El PP considera que en España “no existen las macrogranjas”

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos, ha asegurado este lunes que en España “no existen las macrogranjas” porque no hay una sola explotación con más de 10.000 cabezas de ganado y ha defendido cualquier tipo de instalación industrial que cumpla la normativa medio ambiental.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en Palencia en la que ha anunciado que el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos, en defensa de la agricultura y la ganadería y pidiendo el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones en una entrevista en el diario británico The Guardian sobre este tipo de explotaciones.

El término macrogranja, sin embargo, no es oficial y alude a una explotación muy grande de ganadería intensiva. En España hay, por ejemplo, 2.100 explotaciones de tipo III de ganadería porcina. Cada una de ellas puede tener hasta 5.500 ejemplares de cebo y 750 destinados a la reproducción, una cantidad que incluso puede aumentar al 20% en función de los permisos autonómicos.

La normativa obliga a las grandes explotaciones a reportar sus emisiones de metano en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Transición Ecológica (PRTR), como explica esta investigación de Datadista publicada en elDiario.es. Y allí aparecen todas esas explotaciones, que sumaron 99 millones de kilos de metano liberados al aire en 2020.

El PP, de este modo, cifra en 10.000 cabezas de ganado el mínimo para que una explotación se considere 'macrogranja' sin que ese número conste en ningún documento oficial. “Las macrogranjas no existen en España porque la regulación nacional y la europea limitan el número de cabezas por explotación”, ha afirmado en esta línea la diputada palentina, que ha defendido las explotaciones ganaderas “bien dimensionadas” porque “generan empleo, son rentables y permiten innovar y competir”.

En este sentido, ha afirmado que los ganaderos cumplen la normativa nacional y europea que regula la evaluación de impacto ambiental y sanitaria y que es el Gobierno de España el que tiene que regular, “como considere”.

Marcos ha considerado que las declaraciones de Garzón sobre la carne afectan a “36.000 explotaciones ganaderas” y a “70.000 empleos directos” solo en el sector primario en Castilla y León, una comunidad donde la industria cárnica genera “2.300 millones de euros” al año. “Es competencia del ministro de Agricultura controlar las explotaciones ganaderas y regularlas y del ministerio de Consumo controlar la calidad de los alimentos”, ha afirmado.

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha criticado “el desconocimiento y la falta de criterio” del Gobierno y ha lamentado que los ganaderos “estén pagando el pato de sus mentiras, porque no hay carne de mala calidad ni animales maltratados en España”.

Estas declaraciones de la diputada del PP forman parte de la polémica que arrastran desde la semana pasada las declaraciones del ministro Garzón en The Guardian, en las que criticó a estas macrogranjas por sus efectos contaminantes sobre el suelo y el agua, así como sobre la calidad de la carne que producen. En esa misma conversación, el ministro de Consumo defendió la ganadería extensiva.

Precisamente fue otro dirigente del PP, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien azuzó la polémica al adjuntar un fragmento descontextualizado de esa entrevista en un tuit y acusar al ministro por atacar al sector. “Es reincidente en sus ataques a la ganadería”, dijo. Posteriormente, el presidente del partido, Pablo Casado, se sumó a las críticas: “Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país”.

Las críticas al ministro no se quedaron en el ámbito de la derecha -Vox también pidió la dimisión de Garzón-, incluso dirigentes socialistas, como el presidente aragonés, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, censuraron sus palabras y le exigieron que rectificase o renunciase. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la polémica y ha puesto en valor la calidad de la carne que exporta el sector ganadero español.