El PP ha acabado con la justicia universal. Lo ha hecho en menos de un mes a través de la presentación de una iniciativa parlamentaria para modificar la ley orgánica del Poder Judicial que se ha debatido en escasas dos horas en el Congreso. La mayoría absoluta del partido de Mariano Rajoy ha rechazado las enmiendas de la oposición, que ha rechazado en bloque la limitación de la jurisprudencia universal, y ha permitido sacar adelante la iniciativa registrada a finales de enero.
Con este cambio legislativo, los tribunales españoles no podrán perseguir delitos contra la humanidad como lo habían hecho hasta ahora, sino que se establecen limitaciones: solo podrán hacerlo si entre las víctimas hay españoles, si son ellas o la Fiscalía quienes denuncien los hechos y si los perpretadores de los crímenes tienen nacionalidad o residencia en España.
La oposición ha acusado al PP de ceder ante el chantaje del Gobierno chino así como de los empresarios de la potencia asiática. El cambio de la ley se produce poco después de que la Audiencia Nacional imputara a varios exdirigentes chinos -entre ellos un expresidente y un exprimer ministro- por el genocidio del Tíbet.
“No les importa dinamitar el proceso porque han recibido órdenes de China”, ha expresado el portavoz de ERC, Joan Tardá. Gaspar Llamazares, que ha intervenido en representación de IU, ha señalado que es “humillante el papel del Gobierno porque paga con esta ley la foto con Obama y de los empresarios chinos que se niegan a reunirse” por la investigación de la Audiencia. “Favorece la impunidad de los genocidas, los tiranos, los mafiosos y los corruptos- ha señalado Irene Lozano, de UPyD- sus amigos los gobernantes chinos reúnen esas cuatro cualidades”.
El PSOE ha cargado contra el recorte en derechos y libertades que está acometiendo el PP, así como porque supondrá un incumplimiento de tratados internacionales. Toda la oposición ha criticado, además, que esta iniciativa se haya tramitado por la vía de urgencia, un proceder que han calificado de “despropósito” y “fraudulento”. Así, han señalado que el Gobierno ha tramitado esta iniciativa a través del grupo parlamentario popular para evitar los informes jurídicos que el Ejecutivo tiene que solicitar al CGPJ y al Consejo de Estado a la hora de legislar. “Se evita los necesarios informes”, ha señalado la nacionalista gallega Idoia Fernández.
El PP se ha defendido asegurando que el trámite parlamentario por la vía de urgencia se ha utilizado en muchas otras ocasiones y ha recordad algunos de los casos en los que los socialistas lo emplaron. El diputado José Miguel Castillo ha asegurado que la propuesta del PP es “realista”: “Con nuestra proposición se incluirá todo lo que se pueda juzgar. Sin demagogias ni cuentos chinos”. El diputado popular ha insistido en que “no corresponde a un estado en particular restablecer el orden contra todos y en cualquier parte”.
La propuesta aprobada por el PP permite que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada. Los delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.
“Los requisitos que establece son de imposible cumplimiento”, ha expresado Llamazares, para quien esos criterios son los que ya abarca la propia justicia penal española. “Es muy improbable que la víctima denuncia, porque en muchos casos ya no está”, ha apuntado antes de advertir de que la Fiscalía va a seguir los pasos del Gobierno en esos casos.
La aprobación de este cambio legal tiene un carácter retroactivo, es decir, que implica el archivo de todas las causas que actualmente tramitan los tribunales en base al principio del derecho universal. “La búsqueda de la exclusión y el archivo de las causas conduce a inseguridad jurídica”, ha advertido el diputado socialista Julio Villarrubia. En esa misma línea, Llamazares ha señalado que el “carácter retroactivo es un escarnio para las víctimas”. “Hay muchas personas inocentes que hoy se removerán en sus tumas”, ha dicho el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
En concreto, la modificación de esta ley paralizará doce procesos abiertos por la Audiencia Nacional: al del genocidio en el Tíbet, China asume otra investigación contra el líder Jia Qinglin por torturas y genocidio tras una denuncia presentada por el grupo Falun Gong. También se investigan genocidios en Guatemala -a raíz de una denuncia interpuesta por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú-; en Ruanda, por el asesinato de unos cuatro millones de personas; y en el Sáhara por la desaparición de 542 personas desde que España se retiró del territorio en 1975. El juez Ismael Moreno también dictó órdenes de extradición de cuatro nazis por el Holocausto judío.
Otro de los casos que se dejará de investigar tras esta aprobación es el asesinato en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso, a quien dispararó el ejército americano en abril de 2003. El juez Santiago Pedraz ha emitido órdenes de extradición de tres soldados implicados en la muerte, pero Estados Unidos no ha respondido. Pedraz informó recientemente de la negativa al Gobierno de Rajoy. La familia de José Couso ha manifestado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tras el cambio legislativo que paralizará la investigación.
También se investigan los vuelos de la CIA que hicieron parada en España cuando tenían detenidos a presuntos terroristas, el asesinato de un diplomático español a manos de la dictadura de Pinochet o el asesinato de jesuitas en El Salvador. Los ataques a la flotilla de la libertad en Gaza y a un campo de refugiados iraníes en Irak son otras de las causas que se archivarán.