Las horas previas a la reunión a tres que mantendrán este jueves PSOE, Podemos y Ciudadanos están siendo protagonizadas por el cruce de acusaciones entre estos dos últimos partidos. La última, este miércoles durante el Pleno en el Congreso en el que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha explicado la decisión adoptada por la UE ante la crisis de los refugiados sirios y la posición que ha mantenido España.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado su turno para acusar a Podemos de financiación ilegal desde la tribuna del Congreso. Desde su escaño le ha respondido por alusiones Íñigo Errejón. Después, ha sido el portavoz del PP, Rafael Hernando, el que ha utilizado las palabras de Rivera para lanzarse contra Podemos y, de paso, contra Ciudadanos.
Albert Rivera ha arremetido durante su turno contra Pablo Iglesias, al que ha acusado de mezclar en su intervención el derecho de asilo con la Ley de Extranjería. Iglesias, previamente, había acusado a Ciudadanos de atacar los derechos humanos por su posición sobre el derecho a la sanidad de las personas en situación irregular en España.
“Yo no sé dónde ha estudiado usted Derecho. Yo en Barcelona y en Helsinki. Usted ha dado clases con esa fundación de Venezuela. (...) Allí es distinto el concepto de derechos humanos. (...) A ver si es verdad que usted defiende los derechos humanos en todo el mundo, donde tiene gente que le financia su partido”, ha asegurado Rivera, en referencia a las informaciones sobre los trabajos hechos por el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) para gobiernos latinoamericanos como Venezuela y que se utilizan para aseverar una supuesta financiación de otros países a un partido político español, algo que prohíbe expresamente la ley.
El portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, ha utilizado el turno de alusiones para responder desde su escaño a las acusaciones de Rivera. Errejón, como hizo el martes, ha recordado que el Tribunal Supremo ha archivado dos querellas distintas por financiación ilegal de Podemos y que la Fiscalía del alto tribunal ha desestimado el conocido como Informe PISA, supuestamente realizado por una difusa “inteligencia” policial y en el que también se acusa a Podemos de financiación irregular. Dicho informe fue publicado por diversos medios cuando comenzó a hablarse de un posible pacto con el PSOE.
Errejón ha reprochado a Rivera que acuse a Podemos de cometer un delito que está tipificado como tal en la ley y le ha pedido “valentía” para, si tiene pruebas sobre lo que ha dicho, vaya a los tribunales a denunciarlo.
Desde hace años, diversos medios de comunicación han publicado informaciones sobre las colaboraciones y trabajos que CEPS ha realizado para gobiernos latinoamericanos, entre ellos Venezuela o Bolivia, y por los que cobraba. La primera vez, en 2014, justo después de las elecciones europeas de 2014. Y las últimas, esta misma semana, cuando la cifra del dinero supuestamente pagado por Venezuela a CEPS ha aumentado hasta rozar los ocho millones de euros.
Las informaciones relacionan los pagos a CEPS con el nacimiento y la financiación de Podemos. Destacados dirigentes del partido nacido en enero de 2014 colaboraron con CEPS y algunos de los principales, como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Luis Alegre, formaron parte del patronato de la fundación y realizaron parte de los trabajos de asesoramiento que los gobiernos latinoamericanos contrataban a CEPS.
Es además público que dirigentes o exdirigentes de Podemos como los mencionados o Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero también han colaborado en el pasado con Venezuela o Bolivia. Y así lo han reconocido ellos mismos. El enfrentamiento que Monedero tuvo con la Agencia Tributaria y que terminó con el exresponsable de Programa del partido presentando su dimisión estuvo relacionado precisamente con el cobro de unos trabajos de asesoramiento que hizo para los países del ALBA por la puesta en marcha de una moneda común. CEPS también ha reconocido la realización de esos trabajos.
Las últimas informaciones aparecidas esta semana, horas antes de la reunión entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, recuperan un documento supuestamente firmado por el expresidente venezolano Hugo Chávez en el que da su visto bueno a proseguir la contratación de CEPS. El informe repasa el dinero abonado entre 2003 y 2007 y pide permiso para ampliar dicha colaboración hasta 2011 por un total que sumaría cerca de cuatro millones de euros.
Podemos nació en enero de 2014 y no se registró como partido hasta abril de ese mismo año.
El documento cita expresamente a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge, profesores por entonces de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, a quienes se les propone para participar en programas de televisión en Venezuela porque “representan una escuela de pensamiento de avanzada revolucionaria. Aliados naturales de la revolución bolivariana”.
Verstrynge, que ha sido uno de los principales asesores externos de Podemos desde su fundación, ha negado haber cobrado dinero del Gobierno venezolano. El que fue número dos de Manuel Fraga en Alianza Popular como secretario general del partido que se convirtió luego en el actual PP ha publicado una nota en su cuenta de Twitter en el que acusa de “guerra sucia” a las “instituciones del Estado” que puedan haber filtrado esta información.
En este mismo sentido, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado al Ministerio del Interior de “dosificar filtraciones” sobre la supuesta financiación irregular del partido. Echenique ha asegurado que “va contra el Estado de Derecho y es de una calidad democrática muy baja” que el partido en el Gobierno utilice las instituciones del Estado, informa Europa Press.
“Las asesorías que hayan podido hacer algunos profesores que forman parte de Podemos en estos momentos a determinados países de América Latina no implica que pensemos que las políticas de estos países tengan nada que ver con las que hay que hacer en España”, ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope.
Precisamente este martes el Congreso ha constatado la existencia de una 'policía política' al servicio del PP, tal y como adelantó eldiario.es.