Recursos ante los tribunales, recogidas de firmas, movilizaciones callejeras y mociones en todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Junto a las otras dos derechas –Vox y Ciudadanos–, el Partido Popular de Pablo Casado ha desplegado contra los indultos a los líderes independentistas una ofensiva idéntica a la que puso en marcha su predecesor al frente de los 'populares', el expresidente Mariano Rajoy, durante la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese caso la guerra sin cuartel fue en contra del Estatut catalán y la negociación entre el Estado y ETA. Entonces la estrategia no solo resultó fallida para los intereses de los populares –el PP perdió las elecciones de 2008 y cambió sus mensajes haciéndolos más centristas y alejados de la bronca permanente–, sino que, además, impulsó el independentismo en Catalunya, donde hoy el PP es una fuerza residual, con solo tres escaños de los 135 que componen el Parlament surgido de las urnas el pasado 14 de febrero.
Las cuatro millones de firmas presentadas por el PP contra el Estatut y, sobre todo, el posterior recurso interpuesto por el partido conservador contra el texto ante el Constitucional, que en 2010 anuló 14 artículos de la máxima norma catalana –quitando validez jurídica al término nación– que había sido aprobada por el Parlament, Las Cortes españolas y ratificada por referéndum por los catalanes –con un apoyo de más del 73%–, se consideraron el germen del procés independentista que ha marcado la política catalana en la última década.
Numerosos dirigentes 'populares', entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o el exlíder del PP catalán y actual alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, reconocieron posteriormente errores en la actuación de su partido contra el Estatut, que derivaron en la crisis abierta en Catalunya. “Votar contra el Estatut quizá fue un error”, llegaba a admitir Aguirre en 2015, en una entrevista en La Vanguardia. El propio Casado criticó en la reciente campaña electoral catalana la actuación de Rajoy ante el referéndum independentista de 2017. “Yo el 1-O [el 1 de octubre de 2017] era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando en Catalunya porque no estaba de acuerdo con los que decían que allí se estaba votando de forma homologable ni con los que decían que no se estaba votando nada”, afirmó el hoy líder del PP.
Como hace 15 años, el único objetivo del plan puesto en marcha ahora desde Génova 13 es desacreditar a un Ejecutivo progresista –que hace 15 años era del PSOE en solitario y que ahora los socialistas comparten con Unidas Podemos– al que consideran ilegítimo desde el mismo momento en el que se constituyó, y tratar de tumbarlo a mitad de legislatura, a pesar de que, como en la época de Zapatero, la izquierda cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlamento y, por tanto, de los representantes de la ciudadanía española elegidos en las urnas. Todos los socios parlamentarios del Ejecutivo se han mostrado además en la última semana a favor de los indultos a los líderes del procés.
Declaraciones que se repiten 15 años después
Un simple vistazo a las hemerotecas permite contrastar cómo las declaraciones pronunciadas por los principales dirigentes populares entonces, contra el Estatut catalán, y ahora, contra los indultos de los presos del procés, son también prácticamente exactas y se caracterizan por la hipérbole y las visiones apocalípticas acerca del futuro de España. El 31 de marzo de 2006, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la máxima normativa catalana, Rajoy aseguró que el Estatut había nacido “para dar satisfacción a los nacionalistas” y que suponía “el principio del fin del Estado”. Ahora, Casado asegura que los indultos, que aún no se han concedido, supondrían el “pago” del Gobierno a las fuerzas independentistas por su apoyo en la investidura de Sánchez y pondrían “en riesgo la continuidad de la España constitucional”.
A pesar de que en esa primera legislatura de Zapatero, la estrategia de Rajoy de la exageración y la sobreactuación no le dio resultados en las urnas, Casado está dispuesto a repetirla tres lustros después. Este viernes, el líder del PP anunciaba que su formación “va a movilizarse” y “a recoger firmas” contra los indultos, que es exactamente lo que hizo su predecesor en 2006 contra el Estatut. Rajoy comenzó la campaña de recogida de firmas contra la máxima norma catalana el 31 de enero de ese año, cuatro meses después de que el Parlament la aprobara con los votos favorables de PSC, ERC, ICV, y CiU, que sumaron 120 de los 135 diputados de la cámara autonómica, y los votos en contra de los 15 diputados del PP.
El Estatut llegó al Congreso en noviembre de 2005 y se aprobó cuatro meses después, en marzo de 2006, por 189 votos a favor y 154 en contra –se ratificó por el Senado el 10 de mayo–. Solo 26 días después de la aprobación en la Cámara Baja, Rajoy presentó en el Parlamento una proposición no de ley para convocar un referéndum en toda España sobre la normativa catalana, a pesar de que la Constitución explicita que esos textos autonómicos los debe aprobar el Congreso, como así había ocurrido solo 26 días antes, sin la necesidad de consulta alguna. El entonces líder del PP acompañó su propuesta con las cuatro millones de firmas que había recogido a favor de dicho referéndum de carácter estatal.
