El Partido Popular ha justificado este viernes su enésimo bloqueo a la renovación del Poder Judicial –que se mantiene paralizado desde 2018– tras dar anoche por rotas sus negociaciones con el Gobierno asegurando que su pretensión es “acabar con las puertas giratorias” en la Justicia. Así lo han asegurado fuentes de la dirección de Pablo Casado pese a que su máximo responsable de Justicia, Enrique López, es un claro exponente de esas puertas giratorias que dice rechazar. López fue juez de la Audiencia Nacional y magistrado del Tribunal Constitucional antes de fichar por el PP. Ahora, además de ser el responsable de Justicia del partido, es consejero de la Comunidad de Madrid.
“El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, ha asegurado este viernes el propio López en unas declaraciones enviadas por el PP una vez realizadas y, por tanto, sin dar la opción a que los periodistas realizaran cualquier pregunta al partido. Según él, “el PP es coherente con las condiciones que ha determinado para alcanzar este acuerdo y que persiguen dos objetivos muy claros: Por un lado, despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y, por otro lado, reforzar la imagen y percepción de independencia del poder judicial español”.
Tras el fracaso de las conversaciones con el Ejecutivo, este viernes Casado se ha reunido con el Comité de Dirección del partido donde ha expuesto el estado de “las negociaciones con el PSOE” –el PP siempre consideró a ese partido como su interlocutor y no al conjunto del Gobierno, por no reconocer la legitimidad de la parte de Unidas Podemos– para alcanzar un acuerdo para la renovación de importantes instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.
“En esa reunión se ha confirmado la posición del PP sobre la renovación de los órganos constitucionales. El PP sostiene que la renovación se debe producir para fortalecer las instituciones y no para debilitarlas. Además, la dirección del PP ha puesto de manifiesto que el partido quiere sentar las bases con el PSOE para reforzar la independencia del Poder Judicial como una cuestión de principios, como lleva manteniendo desde hace dos años para que en la próxima renovación de CGPJ los jueces elijan a los jueces”, han explicado desde el partido.
La dirección popular reconoce sus vetos a los magistrados propuestos por Unidas Podemos, un veto que fue el que desembocó en el bloqueo que se constató la pasada madrugada. “El PP no acepta la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia. El PSOE ha propuesto a Victoria Rosell como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Partido Popular no acepta que la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que es un cargo político del Ejecutivo, ocupe un puesto como vocal por varias razones. La principal es porque el PP quiere acabar con las puertas giratorias entre la política y la justicia. La renovación de este CGPJ debe cumplir el requisito de la despolitización, y ningún político puede ser vocal del CGPJ como ha ocurrido hasta ahora”, zanja Génova 13.
Las “puertas giratorias” del PP
Los vetos del PP por la filiación política de Rosell se produce a pesar de que las puertas giratorias entre la política y el CGPJ han sido una constante amparada por el bipartidismo en las últimas décadas: exdiputados, ex altos cargos autonómicos e incluso un exministro han formado parte del órgano de gobierno de los jueces, informa Elena Herrera.
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue vocal en el CGPJ del 2001 al 2008 (el mandato se alargó dos años por el bloqueo del PP a la renovación) tras haber sido director general en la Junta de Andalucía. En ese mismo periodo, el PP colocó a José Merino Jiménez, que ocupaba el mismo cargo en la Comunidad de Madrid. En el siguiente mandato eligió al que había sido consejero de Justicia con Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa. El exministro socialista de Presidencia (1982-1986) Javier Moscoso del Prado y Muñoz también tuvo un asiento en el Poder Judicial entre 1996 y 2001. Álvaro Cuesta, actual vocal, fue diputado y concejal socialista en Oviedo.
Pero ese modus operandi no se ha limitado al bipartidismo, sino que PNV y CiU, que son las formaciones que tradicionalmente han entrado en el reparto, también tiraron de los suyos: Margarita Uria y Ramón Camp, parlamentarios de esas formaciones, respectivamente, se sentaron en el CGPJ de 2008 a 2013. Años antes lo había hecho el exdiputado nacionalista vasco Emilio Olabarría Muñoz. Otro caso paradigmático fue el de la exdiputada de CiU Mercè Pigem, que dimitió del actual consejo tras ser encontrada en la frontera con Andorra con 9.500 euros.
Casado tampoco acepta que el juez De Prada sea vocal del CGPJ “porque sería un fraude de ley”. “Ni ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello. Un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas”, explican en el PP.
La formación de Casado trata de argumentar su nuevo bloqueo en una supuesta crisis interna del Gobierno de coalición: “Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se aclaren en sus peleas internas, que nos llamen. Sánchez no puede pretender reforzar su coalición con Podemos a costa de sacrificar la justicia española”.