El presidente y la vicepresidenta del Congreso, y el ministro de Agricultura tienen que declarar como testigos en el 'caso Fabra'. Los tres dirigentes populares se acogerán a su derecho de hacerlo por escrito y el secretario de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón leerá las declaraciones en la cuarta sesión del juicio contra Carlos Fabra, acusado de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.
Jesús Posada, Celia Villalobos y Miguel Arias Cañete tendrán que dar su versión sobre las reuniones que mantuvieron con el entonces presidente de la Diputación de Castellón después de que el empresario Vicente Vilar le acusara de pedir una comisión a cambio de sus gestiones para agilizar las licencias para los productos fitosanitarios de su empresa, Naranjax, en los ministerios dirigidos por los entonces ministros de Aznar.
Carlos Fabra negó haber recibido “maletines con dinero” del empresario Vicente Vilar a cambio de mediar ante el Gobierno. “Yo no he hecho ninguna gestión en Madrid, acudí porque era presidente de la Diputación pero no hablé con nadie”, se defendió Fabra para quien Anticorrupción pide 13 años de prisión.
Lo que sí admitió Fabra es que Vilar le habló de los “problemas” en la aprobación de las licencias. “Me insiste y me sigue diciendo que ha llenado de maletines el Ministerio para conseguir que le aprobaran sus informes y me dice que son unos sinvergüenzas”, añadió. También reconoció haber facturado a Vilar a través de su empresa Artemis 2000 pero por una labor de asesoramiento para la creación de una “fábrica de azulejos”, un “polígono industrial” y varios estudios “sobre seguridad e higiene de una empresa de pesticidas”.
El empresario cambió de versión durante la vista oral y negó, diez años después de denunciar al exdirigente del Partido Popular, haberle pagado por mediar ante el Gobierno. Vilar, que cumple diez años de condena por violar a su esposa, explicó que estaba “enfadado”, ya que Fabra se había posicionado en su contra y a favor de su mujer.
Niegan haber hecho gestiones por Fabra
Jesús Posada ya reconoció que mantuvo en 1999 una reunión en el Ministerio con Fabra, con el entonces senador Miguel Prim, y con los diputados del PP por Castellón Juan José Ortiz y Juan Costa. El exjefe del departamento de Agricultura declaró durante la instrucción que, además de interesarse por la instalación de un punto de inspección fronteriza en el puerto de Castellón, aludieron a los retrasos que sufrían los productos fitosanitarios de la empresa Naranjax. Posada dijo que no respondió a una carta posterior de Prim en la que instaba a gestionar las licencias para Naranjax con celeridad.
El actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, insiste en que su departamento ha seguido siempre el orden de tramitación de asuntos y sin anticipar “un expediente sobre otro”. Cañete dice que en su anterior etapa como ministro había “un gran retraso” en la tramitación de las autorizaciones de productos fitosanitarios debido a su “enorme complejidad” por los informes complementarios que se requerían tanto de Agricultura como de Sanidad.
También Celia Villalobos se ha acogido al privilegio con el que cuentan el presidente del Congreso, los ministros y exministros que tienen que declarar sobre un hecho acontecido durante su mandato, y declarará por escrito. Vilar admitió en el juicio que acudió con Fabra a una reunión en Sanidad con la entonces ministra y que, al sacar el tema de los productos de su empresa, les “sacó del despacho” sin dejarles “decir ni mu”.
Los dirigentes del PP Esteban González Pons y Rubén Moreno comparecerán por videoconferencia desde su despacho oficial en los próximos días.