El PP congela los recursos por la amnistía mientras intenta romper la mayoría del Gobierno con Junts y el PNV

Aitor Riveiro

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“Tras la publicación de la amnistía, el señor Sánchez le resulta cada vez más inútil al independentismo”. Así marcó este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante sus barones la estrategia que seguirá su partido en las semanas que quedan hasta que termine el curso político. La dirección nacional y los barones autonómicos, que habían competido por liderar titulares contra la amnistía, echan ahora el freno a los anunciados recursos ante el Tribunal Constitucional. El nuevo objetivo: desbaratar la endeble mayoría que sustenta al Gobierno con leyes apoyadas por las derechas independentistas.

La entrada en vigor de la ley de amnistía este lunes vino precedida de meses de duras declaraciones por parte tanto del líder nacional del PP como de los presidentes autonómicos. Todos entraron en una competición por ganar los titulares sobre los posibles recursos legales contra la norma. Hubo incluso quien anunció desde su puesto del Ejecutivo autonómico que el parlamento regional también iba a acudir al Constitucional. 

Pero llegado el momento, el PP ha echado el freno. Fuentes tanto de la dirección nacional como de los diferentes gobiernos autonómicos confirman que no hay fecha para interponer los recursos de inconstitucionalidad. De hecho, las mismas fuentes aseguran que no existe una coordinación sobre cómo y cuándo hacerlo. 

Los recursos que tan evidentes eran ahora hay que prepararlos bien. “No pueden ser de chichinabo”, dijo el martes un presidente autonómico en la puerta de Génova antes del Comité Ejecutivo. Este mismo miércoles, la presidenta madrileña anunció que su Gobierno ha decidido interponer el recurso “en el plazo de tres meses”. Es decir, el plazo que marca la ley. 

En el PP dicen no tener prisa por registrar los recursos porque quieren esperar a ver qué dicen los tribunales. Los diferentes jueces que instruyen o tienen pendientes de juzgar causas relacionadas con el procés ya han iniciado los procedimientos para comenzar a aplicar (o no) la ley. En Génova quieren ver cómo plantean las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, e incluso ver si da tiempo a que este responda.

Romper la mayoría del Gobierno

Feijóo apenas mencionó la amnistía en su discurso del martes ante los barones del PP, apenas 24 hora después de su publicación. El líder del partido optó por presumir del resultado en las elecciones del domingo, que ganó al PSOE por cuatro puntos de ventaja. Dijo eso sí, que la aplicación de la amnistía “no va a ser coser y cantar”, en alusión a los jueces y fiscales que rechazan aplicarla al entender que los delitos de malversación no encajan en el texto, la tesis que vienen sosteniendo los cuatro fiscales del Supremo que defendieron la acusación contra los líderes del procés. Pero más que hacer hincapié en su triunfo del 9J este martes en el hemiciclo, lo hizo en advertir a los socios del Gobierno de coalición de lo mal que, en su opinión, les va al lado de Pedro Sánchez.

El líder del PP tuvo palabras para Yolanda Díaz, antigua enemiga en Galicia. Pero no solo. “Apoyar al señor Sánchez no les ha servido para nada porque baja el PSOE, baja Junts, baja Esquerra, baja el PNV y, por supuesto, Sumar”, dijo. “Le han comprado el discurso al PSOE en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral”, añadió.

No es la primera vez que Feijóo lanza este mensaje, que tiene como principal objetivo al PNV y a Junts. A ambos intentó convencer, sin éxito, para apoyar su investidura. Y con ambos podría contar para una moción de censura que Feijóo planteó como posibilidad hace solo un par de semanas y que el PP no termina de descartar.

La intención declarada del PP es quebrar la endeble mayoría que sostiene al Gobierno. Lo intentó varias veces desde la investidura de Sánchez. Y lo ha empezado a conseguir con la ley de amnistía ya encarrilada.

Feijóo recordó a sus barones que comenzaron la campaña de las europeas “rompiendo en varias ocasiones la votación y haciendo perder al Gobierno en sucesivas votaciones en el Congreso”. Si en enero el Ejecutivo de coalición salvó ‘in extremis’ la convalidación de dos reales decretos ley, así como otras votaciones clave, en las últimas semanas la alianza entre Junts y el PSOE se está resquebrajando.

El PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para admitir a trámite algunas leyes contrarias a las políticas que ejerce el Gobierno. Y las posibilidades de verlas finalmente aprobadas aumentan con el tiempo.

De hecho, según las cuenta del propio PP, hasta 14 proposiciones de ley presentadas por su partido están en trámite en el Congreso o en el Senado. Algunas hace ya bastantes meses, como una contra la ocupación que Junts apoyó. Otras más recientes, en pleno maratón electoral. Pero también esta misma semana, tras el 9J.

El martes, el Congreso admitió una proposición para aumentar las penas a los delitos leves de hurto y estafa. El PSOE votó a favor, aunque el discurso que defendió en la tribuna de oradores era contrario al texto presentado por el PP. En la Cámara todo el mundo dio por hecho que el voto fue favorable para no perder.

Con todo, el PSOE y Sumar tienen mecanismos para retrasar, e incluso impedir, la aprobación de estas leyes. El Congreso tiene siempre la última palabra, y la Mesa puede ampliar ‘sine die’ el plazo de enmiendas y bloquear su tramitación. Es lo que denuncia el PP que están haciendo con una quincena de “leyes Feijóo”, tal y como las llaman.

Pero el Gobierno tiene un problema mayor: no dispone de los apoyos para sacar sus propias leyes. Antes de las elecciones europeas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se vio obligada a retirar la reforma de la ley del suelo ante la imposibilidad de que fuera admitida a trámite.

Algo que podía volver a ocurrir este mismo jueves, y que el Gobierno ha salvado 'in extremis'.

El Congreso debate y vota el inicio de la tramitación de la ley que creará la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A. Junts había presentado contra este proyecto una enmienda de totalidad que, si recibía el apoyo del PP y de Vox (que tenía una propia), sería aceptada y, por lo tanto, tumbaría el texto del Gobierno.

Al filo de las nueve de la mañana de este jueves, Junts ha anunciado que retira la enmienda, lo que prácticamente salva el proyecto del Gobierno ya que la otra no recibirá el apoyo mayoritario del Congreso. El anuncio se ha hecho apenas un cuarto de hora antes de que se iniciara el Pleno que debatirá las enmiendas a un proyecto que el Gobierno había sopesado retirar para no encadenar una nueva derrota parlamentaria a las anteriores.

Justo a continuación se vota la prórroga de la limitación de desahuciar de su hogar a personas vulnerables, una herencia del escudo social que se levantó por el anterior Gobierno durante la pandemia. El real decreto-ley se aprobó el 14 de mayo, por lo que el plazo para que el Congreso le dé el visto bueno termina el 14 de este mes. Fuentes parlamentarias aseguran que Junts también apoyará esta convalidación.

El Gobierno salva así otro jueves de votaciones parlamentarias, pero a costa de que Junts haya puesto de manifiesto una vez más su debilidad, justo cuando se está decidiendo la gobernabilidad de Catalunya.