“Populismo punitivo”, “paripé”, “reforma electoralista”, “dureza desproporcionada”, “recorte de derechos y libertades”... Son algunas de las expresiones que han utilizado los grupos de la oposición para definir la reforma del Código Penal que ha impulsado el Gobierno. La implantación de la prisión permanente revisable, la eliminación de las faltas y la tibieza en las medidas de lucha contra la corrupción han sido los aspectos más criticados durante el debate en la Comisión de Justicia del Congreso.
La oposición ha coincidido en el rechazo a la prisión permanente revisable porque “encubre la cadena perpetua” y consideran que se aleja del objetivo de las penas de cárcel, que es la reinserción. “Los mecanismos para la revisión están diseñados para hacerla inviable e ineficaz”, ha denunciado el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto. El PSOE ha calificado de “vergüenza” esa medida y CiU ha planteado “dudas sobre su constitucionalidad”.
En cuanto al cambio relativo a la libertad condicional -que prevé que el reo que cometa un delito mientras disfruta de ese beneficio penitenciario cumpla la pena desde que se le concedió- es otro de los puntos de rechazo. El PSOE ha recordado que el cumplimiento de la libertad condicional es parte de la condena.
El endurecimiento generalizado de las penas ha recibido el rechazo de la mayoría de los grupos. “El PP quiere resolver con represión lo que no puede resolver invirtiendo en prevención”, ha denunciado el portavoz del PSOE, Julio Villarrubia. Los parlamentarios han recordado que España tienen los índices de criminalidad de la UE mientras que las tasas de población penitenciaria son de las más elevadas. Así, no ven necesario incrementar los tipos punitivos.
En esa misma línea, la oposición ha rechazado la eliminación de las faltas. “Volvemos al incremento de la penalidad ante la misma conducta”, ha señalado el diputado de CiU Antonio Picó, que ha recordado que de las 39 faltas que actualmente recoge el Código Penal solo 14 serán suprimdas. Muchas se convertirán en delitos y otras se tramitarán por la vía civil, lo que para la oposición es una traba al someterse a las polémicas tasas judiciales y a la necesidad de contar con abogado y procurador para su tramitación.
Los grupos consideran que hay una “desproporción” en el endurecimiento de las penas así como en la conversión de algunas faltas en delito. “Hay una desproporción enorme en la idea de un Gobierno que pretenda que haya mayor reproche penal para una persona que haya robado una canica que para un defraudador fiscal que haya regularizado millones de euros”, ha ejemplificado el diputado del PSOE Pablo Martín.
Tibieza frente a la corrupción
Frente al endurecimiento generalizado de las penas, algunos grupos han denunciado la tibieza de las medidas para castigar la corrupción. “Nos soprende la rebaja de algunos tipos penales relacionados con la corrupción”, ha señalado CiU. UPyD ha lamentado que el PP haya rechazado sus enmiendas sobre financiación ilegal de partidos y de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. Así, Rosa Díez considera que esos dos aspectos han sido regulados “de forma muy poco ambiciosa y respondiendo de manera muy tenue a una demanda de regeneración”.
“Esta nueva regulación no castiga explícitamente conductas nuevas sino que convierte el reproehce administrativo en reproche penal”, ha explicado Díez, que ha señalado que el nuevo Código Penal supondrá un avance pero ha recordado que no tipificarán irregularidades como las “cajas B” de los partidos o la evasión de dinero al extranjero.
“Criminalizar a la PAH”
La criminalización de algunas conductas, como los escraches, también ha sido objeto de crítica por parte de la oposición. El más beligerante ha sido Joan Tardá, que ha advertido de que la reforma “pone en peligro el derecho a la libertad de expresion, informacion y reunión pacifica”. “Introducen nuevos delitos y aumentan las penas contra los manifestantes”, ha expresado Tardá.
“Se podría castigar la misma resistencia pacífica, como puede ser una sentada, incluso con penas privativas de libertad”. El PP pretende que los escraches más graves se consideren delitos de terrorismo. “Esta es una medida que pretende criminalizar la PAH”, ha resumido tras criticar el aumento de los castigos para la ocupación.
El PSOE solo ha destacado un aspecto positivo de esta “reforma exprés”: que el PP haya desistido en su intento de aumentar los delitos a los que se aplica la libertad vigilidad, que en la ley vigente se limita a los terroristas y agresores sexuales. “Es lo más positivo que han hecho el Gobierno y el PP en toda la tramitacion. Si quisiera ser igual de brillante retiraría toda la reforma”, ha afirmado el diputado socialista.
El PP entiende que el rechazo de todos los grupos se debe a la “cercanía electoral”: “A pesar de la mejora del texto, se ven obligados por criterios de oportunismo político a seguir mostrando rechazo a esta reforma”, ha expresado el dputado conservador José Miguel Castillo.