Enrique López era un desconocido para el gran público, un nombre que solo sonaba en los ambientes judiciales, políticos y periodísticos de la capital. Hasta que en la madrugada del 1 de junio de 2014 el alcoholímetro que le pusieron delante dos agentes de policía cuando conducía su moto por el paseo de la Castellana arrojó una tasa de 1,20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera medición; 0,99 en la segunda.
La cifra alcanzada por López triplicaba la permitida –0,25 miligramos– y suponía un delito –al rebasar los 0,60–. Fue condenado a 1.440 euros de multa y a ocho meses de retirada del carné de conducir. Pero lo peor para el juez fueron las consecuencias profesionales. Se había incorporado al Tribunal Constitucional un año antes tras un esfuerzo titánico del PP para colocarlo. Tuvo que dimitir. Duró menos en el cargo que el tiempo que habían invertido los populares en auparlo durante los años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
El incidente lo colocó en los titulares de los grandes medios, aunque el juez ya arrastraba una carrera de polémicas siempre a la sombra del PP. Durante el Gobierno de José María Aznar, se había colocado en 2001 como portavoz del Consejo General del Poder Judicial. En 2004, con el cambio de Gobierno, decidió erigirse en un pilar más de oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con el altavoz que le daba ese puesto, el juez hizo campaña activa contra el matrimonio homosexual, contra el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o contra la Memoria Histórica. El magistrado complementaba desde el CGPJ los ataques del PP contra las principales iniciativas del Gobierno del PSOE en aquellos meses de manifestaciones con pancartas por el centro de Madrid.
Salió del órgano de Gobierno del Poder Judicial tras la renovación de 2008, pero el PP tenía reservado para él otro importante encargo. En 2010, todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares se unieron para presentarlo como candidato al Constitucional. Solo había un problema: no reunía los 10 años de actividad judicial que se exigía a los aspirantes.
El Senado elaboró un informe para vetarlo tras una campaña de presión del PP. “Tengo la plena convicción de que reúno los requisitos” argumentó López, que tuvo que esperar de nuevo su oportunidad. En 2013, el PP consiguió su objetivo pero la peripecia de López en su moto lo frustró un año después, cuando los agentes dieron el alto de madrugada a ese motorista que conducía sin casco y saltándose semáforos en rojo.
Tras la dimisión se replegó a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional. Allí las polémicas a las que ya se había abonado continuaron, ahora con Gürtel como protagonista. Pese a todos sus antecedentes, López formaba inicialmente parte del tribunal que iba a encargarse de juzgar la pieza más importante del caso, la conocida como 'primera época' y por la que el PP acabó condenado a título lucrativo en 2018. Sus propios compañeros lo impidieron.
En octubre de 2015, 18 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal votaron que López no podía estar en el tribunal de Gürtel. Entendieron que sus vínculos con el PP eran suficientes como para poner en duda su imparcialidad. Lo mismo había dicho la Fiscalía. No solo pesaban los puestos en el CGPJ y el Constitucional a los que le había aupado ese partido; sobre la mesa estaban también sus participaciones en cursos de FAES, la fundación que financiaba el PP y que utilizaba para difundir su ideología y atacar a sus adversarios políticos. En enero de 2016 el Pleno también le apartó del tribunal de la caja B.
Mientras se producían esos movimientos en la Audiencia Nacional sobre Gürtel, López departía habitualmente con el principal implicado en Púnica, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según el relato de este último. En conversaciones grabadas por la Guardia Civil, González cuenta que comía de vez en cuando con el juez, al que le mostraba su preocupación, por ejemplo, por futuros nombramientos de fiscales. González incluyó a López entre los contactos de los que tirar para tratar de librarse de las investigaciones por corrupción que lo mandaron finalmente a la cárcel.
Antes de dar el salto formal a la política, López tuvo tiempo de protagonizar una nueva polémica como juez. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, lo elevó a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, pero el Supremo tumbó su nombramiento y el de Eloy Velasco porque, nuevamente, no cumplían los requisitos y no eran los candidatos con mejores méritos. El CGPJ se negó a apartarlos y los mantuvo como adscritos a esa Sala, en un conflicto sin precedentes con el Alto Tribunal.
