El presidente del PP de Ceuta, Juan Vivas, ha reubicado a su partido en las antípodas de Vox. Durante una intervención de calado similar a la que tuvo Pablo Casado en octubre del año pasado, cuando advirtió a los de Santiago Abascal de la distancia entre ambos –“no queremos ser como usted”– y a la que luego no ha dado continuidad. Vivas tendió el cordón sanitario que llevaba dos años rechazando trazar con la ultraderecha: “Cuando teníamos una invasión de 12.000 personas y había otras 15.000 dispuestas a entrar me sentí respaldado el presidente de la Nación, que la paró, y por todos los miembros de esta Asamblea, con una excepción, la de ustedes, que estaban en otra cosa: en incendiar Ceuta a mayor gloria de su populismo retrógrado y trasnochado”.
Aislada, la extrema derecha lleva semanas intentando trasladar a los ceutíes que “sólo queda Vox” frente a un contubernio “socialcomunista y promarroquí” con “quintacolumnistas” del país vecino que identifica en los musulmanes españoles de la ciudad, el 50% de su población. Con el consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris (PP), llamándole “sinvergüenza” y “fascista” levantado de su escaño, el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, se dirigió a la cámara desencajado chillando “¡este es el PP de Ceuta!”.
El Partido Popular de Ceuta ha vuelto, en realidad, a la posición que tenía en la campaña de las últimas elecciones autonómicas, cuando Vivas aceptó el reto de volver a ser su candidato tras cerca de veinte años de muy holgadas mayorías absolutas que por primera vez amenazaba el crecimiento exponencial de Vox, que ya se había hecho con el escaño de la ciudad en el Congreso y uno de los de la circunscripción en el Senado.
El 5 de mayo de 2019, Vivas proclamó: “Nosotros no queremos saber nada en cuanto a acuerdos con formaciones que utilizan el ámbito religioso en política”. Señaló a dos, a los localistas de la Coalición Caballas, “cuyos dirigentes sostienen que en Ceuta no existe convivencia y hay una sociedad partida por la mitad en la que una parte anclada en 1415 se dedica a someter al resto”, y a Vox, “que ha irrumpido con un discurso incendiario cargado de prejuicios que confunden y ofenden de manera absolutamente negativa para la estabilidad, el progreso y el avance de la ciudad”, advirtió “convencido” de que Génova no le ordenaría pactar con los de Santiago Abascal.
Vivas ganó tras los dos batacazos previos de su PP en elecciones generales ante el PSOE y Vox, pero se quedó en minoría obligado a pactar con uno de sus dos grandes contendientes. Como esperaba, Casado no le impuso compañía y, fiel a su compromiso, primero lo hizo con los socialistas, que aceptaron darle su apoyo a cambio de un puñado de asesores y cargos públicos y la gerencia de dos empresas municipales, entre ellas la Radio Televisión Pública (RTVCE). Vox no paró de insultarle: “Traidor”, “adicto a la mentira”, “sin escrúpulos”, “hipócrita”...
El desencuentro norteafricano sorprendía en la capital. El 7 de junio de 2019 la cúpula de Vox citó en Madrid a su líder en Ceuta, Juan Sergio Redondo, y a otros diputados electos. En una reunión con Ignacio Ansaldo y Tomás Fernández, este último recién llegado de una entrevista con Casado, inquirió a su cabecilla territorial: “¿Qué os pasa con Vivas?”. “A nosotros nada, qué le pasa a él con nosotros”, respondió Redondo, que justo después de las elecciones intentó captar a algunos diputados del PP que creía afines para descabalgar al presidente reelegido. Fracasó.
Su oportunidad para condicionar al PP de Ceuta llegó seis meses después, cuando Vivas, adalid de la moderación y el pragmatismo, que ya se había ganado una reprimenda de Génova cuando apoyó la reforma de la financiación autonómica de Zapatero porque favorecía a la ciudad, llegó a la conclusión de que el PSOE local no era “de fiar” (se negaba a aprobar las cuentas y se desmarcaba sin pactarlo con iniciativas como incluir en el calendario laboral la Pascua de fin de Ramadán) y viró a la derecha.
Sin más explicación, Vivas aprobó Presupuestos de 2020 con Vox, que quiso dejar su impronta haciéndose con el timón de RTVCE y cortando las subvenciones públicas a entidades que habían sido condecoradas hasta con la Medalla de la Autonomía como Enfermos Sin Fronteras, una oenegé dedicada a ayudar a pacientes marroquíes sin recursos, Mujeres Progresistas o Cardijn.
