El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado el texto aprobado por el Ejecutivo con numerosas modificaciones respecto al primer anteproyecto aprobado en noviembre del pasado año. Los cambios obedecen a las recomendaciones recibidas desde numerosos órganos consultivos y organizaciones sociales y que “enriquecen” el texto, según el ministro.
Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye a la denominada 'Ley Corcuera' de 1992, es “profundamente garantista” y tiene “pleno encaje” en la Constitución. Divide las sanciones en tres niveles, leves, graves y muy graves. Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo.
Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual regulación y “sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas” y, además multa, la perturbación del desarrollo de una manifestación.
Por su parte, las concentraciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas y se elevan a graves si además están acompañadas de una perturbación grave de la seguridad ciudadana.