De juez afín al PP a fichar por el PP
Las polémicas contra Zapatero, la pelea del PP por ascenderlo al Constitucional o el consenso entre la mayoría de sus compañeros sobre que no podía juzgar la Gürtel ya le habían colgado la etiqueta de magistrado de cabecera del PP. El partido se encargó de ratificarlo entre agosto de 2019 y enero de 2020. Primero, Isabel Díaz Ayuso lo nombró consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de su nuevo Gobierno; cinco meses después, Pablo Casado lo eligió como secretario de Justicia e Interior del PP.
De aquel puesto desplazó a Rafael Catalá, el exministro de Justicia que había logrado ponerse en contra a todas las asociaciones judiciales, se había enfrentado públicamente a fiscales del caso Púnica, y había sido reprobado por el Congreso. Como responsable de Justicia en el PP, Catalá dejó tras de sí el fiasco de las negociaciones para renovar el CGPJ. Cuando López le sustituyó, dio el salto a Codere, una compañía dedicada al juego y las apuestas.
La “buena relación” que, según fuentes de la dirección del PP, une a López con el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compañero suyo en el Consejo General del Poder Judicial, llevó a Casado a designarlo como su interlocutor para afrontar la nueva ronda de negociaciones para renovar el CGPJ, que los populares bloquean desde hace años, informa Iñigo Aduriz. López, por parte del PP, y el ministro Campo, por el PSOE, mantienen conversaciones frecuentes y este último dice que ambos han llegado a un acuerdo en el reparto de puestos, aunque el PP mantiene bloqueada esa renovación, cada semana con un argumento distinto.
Como consejero de Justicia de Madrid ha contribuido a la batalla que durante la pandemia libra Ayuso contra el Gobierno central. Ha ejercido de portavoz de las decisiones sanitarias desde el departamento de Justicia de la Comunidad y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de atacar a Madrid para “tapar” sus problemas en Catalunya. También ha criticado la “deslealtad” de Salvador Illa. “El estado de alarma es un atropello constitucional contra la Comunidad y un ataque a los madrileños”, dijo cuando el Gobierno tuvo que intervenir la región ante el descontrol de los casos de coronavirus.
Es una muestra de que Enrique López es hoy uno de los hombres fuertes del Gobierno de Ayuso y sus funciones exceden las de un consejero de Justicia, ejerciendo en la práctica de portavoz del Ejecutivo madrileño en medios de comunicación en los que es habitual verle concediendo entrevistas sobre todo tipo de cuestiones de la administración regional.
Algunos en el partido han llegado a verle como el posible sucesor de Ayuso, aunque para eso tendría que ser candidato a las próximas elecciones ya que es condición indispensable ser diputado, informa Fátima Caballero. De momento, la presidenta madrileña tiene para López otros planes, que pasan por entregarle más poder dentro del Gobierno regional, en la reducción de consejerías que prepara para cumplir con las exigencias de Vox en la negociación de presupuestos. Ayuso estaría pensando en suprimir la Consejería de Presidencia que dirige en la actualidad María Eugenia Carballedo y sus competencias pasarían a manos del magistrado.
Bárcenas, su última polémica
La última polémica del nuevo hombre fuerte de Ayuso, al cierre de esta edición, ha llegado de la mano, otra vez, por el caso Gürtel. López ha admitido, después de que lo publicase El Mundo, que actuó de intermediario al “poner en contacto” al empresario Agustin de Diego, amigo y emisario del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al abogado del PP, Jesús Santos, en 2017. López era entonces juez de la Audiencia Nacional y en aquel momento ese tribunal juzgaba la pieza principal de Gürtel, de la que él había sido apartado.
El hombre fuerte de Casado para los temas judiciales, consejero de Ayuso y con una carrera como juez vinculada siempre al PP, defiende que en esa ocasión no actuaba en nombre del partido, alega que solo presentó a dos amigos suyos y que nunca más supo.