La influencia que desde hace tres años ejerce la extrema derecha de Vox en todas las actuaciones del Partido Popular –en el marco de la batalla que mantienen ambas formaciones por el mismo electorado– ha terminado por consolidar en la dirección de la principal fuerza de la oposición el mismo revisionismo histórico sobre la dictadura franquista y la Guerra Civil que reivindica el partido de Santiago Abascal.
El líder del PP, Pablo Casado, equipara ya públicamente el franquismo con la democracia de la II República, evita cuestionar a quien niega que en 1936 los militares sublevados dieron un golpe de Estado y se ha comprometido a que, si alguna vez llega a la Moncloa, derogará todas las leyes de Memoria Histórica –la última de ellas, aprobada este martes por el Consejo de Ministros–, una decisión que ni siquiera se planteó su propio partido en el pasado reciente, cuando Mariano Rajoy gobernaba el país con mayoría absoluta.
La evidencia más reciente de esta deriva de la actual dirección del PP se dio el lunes, apenas 24 horas antes de que el Gobierno progresista diera luz verde a la ley que busca impulsar las exhumaciones de las fosas en las que fueron arrojadas las víctimas de la Guerra Civil o que castiga la apología del franquismo. Casado protagonizó en Ávila una mesa redonda sobre Concordia, Constitución y Patriotismo, enmarcada en las jornadas de preparación de la Convención Nacional de los populares –en la que Génova 13 pretende relanzar su proyecto político–, que se convirtió en una conferencia a favor del revisionismo de lo sucedido hace 85 años y de frontal oposición al reconocimiento y reparación de las atrocidades de la dictadura.
El líder del PP invitó para su charla a dos exministros, Rafael Arias Salgado, que fue titular de Fomento durante el primer Gobierno de José María Aznar, y a Ignacio Camuñas, ministro durante el primer Ejecutivo democrático de Adolfo Suárez, que precisamente fue uno de los fundadores de Vox, aunque poco después dejó el partido extremista. Durante el coloquio, el primero llamó “hijo de puta” al primer ministro holandés, Mark Rutte, mientras el segundo ofreció su particular teoría sobre la Guerra Civil: “El principal responsable de la Guerra Civil fue el Gobierno de la República”, dijo, después de asegurar que “lo que pasó en 1936 no fue un golpe de Estado”.
Sin detalles sobre la Ley de Concordia
Casado, a su lado, no solo no hizo ningún ademán por corregir al exministro sino que, una vez que Camuñas y Arias Salgado terminaron sus intervenciones, el líder de los populares espetó: “¡Qué lujo de discursos!”. Al líder del PP se le vio cómodo durante todo el coloquio en el que él también quiso remarcar que no comparte la apertura de fosas, ni la recuperación de los restos de las víctimas del franquismo, ni la resignificación del Valle de los Caídos, así como tampoco la censura de la apología de la dictadura, todas ellas medidas recogidas en la ley de Memoria aprobada este martes por el Gobierno.
Si alguna vez llega a la Moncloa, Casado dejó claro el lunes que su Gobierno impulsará la derogación de esa normativa y la sustituirá por una Ley de Concordia, anunciada hace ya tres años por el propio líder del PP, pero que el partido sigue sin concretar.
Lo único que se conoce de ese texto, según las propias palabras de Casado, es que buscará crear un “compendio que toca educación, espacio público y este tipo de cuestiones”, en alusión a la regulación de símbolos como las banderas. El pasado 3 de noviembre, el presidente de los populares anunció ante su Comité Ejecutivo Nacional –que reúne al medio centenar de integrantes de la dirección de la formación conservadora– que, antes de que finalizara el 2020, el PP registraría en el Congreso de los Diputados ese proyecto de ley que a día de hoy, ocho meses después del anuncio, sigue sin presentarse.
El acto del lunes de Ávila causó un enorme revuelo político por su componente negacionista de la Guerra Civil y la dictadura que el PP se negó a rectificar este martes pese a las críticas de todos los partidos de izquierdas y nacionalistas. Preguntada en concreto por si Casado debía haber corregido a Camuñas por sus palabras sobre el golpe de Estado de 1936 –en las que el exministro se reafirmó este martes, en una entrevista en Cuatro–, la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, se limitaba a dar la siguiente contestación: “El presidente del PP ha sido siempre muy claro y muy rotundo sobre la Guerra Civil. Este partido, en 2002, con mayoría absoluta, promovió y respaldó una resolución que condena la Guerra Civil y que establece muy claramente el marco de lo que pasó en ese momento en España. El PP no se ha movido un ápice desde entonces”.
Gamarra evitó contradecir al exministro de la UCD que sostuvo que la Guerra Civil la provocó el Gobierno de la República y que negó el golpe de Estado, y se refirió a una resolución, aprobada hace 19 años por unanimidad en una comisión del Congreso, en la que el PP por primera vez condenó el levantamiento militar del posterior dictador Francisco Franco y el resto de militares rebeldes, en contra de la democracia de la II República.
Este miércoles, a primera hora, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quiso en cambio recalcar que su formación política “condena sin ambages la dictadura franquista”. Y sobre las palabras de Camuñas, dio la siguiente explicación: “Hay muchas personas que no son del PP que están participando en esas conferencias. En un foro, libremente, todo el mundo puede decir las opiniones que quiera. Se podrá estar o no de acuerdo con ellas […] No hay ningún silencio del PP. Condenamos sin ambages la dictadura franquista”, ha zanjado, en una entrevista en RNE.
“Democracia sin ley” frente a “ley sin democracia”
Pero el propio Casado, en las últimas semanas, se ha descolgado de ese marco pactado en la resolución de hace casi dos décadas citada este martes por su portavoz parlamentaria y de la condena del franquismo citada por Maroto. A principios de mes, el líder del PP realizó un guiño a Vox al hablar de la Guerra Civil con una reflexión inédita en la que equiparó el régimen democrático de la II República con el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista. El conflicto fue, a su juicio, “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”, una afirmación refutada por completo por distintos historiadores que reprocharon entonces a Casado su falta de rigor, además de acusarle de justificar el golpe de Estado con el que dio comienzo la contienda.
No es la primera vez que Casado trata de deslegitimar la democracia de la II República. En 2009, el ahora líder del PP utilizó la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, reírse de la izquierda y llamarle “carca” porque “está todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién”.
Génova 13 ha decidido radicalizarse para intentar parecerse más a Vox, siguiendo así la línea de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que con un discurso similar al de la extrema derecha arrasó en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo. Casado y su equipo creen ahora posible lograr superar a la izquierda en las urnas cuando haya elecciones, tal y como han empezado a reflejar algunas encuestas. Para ello han adoptado esa nueva estrategia que les ha llevado a sumarse al revisionismo histórico de la extrema derecha sobre la Guerra Civil, a romper por primera vez el consenso institucional sobre las víctimas del terrorismo o a pedir la dimisión de Sánchez por los recientes indultos a los dirigentes independentistas ante la presión de Abascal, que les exige una moción de censura.
Esa línea más derechista es la que defenderá el equipo de Casado este miércoles en el Parador de Gredos (Ávila), a donde trasladará la reunión del máximo órgano entre congresos del PP, la Junta Directiva Nacional, para celebrar que “se cumplen tres años de la presidencia de Casado” después de su triunfo en el XIX Congreso del 21 de julio de 2018. Génova 13 cree que su “alternativa al sanchismo está consolidada” porque, “de celebrarse elecciones generales, todas las encuestas dicen que Casado sería presidente del Gobierno, siendo la unión del voto de centroderecha una realidad”.