La ultraderecha exigió la Vicepresidencia Primera de la Cámara para garantizar un sueldo a su diputado policía nacional, Francisco José Ruiz, y proclamó en la Cámara regional una nueva era: “Estas cuentas son solo el comienzo de una nueva etapa de eliminación de cargos superfluos e inversiones innecesarias, el fin de los chiringuitos y la purga de los socialistas, un partido criminal desde su fundador”, anunció su portavoz, Carlos Verdejo, durante el debate de aprobación inicial del documento, que degeneró en la primera de muchas trifulcas parlamentaria de gritos, insultos y encontronazos a punto de llegar a las manos. “¡Esto son las junteras, Juan, las junteras!”, le reprochó al presidente el diputado socialista Eloy Verdugo, reputado sindicalista de la UGT.
Por aquel entonces el PP y Vox sumaban quince de los 25 diputados de la Asamblea (9 y 6), pero los segundos perdieron dos tras conocerse los mensajes que los ultraderechistas se cruzaban en Whatsapp repudiando la “mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas” que a su juicio había promovido el PP y lamentando que haya españoles que digan que tienen “que tragar moros por cojones”.
Aquellas conversaciones, todavía bajo investigación judicial por un presunto delito de odio y discriminación, dieron pie a la mayor manifestación de la historia reciente de Ceuta. El 28 de febrero de 2020, más de 6.000 personas se echaron a la calle desde el Príncipe hasta el centro exigiendo a Vivas que prescindiese de los “racistas”, cuya cercanía también abrió llagas en el PP y en su Grupo Parlamentario, en el que el presidente siempre ha procurado tener al menos un miembro de cada una de las cuatro comunidades culturales de la ciudad (cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes).
El Gobierno plegó velas, abjuró de expresiones como “violencia de género” y empezó a incluir en documentos oficiales alusiones cada vez más ofensivas hacia los migrantes y el país vecino. Desde la oposición, con el argumento de que cualquier salida sería mejor que permitir a Vox seguir condicionando al Ejecutivo local, el PSOE azuzó una moción de censura para la que sólo necesitaba convencer a uno de los diputados del PP. Según participantes en la operación, la intentona estuvo a un tris de triunfar, pero en el último momento la actual consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed, se echó atrás: “No he firmado ni firmaré una moción de censura contra el presidente y el Gobierno del PP. Nunca voy a traicionar a quienes han confiado en mí”, prometió en un vídeo.
El terremoto pasó, pero el malestar dentro del Gobierno y de la Junta Directiva del PP regional con Vox no dejó de crecer. A finales de verano empezó a aflorar. Los de Vivas censuraron en redes sociales (después borraron el tuit) que la senadora Susana Melero, cuya reprobación acabaron consintiendo en un Pleno por atacar a enfermos marroquíes en coma vegetativo ingresados en el Hospital, votase “contra Ceuta” sobre las tasas Tobin y Google.
Vox lo atribuyó a “el rechazo impetuoso del ala más progre del PP” a su formación y la secretaria general de los populares, Yolanda Bel, recogió el guante con gusto: “Me hacen un favor por dejar claro que somos como el agua y el aceite”. Fuera de los focos, en el PSOE, previa llamada de Ferraz, según distintas fuentes, se fue consolidando la idea de que “lo mejor para Ceuta” era volver a dar estabilidad al Gobierno y aislar a Vox. Durante algunas semanas se exploró cuál de las dos alianzas era más viable: “Susto o muerte”, dicen que se llegó a describir la disyuntiva en el seno del Consejo de Gobierno cuando la ultraderecha reclamó dejar sin ayudas a toda entidad musulmana.
“Vivas, por mucho que se le advirtió de los riesgos de la asimilación del PP a Vox”, explica un viejo amigo suyo, “creyó que era un Grupo exaltado susceptible de encauzar institucionalmente, pero se encontró a un cuarteto convencido de que la única solución para Ceuta es Abascal en la Moncloa construyendo un muro muy alto”.
La consejera de Hacienda, la hindú Kissy Chandiramani, y el secretario de Barriadas del PSOE, Juan Gutiérrez, empezaron a rehacer los puentes que Vox creía volados para siempre y que, sin embargo, a finales del año pasado, permitieron restablecer la alianza entre los dos grandes partidos de implantación nacional, que en 2001 ya se unieron también para sacar al GIL del Gobierno de la Ciudad como una operación de Estado.
“La patria no es de Vox, la patria es de todos los españoles y no se les puede discriminar ni excluir ni ningunear porque tengan otra religión, otra raza u otra cultura”, ha puesto pie en pared Vivas a escasos meses de que su partido decida, en el congreso que debe celebrar este año, si mantiene su línea ahora que ha anunciado que no volverá a presentarse en 2023, lo que según todos los analistas obligaría a la ultraderecha a obtener mayoría absoluta para hacerse con el Gobierno de la Ciudad, o se entrega a la facción más partidaria de acercarse a ella.
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