El Partido Popular está decidido a resucitar el Senado, una Cámara intrascendente en la acción y el debate político durante casi cuatro décadas, para convertirlo en el principal instrumento de oposición a Pedro Sánchez. Los populares sí tienen mayoría en el Senado –147 de 265 escaños– y pretenden utilizarlo para lograr victorias simbólicas y que sirva como altavoz de la fragilidad del Gobierno socialista.
Con el inminente comienzo del curso político los conservadores prevén poner en marcha desde esa Cámara, ubicada en la Plaza de la Marina Española de Madrid, sus ofensivas contra el Ejecutivo, con iniciativas como interpelaciones, mociones o solicitudes de comparecencia cuya aprobación tienen asegurada.
Fuentes del partido en el Senado explican que su objetivo es demostrar “la fortaleza” del PP, el partido más votado en las pasadas elecciones generales, frente a la “debilidad” del Gabinete socialista, que gobierna con solo 84 diputados de los 350 que componen el Congreso de los Diputados y con 61 senadores de los 265 que conforman la Cámara Alta.
Los conservadores quieren además emplear su rodillo en el Senado para “retrasar” y por tanto bloquear durante el mayor tiempo posible la aprobación de las iniciativas legislativas del Gobierno que lleguen a la cámara desde el Congreso. En ningún caso podrán impedir su puesta en marcha, ya que el sistema bicameral español da al Senado un papel de cámara de segunda lectura en la que se pueden vetar o enmendar esos proyectos de ley, aunque tanto sobre el veto como sobre las enmiendas decide finalmente el Congreso.
La única salvedad a esa función meramente reflexiva que otorga la Constitución a la Cámara Alta la introdujo el propio PP en 2012 cuando reformó con su mayoría absoluta la Ley de Estabilidad Presupuestaria para dar al Senado capacidad de veto en la aprobación de la senda de déficit. El intento del Gobierno de Sánchez y de Unidos Podemos por revertir esa situación con una nueva reforma de la citada normativa –que también respaldan ERC y Compromís– provocaba esta semana una airada reacción por parte de los conservadores, que consideran que el Ejecutivo pretende dar “un golpe propio de regímenes totalitarios”.
El partido de Casado trata de torpedear esa reforma retrasando su tramitación en el Congreso. En realidad, lo que busca es poner así trabas a las políticas económicas del Gobierno, que depende de esa Ley de Estabilidad para, por ejemplo, aprobar los Presupuestos de 2019. El Ejecutivo trata de tramitar la modificación legislativa a través de la vía de urgencia, pero el PP negocia con Ciudadanos la solicitud de un informe jurídico a los letrados del Parlamento para demorar el mayor tiempo posible su aprobación, ya que ambas formaciones cuentan con mayoría absoluta en la Mesa, órgano que debe calificar la propuesta del Gobierno para que pueda iniciar su travesía parlamentaria.
Primeras iniciativas
La polémica ha convencido aún más al PP en su intención de centrar su labor de oposición en el Senado. El martes, el partido anunciaba la presentación en la Cámara Alta de una interpelación contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que solicitará su reprobación por “los bandazos” del Gobierno sobre la asunción por parte del Estado de la defensa del juez Pablo Llarena ante su imputación en Bélgica. Fuentes del grupo parlamentario explican que los conservadores también plantearán la reprobación de Delgado en el Congreso, pero reconocen que comienzan en el Senado por su ventaja aritmética: “Es donde tenemos mayoría”.
El PP también utilizó su mayoría el miércoles, durante la Diputación Permanente de la Cámara Alta, para forzar a Pedro Sánchez a comparecer en el Senado con el objetivo que dé explicaciones sobre la política migratoria del Gobierno, uno de los asuntos que han monopolizado la agenda de los conservadores desde la llegada de Casado a la presidencia y con el que el líder popular más ha atacado al Ejecutivo, al que ha acusado de provocar un “efecto llamada” que según él provocará la llegada a España de “millones de inmigrantes”.
La formación conservadora no conseguía, en cambio, aprobar una declaración institucional para defender el papel del Senado, por el rechazo a la misma del Grupo Mixto. En este caso la mayoría absoluta del PP no era suficiente, ya que la aprobación de una declaración de esas características requiere del acuerdo de todos los grupos.
“Las funciones y competencias asignadas al Senado son de una enorme importancia y configuran a este órgano como una de las principales instituciones constitucionales”, señalaba el partido en su texto. “Es imprescindible reivindicar el papel de esta Cámara, especialmente en los momentos tan decisivos en los que nos encontramos con los graves problemas territoriales a los que tenemos que dar inmediata solución. De la misma manera, el Senado quiere mostrar su voluntad de dinamizar e impulsar el papel de esta Cámara, a través los cauces constitucionales y reglamentarios oportunos”, sostenía.
Un Senado “renovado”
En el programa electoral que el PP presentó a las elecciones generales de 2016, el partido defendía la reforma de la Cámara Alta que ahora reivindica con vehemencia: “El Senado ha de tener una posición significativa como órgano constitucional que, en el desempeño de la función legislativa, no se identifique por su mera capacidad de oponer a las decisiones del Congreso un veto suspensivo. (...) Queremos un Senado renovado, capaz de canalizar el dinamismo de nuestra realidad autonómica”.
Dos años después, el PP insiste en que “es importante que nadie ponga en cuestión la legitimidad del Senado y su legitimidad democrática”. El portavoz de los conservadores en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, se ha erigido en el principal defensor del sistema bicameral español: “Si los partidos no respetamos las instituciones, los ciudadanos dejarán de hacerlo también”.