigación del cohecho, que vincula adjudicaciones concretas a donantes de dinero negro al PP.

El policía intentó que sus superiores directos mediaran para evitar el traslado, pero no lo consiguió. “Las diligencias principales y las piezas derivadas estaban todavía vivas. Había que elaborar nuevos informes y que mi traslado fuera de las dependencias iría en detrimento de la ejecución que se me había encomendado”, contó en febrero del año pasado al juez Manuel García-Castellón. 

Comisionado por el juez, Morocho no podía abandonar la investigación de la caja B del PP, así que tuvo que multiplicarse para continuar con el trabajo. Así estuvo durante un año y medio, con dos prórrogas del destino temporal asignado, entre enero de 2015 y agosto de 2016. Solo con Eugenio Pino recién jubilado, acabaron las prórrogas y pudo dedicarse a su verdadero trabajo. 

“La primera consecuencia que se produjo (por el traslado) fue de estrés para mí, puesto que tenía que cumplir una obligación que era asumir elaboración de informes en el procedimiento y tenía dificultad para llevarlo a cabo (…) Pese a que intenté ir compatibilizando ambas cosas, lo que originó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaran retrasos en la elaboración de informes que se han ido acumulando en el tiempo”, relató el policía ante el juez del caso Villarejo y los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa. 

El destino formal reservado a Morocho fue la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) una de las estructuras policiales creadas por Pino durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en Interior para camuflar a la policía política. Esta brigada, dependiente de Asuntos Internos, se creó con la excusa de revisar casos sobre los que la Policía había perdido la competencia para averiguar qué había fallado. 

Con esa excusa, la BARC se dedicó a investigar a la oposición política. Desde la Operación Catalunya al PSOE. El caso Faisán y el 11-M fueron dos casos, juzgados y sentenciados por el Tribunal Supremo, sobre los que la BARC realizó informes. De hecho, según testificó Morocho, el primer encargo que realizó en su nuevo destino está directamente vinculado con las maniobras policiales contra el soberanismo catalán: la falsa cuentas de Xavier Trias en Suiza. Fuentes policiales aseguran que también se intentó implicar a Morocho en el análisis financiero de datos del informe PISA, obra del comisario Andrés Gómez Gordo, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.

“Inicialmente, lo que intuí es que no se sabían qué hacer conmigo. En un principio se dijo que era para apoyar análisis de información financiera que estaban trabajando allí y que necesitaban una persona experta para poder evaluarla. Como ejemplo, una supuesta cuenta bancaria en Suiza de Trias”, declaró el inspector jefe Morocho ante el juez. 

Informes que nadie leía

A Morocho se le pedían informes financieros de “uno o dos folios”, pero cuando los tenía concluidos ya no interesaban. Ocurrió cuando el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino e imputado también en el espionaje a Bárcenas, le pidió ayuda con un informe sobre las sociedades del comisario Villarejo. La Dirección de la Policía, con Ignacio Cosidó al frente, se vio obligada a abrir una investigación interna por una información de El País, pero cuando Morocho tuvo listo su análisis, Fuentes Gago le derivó a Pino y el director adjunto no quiso ni siquiera escuchar el resultado del trabajo de Morocho. 

Fuentes Gago concluyó que las sociedades de Villarejo en paraísos fiscales y su agencia de investigación eran compatibles con su trabajo de funcionario policial destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Fuentes Gago le dijo a Morocho que esas sociedades en paraísos fiscales eran de “una época política anterior, vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA  que bueno, no obstante, que se lo dijera al DAO”. “se lo dije y me dijo que no quería conocer nada”, añadió Morocho en relación a Pino. 

Como adelantó eldiario.es, el inspector jefe Morocho negó rotundamente ante el juez que fuera informado de la Operación Kitchen o que ésta proporcionara, cuando dos años después de empezar se puso en su conocimiento, algún dato relevante a su investigación judicial de la caja B. En mayo de 2015, el policía asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, intentó blanquear la operación Kitchen introduciendo algunos datos en un fichero policial.