“Otro chantaje independentista. Otra vez la sociedad engañada. Otra investidura comprada por Sánchez, que pretende que paguemos todos con más desigualdad”. Esa fue la principal valoración que repite el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde el pasado 30 de julio, nada más conocer el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa que contempla una suerte de concierto catalán como el vasco que permitiría a Catalunya gestionar todos sus impuestos.
Feijóo y otros dirigentes de su partido obvian ahora que el PP también “compró” su primera llegada a la Moncloa gracias a las cesiones a partidos nacionalistas. El propio líder de los populares se mostró a favor de estudiar un “concierto catalán” –lo dijo con esas mismas palabras hace ocho años, en 2016, durante una conferencia en Catalunya en uno de los momentos álgidos del procés independentista.
En 1996, José María Aznar logró que la de los populares fueran por primera vez la fuerza más votada tras 14 años de gobiernos socialistas, pero no obtuvo mayoría absoluta y se quedó en 156 diputados. Si Aznar fue presidente del Gobierno, el primero del PP, fue gracias a que lo votaron CiU, el PNV y Coalición Canaria, que le permitieron llegar a los 176 votos, la mayoría absoluta. Feijóo fue alto cargo de aquel gobierno, como presidente del Insalud primero y de Correos después.
Entonces, la forma de lograr esos apoyos por parte de Aznar fue dando a la Generalitat catalana lo que hasta entonces formaba parte de la caja común del Estado, tal y como le exigió la CiU que entonces dirigía el president catalán del momento, Jordi Pujol, a cambio de sus votos en el Congreso. Al sellado por PP y CiU se le llamó el Pacto del Majestic –porque se negoció principalmente en el Hotel Majestic de Barcelona– e incorporó la puesta en marcha de “un nuevo modelo de financiación autonómica” que se planteó solo porque Aznar necesitaba los votos nacionalistas para gobernar.
“Autonomía financiera y solidaridad”
Como el suscrito ahora entre el PSC y ERC, ese pacto también hablaba de “autonomía financiera y solidaridad” entre comunidades, pero por primera vez en la historia el texto recogió la posibilidad de Catalunya –y del resto de autonomías– a “participar en la regulación y gestión del impuesto sobre la renta de las personas físicas”. Hasta ese momento el IRPF únicamente había sido recaudado y gestionado por la Hacienda estatal, excepto en los casos de Euskadi y Navarra, las dos comunidades que cuentan con conciertos propios.
El acuerdo que ha permitido a Illa convertirse en president tiene previsto seguir la senda del Pacto del Majestic, según han explicado fuentes socialistas. Es decir, lo que se pacte para Catalunya será aplicable al resto de comunidades autónomas, por lo que todas las autonomías podrán acogerse a esa suerte de concierto acordado con los republicanos.
En el pacto de 1996 se dio la primera gran cesión del Estado a Catalunya y el resto de comunidades, solo porque Aznar necesitaba de los votos nacionalistas para llegar a la Moncloa, que es justo lo que constantemente se le reprocha a Sánchez por parte del PP: que al requerir de los apoyos de fuerzas nacionalistas e independentistas se logren acuerdos con esas fuerzas políticas. Los populares acusan al presidente del Gobierno de “vender” el país por sus intereses, aunque la dinámica es la misma que la de Aznar, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero e incluso Mariano Rajoy, que hicieron distintas concesiones a los partidos nacionalistas –principalmente trasladando competencias a Euskadi y Catalunya– para poder llegar o mantenerse en el poder.
“PP y CiU, dentro del nuevo modelo de financiación autonómica, se comprometen a atribuir a las comunidades autónomas una participación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a los residentes en sus respectivos territorios del 30% que se fijará en función de su nivel competencial y del volumen de recursos”, recogió el texto de hace 28 años.
Aznar también hizo otra concesión a los nacionalistas catalanes hasta entonces inédita, la cesión completa de seis grandes tributos: patrimonio, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones y Juego. “El PP y CiU se comprometen a promover e impulsar la atribución a las comunidades autónomas de capacidad normativa en los tributos cedidos. Esta atribución de capacidad normativa, que tendrá como objetivo reforzar el grado de corresponsabilidad del sistema, permitirá a las comunidades autónomas modificar y regular, con los límites que se acuerden, la normativa correspondiente a esos tributos”, se añadió.
El modelo “insolidario” que se planteó Feijóo
La pasada semana, desde el PP se llegó a tildar el acuerdo entre PSC y ERC de “corrupción política y económica”. “De materializarse, sería un acuerdo insolidario, que hay ciudadanos de primera y de segunda en función de la comunidad. Sería un ataque al resto de comunidades autónomas, rompiendo la multilateralidad y apostando por la bilateralidad solo con algunos”, dijo el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado.
Ese modelo “insolidario”, sin embargo, se lo planteó el propio Feijóo en 2016. Él habló directamente de un “concierto catalán” como el que ahora demoniza.
“No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tiene Euskadi y lo tiene Navarra. Eso es absolutamente cierto. También es cierto que en la discusión constituyente, pues, se llegó al acuerdo de que Catalunya no tuviese concierto. Ahora bien, es verdad que estas cosas se puedan cambiar y se puedan plantear y se pueden discutir, ¿no?”, dijo, ante el Círculo de Economía catalán hace ocho años, cuando él era el presidente de la Xunta de Galicia y se vivía uno de los momentos álgidos del procés independentista.
El jueves, justo después de que Illa fuera investido en el Parlament y tras la huida de Puigdemont, Feijóo mantuvo su mensaje: “Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y al final Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña. El espectáculo delirante de hoy lo demuestra. La indignidad es del Gobierno, pero no de España ni de los españoles. Vamos a recuperar todo lo que nos están arrebatando”.