La intervención del abogado que representa al Partido Popular revolucionó la segunda jornada del caso Gürtel. Jesús Santos solicitó la nulidad del proceso en el último episodio de una estrategia de sabotaje a la investigación que ha enfrentado a la formación de Mariano Rajoy con el mayor caso de corrupción de su historia.
La estrategia pasa por que sus dirigentes pidan públicamente perseguir a quienes se aprovecharon, según ellos, del Partido Popular, mientras los abogados de la formación se oponen en la Audiencia Nacional a cualquier iniciativa que arroje luz sobre el delito.
Las maniobras del Partido Popular fueron abortadas cuatro años después de que arrancara el caso por el juez Pablo Ruz, el mismo que no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional.
En un auto fechado el 26 de abril de 2013, el magistrado expulsó al PP de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse, en su lugar, a defender subrepticiamente a Bárcenas, el hombre que guardó hasta 2010 la llave de la caja del partido, una caja que según se había conocido tres meses antes rebosaba de dinero negro.
La publicación en el diario El País de la contabilidad paralela del partido, manuscrita por Bárcenas, motivó una querella de Izquierda Unida y otras organizaciones que desembocó en la apertura de una pieza separada del caso Gürtel. El PP acudió presto a personarse y Ruz lo rechazó. La formación de Rajoy pretendía ser acusación en el caso que investigaba su presunta financiación irregular y eso, según el magistrado, resultaba “incompatible”.
Estos antecedentes eran expuestos por Ruz en el auto de expulsión del PP antes de pasar a repasar el “recorrido procesal” de la formación política en el caso. El punto cuarto del auto de Ruz resulta un relato demoledor acerca de la connivencia del PP con algunos de los que se sientan hoy en el banquillo de los acusados.
El partido no ha tenido problema en reproducir esa connivencia cuando se ha adherido a la petición de nulidad de la causa planteada por la defensa del presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y otros acusados, entre ellos Luis Bárcenas.
El Tribunal Superior de Madrid, un aliado
Todo había empezado mucho antes, cuando el caso estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el aforamiento de tres diputados autonómicos del PP. Fue a principios de 2010 cuando las fiscales del caso pidieron al citado tribunal que expulsara al PP porque los hechos investigados podían terminar salpicándole. Pero el TSJM dijo que eso no era más que una “hipótesis” y rechazó expulsar al partido de la acusación popular.
“La sola pertenencia de alguno o de algunos de los imputados a la formación política en cuestión no es suficiente para establecer una relación necesaria de defensa o de apoyo procesal de tal o de tales imputados”, añadía la Sala.
El auto de expulsión de Ruz, de acuerdo con el escrito de Anticorrupción, trasluce el asombro que produce al juez y las fiscales la decisión que tomó en su momento el TSJM. Según recuerda Ruz, el PP se había opuesto a todas las prórrogas del secreto del sumario, un instrumento clave para poder garantizar el éxito de las investigaciones; insistía en que se le diera traslado de toda la documentación continuamente y se había opuesto a que el primer instructor en la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiera a favor del TSJ de Valencia.
Superado este obstáculo en el TSJM, el PP no cejó en su actitud. Y tuvo éxito. El juez Antonio Pedreira levantó la imputación de Luis Bárcenas y el TSJM, otra vez, respaldó su decisión. El PP, bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el magistrado. Fue a partir de finales de 2009, poco después de que Mariano Rajoy afirmara que “nadie podrá probar” que Luis Bárcenas no es inocente. El resto de las acusaciones populares se opusieron a la decisión de Pedreira, la Fiscalía se unió a éstas, pero el PP impugnó sus escritos. Corría septiembre de 2011.
El caso volvió a la Audiencia Nacional y Bárcenas y su esposa volvieron a resultar imputados ante el cúmulo de indicios contra ellos. Al PP no le resultó suficiente y volvió a recurrir esa imputación. En la alegación segunda de su escrito, “se manifiesta expresamente la coincidencia con los criterios expuestos por la representación procesal del señor Bárcenas, pretendiendo la nulidad de la resolución”, adujo Ruz en su auto de expulsión del PP.
El PP coincidió con Bárcenas en pedir la nulidad de la imputación. Era abril de 2012. El miércoles pasado, el PP coincidió con Bárcenas en pedir otra nulidad, esta vez la de todo el juicio del caso Gürtel, donde el partido figura como responsable civil, presunto beneficiario de 245.000 euros de la corrupción.
Desde que fue imputado, Bárcenas había sido representado por el bufete de Miguel Bajo, uno de los más caros de Madrid. El PP pagaba. Hasta que en abril de 2010, el Tribunal Supremo imputó a Bárcenas. O al menos, eso se pensó. El País publicó una contabilidad del PP según la cual el partido pagó desde 2009 y hasta 2011 265.000 euros a una sociedad de asesoría de la que era administrador único el letrado Miguel Bajo.
Hasta que Bárcenas decidió tirar de la manta. Dos semanas después de que El Mundo publicara Cuatro horas con Bárcenas, una confesión de veinte años de financiación irregular del PP, los abogados del extesorero presentaron su renuncia en la Audiencia Nacional por supuestas discrepancias con su cliente sobre cómo afrontar la defensa.
Desde el Gobierno
Esta estrategia jurídica del PP se complementó con otras actuaciones que trascendían las paredes de la Audiencia Nacional. En la oposición, el PP denunciaba que el Gobierno socialista estaba utilizando a funcionarios públicos para atacarle y convertir el caso Gürtel en una causa general contra el partido.
Cuando llegó al Gobierno, los instrumentos se multiplicaron. eldiario.es reveló que la Unidad de Asuntos Internos, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe de la UDEF sobre Ana Mato. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a decir que ese y otros informes no eran obra de la UDEF, sino de “elementos” que trabajaban en la UDEF, pero a las órdenes directas del juez.
El interés del Gobierno del PP por controlar la investigación policial se tradujo en continuos ceses y nombramientos de policías afines. La más sonada de las destituciones fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación.
Dos meses después, el juez Ruz se vio obligado a enviar una comisión judicial a la sede del PP en la calle Génova. La Policía y el secretario del Juzgado permanecieron 14 horas dentro buscando información que el partido se había negado reiteradamente a entregar al instructor. Esa diligencia pertenece a la pieza separada de la caja B, la que está previsto que llegue a juicio en 2017.