Al mes siguiente de la escenificación de la entrega de firmas por parte de los 'populares', el 18 de junio de 2006, se celebró una consulta no vinculante en Catalunya –que tuvo una baja participación del 48%– en la que el 73,9% de los catalanes dieron su visto bueno al Estatut a pesar de que el PP pidió votar 'no'. Aunque el texto contaba ya con el refrendo tanto del Parlament, como del Congreso y del pueblo catalán, Rajoy recurrió la máxima norma autonómica ante el Tribunal Constitucional un mes más tarde, el 31 de julio de 2006.
Del 'lawfare' a las calles
La sentencia de dicho tribunal, conocida en 2010 y que anuló parte de los preceptos del Estatut, fue la mecha que encendió la llama independentista en Catalunya. Supuso el inicio del llamado procés para la desconexión de España por el que precisamente están condenados los políticos soberanistas a los que el Gobierno actual planea indultar en las próximas semanas, a pesar de los informes en contra del Tribunal Supremo, la Fiscalía o la Abogacía del Estado. Unas prerrogativas que el PP combatirá al menos con el mismo ímpetu con el que lo hizo contra el Estatut, según insisten sus dirigentes, presentando también, como hace 15 años, mociones en todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos.
Además de la recogida de firmas, en 2006 el PP también se manifestó contra la normativa catalana en las calles con numerosas marchas por todo el país. Las movilizaciones callejeras –impulsadas también por la Conferencia Episcopal y las terminales mediáticas más conservadoras– sirvieron asimismo a los populares para hacer oposición al Gobierno de Zapatero por su diálogo con ETA, la aprobación de la reforma de la ley del aborto o contra la regulación del matrimonio igualitario. Estas dos últimas normas fueron recurridas también ante el Constitucional en una estrategia, la de la judicialización de la política –la llamada lawfare, una actuación recurrente de la derecha contra los gobiernos progresistas–, que también tiene previsto poner en marcha Casado si se aprueban los indultos. El PP, al igual que Ciudadanos y Vox, ya ha dicho que, si se conceden, recurrirá ante el Supremo.
Las movilizaciones callejeras las piensa repetir ahora la dirección de Casado contra esos posibles perdones a los dirigentes independentistas. Hasta el punto de que el próximo 13 de junio el PP repetirá la conocida como foto de Colón –la imagen de la concentración de febrero de 2019 contra Sánchez en la que se pudo ver juntos a los líderes de las tres derechas– en una protesta en esa misma plaza madrileña a la que también asistirán Ciudadanos y Vox. El acto ha sido convocado por Unión 78, una plataforma impulsada por la exlíder de UPyD, la exsocialista Rosa Díez, el filósofo Fernando Savater o la exdirigente del PP vasco, María San Gil, entre otros, que considera que los indultos por parte de Sánchez “no tienen otro propósito que conservar la mayoría parlamentaria para mantenerse en La Moncloa a cualquier precio”.
Del “usted traiciona a los muertos” al “pacta con los de Hipercor”
Aquella primera legislatura de Zapatero estuvo marcada por una crispación agitada por el principal partido de la derecha que recuerda mucho a la practicada por la dirección de Casado –y sus medios afines– desde su llegada al frente del PP, en 2018. Como entonces, la turbulencia permanente está caracterizada por la descalificación constante al Gobierno progresista, al que los populares sitúan como próximo al terrorismo, el recurso a los tribunales para solucionar diatribas políticas y la agitación de las calles.
En 2005, Rajoy –en un recordado discurso ante el Congreso– acusaba a Zapatero de “traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento” por dialogar con la banda terrorista en busca de la paz cuando la organización aún mataba.
Ahora que la banda lleva disuelta tres años Casado llama al Gobierno “filoetarra”, y desde el PP aseguran que el Ejecutivo “tiene las manos manchadas de sangre” por haber pactado los Presupuestos con EH Bildu, un acuerdo que también sirvió al líder de los populares para lanzar a Sánchez en el Congreso que había contemporizado con terroristas: “¿Se imagina a Biden pactando con terroristas del 11S o a Macron con los de Bataclan? Pues usted lo ha hecho con los de Hipercor”.
15 años después, Casado tiene el mismo plan que no le salió bien a Rajoy para tratar de tumbar al Ejecutivo progresista al margen de las urnas. El líder del PP considera que el indulto, si finalmente se concede, “será el finiquito” de Sánchez “y el epitafio del Partido Socialista constitucional”. Además, la dirección popular cree que esas posibles prerrogativas a los líderes del procés harán que el PP siga creciendo en las encuestas tras el impulso que supuso el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del pasado día 4, lo que hizo que Casado haya conseguido escalar puestos en algunos sondeos que apuntan a que hoy en día el PP podría superar a los socialistas en intención de voto.
Todo ello a pesar de que desde el Gobierno han dejado claro que no se producirá ningún adelanto electoral, y a que el propio líder del PP tampoco quiere que las generales sean antes de la convención de su partido del próximo otoño, en la que tiene previsto perfilar su “alternativa” política frente al Ejecutivo de izquierda. Hasta que lleguen los comicios, Génova 13 está dispuesta a situar en el centro de su estrategia de oposición de los próximos dos años –o durante lo que quede de legislatura– los indultos a los presos independentistas que el PP ya da por hechos tras las últimas declaraciones de Sánchez.