Según el matemático francés Pierre Simon Laplac (1749-1827) hay posibilidades de que el exconcejal de urbanismo en Marbella, José Antonio Roca, haya sido injustamente tratado por la sociedad y los medios de comunicación cuando, en estas fechas, se le señala como el paradigma del “político chorizo” que utiliza la lotería para blanquear el dinero obtenido de fuentes opacas. Sostiene Laplac que “la probabilidad de un suceso imposible es 0”.
José Antonio Roca ganó en 15 años un total de 50 grandes premios de lotería. Sin embargo, lo que parece imposible, pudo haber sucedido. Así lo señalan los investigadores que, a las órdenes del juez Miguel Ángel Torres, cifraron en términos de probabilidad las opciones de Roca. Según sus análisis, el principal imputado en la operación Malaya tenía una posibilidad entre 43 cuatrillones de haber tenido la suerte en el juego que declaró haber tenido. Una posibilidad entre 43 cuatrillones de estar diciendo la verdad.
Roca acabó confesando ante el juez al cargo de la operación Malaya y declaró lo evidente: que había comprado boletos de lotería premiados con 646.000 euros entre marzo y septiembre de 2005. Sus explicaciones fueron poco detalladas y no pasaron mucho más allá de reconocer su intención de no pagar impuestos.
La cosa se complica cuando comprobamos que Roca no es el único y que en la política la fortuna en los juegos de azar vulnera, en ocasiones, cualquiera de las reglas básicas que intentan explicar el azar. Carlos Fabra es otro de los grandes ejemplos. Entre el año 2000 y 2011 se embolsó más de 2,2 millones en premios. Le tocó la lotería en, al menos, cuatro ocasiones. El expresidente de la Diputación de Castellón, deslenguado como pocos, llegó a dejar una frase para las hemerotecas más bizarras cuando en 2008 anunció con antelación que su número era el 27.931 y posteriormente dijo: “Si me toca, me sacaré la pirula y mearé en la sede de IU”.
No muy lejos de Fabra, encontramos otro caso de fortuna que acaba siendo juzgada. Cuando el juez instructor del caso Emarsa decidió imputar el pasado mes de noviembre a Enrique Crespo, expresidente de la Diputación de Valencia, escribió un duro auto en el que señaló la existencia de indicios de que Crespo distribuyó entre sus familiares hasta 22,7 millones de euros en décimos de lotería de Navidad para evitar un embargo judicial. Apenas un año antes, Crespo vio el cielo abierto cuando el número que distribuía su grupo municipal en el Ayuntamiento de Manises repartió buena parte del segundo premio de 2011.
La crónica de políticos premiados con lotería es un clásico del periodismo navideño al filo de la desaparición, teniendo en cuenta que a partir de 2013 los premios empezarán a tributar un 20% para cuantías por encima de 2.500 euros.
Pero antes que los políticos, los verdaderos pioneros en el arte de la fortuna fueron los narcotraficantes gallegos. El clan de los Charlines encontró en la lotería la excusa perfecta para explicar ante los jueces sus desproporcionados ingresos difícilmente explicables de otro modo. A los miembros de este clan se les acusa de haber blanqueado hasta 2,4 millones de euros con la compra de billetes premiados. Los más afortunados fueron Teresa Charlín (segundo premio en 1998, 250 millones de pesetas), y Óscar Charlín, al que le tocaron décimos comprados en Allariz (Ourense) y Córdoba. Paula y Sabrina, nietas del patriarca y menores de edad en el momento de ganar la lotería, se hicieron con importantes cantidades que levantaron las sospechas de los jueces.