La diputación permanente del Congreso ha vuelto a vivir otro “día de la marmota” en relación al caso Luis Bárcenas. La mayoría absoluta del PP ha vetado que el presidente del Gobierno vuelva a dar la cara en el Parlamento sobre el escándalo porque “ya está suficientemente explicado”, en palabras de Carlos Floriano. Después de impedir que se debatiera la posibilidad de interpelar a Mariano Rajoy en un pleno extraordinario, los conservadores se han negado también a que se cree una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del partido.
Ni siquiera en el capítulo de los ataques como estrategia de defensa ha habido mucha novedad. Floriano ha afirmado que todos los diputados de la oposición actúan como “colaboradores necesarios” del extesorero, en la línea del portavoz Alfonso Alonso, que los acusó antes de las vacaciones de comportarse como “abogados defensores” de Bárcenas.
A pesar de las incongruencias de Rajoy en su comparecencia en el Senado el pasado 1 de agosto y de las novedades desprendidas de las declaraciones ante el juez de los secretarios generales del PP y de los responsables de la caja, Floriano ha insistido en que solo tiene que actuar la Justicia y no hay que asumir ningún tipo de responsabilidad política. “¿Para qué quieren una comisión de investigación si ya creen saber las conclusiones? ¿Pedirían perdón si se demostrase que se equivocan?” ha clamado el número dos de Mª Dolores de Cospedal.
Aunque todos los grupos han sido duros en sus ataques, la diputada de UPyD Irene Lozano ha vuelto a poner nerviosos a los populares al acusar a Rajoy de “legitimar la mentira como comportamiento político” el pasado 1 de agosto. Lozano ha exigido que el presidente “venga otra vez al Congreso o que dimita y ya no vuelva más”. La respuesta de Floriano ha consistido en acusar al partido de Rosa Díez de recibir “donaciones opacas” en 2008, lo que comportará nuevas querellas por injurias y calumnias que se sumarán a las ya presentadas contra Rafael Hernando y Rafael Merino a finales de julio.