Sus nombres han quedado asociados a un periodo de la política madrileña que tuvo dos etapas diferenciadas. La primera, la de las aplastantes victorias electorales apoyadas en fastuosos proyectos y boyantes datos económicos; la segunda, la de las tramas corruptas que medraron con la ayuda del PP de Madrid y que afloraron detrás de las grandes iniciativas y las empresas públicas. Esperanza Aguirre e Ignacio González se sientan este martes frente a la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación del PP, donde varios sumarios apuntan a que la formación que dirigían jugó un papel crucial, con su legado arrasado por las investigaciones de la Audiencia Nacional.
González, a quien Aguirre dejó en herencia el partido y la región, está citado a las 9.30 horas en la cámara baja, dos horas y media antes de que acuda la expresidenta madrileña. Durante años mentora y pupilo, el caso Lezo -que tiene a González como protagonista- dio al traste con esa relación. Aguirre no ha dudado en responsabilizarle de aquellas decisiones bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción y él la señala como máxima responsable de las campañas financiadas con dinero negro.
A ambos se les ha llamado a comparecer por su papel en la presunta financiación irregular que investiga el Congreso. Aguirre comandó el PP de Madrid en los años en los que ahora indagan los investigadores de la tramas Púnica y Lezo. Ella ha esquivado hasta el momento una imputación que siempre suena como probable, aunque el avance de esas dos causas con los testimonios de los principales acusados puede cambiar esa situación y sentarla frente a un juez..
El caso Púnica, por ejemplo, ha destapado que su partido se ayudó en las elecciones de flujos de dinero extra con la ayuda de empresarios afines. El juez que instruye el caso, Manuel García Castellón, ya ha apuntado en más de una ocasión que el PP de Madrid usaba una contabilidad expresamente diseñada para ocultar los numerosos pagos en negro.
Francisco Granados les señala a ambos
Quien supuestamente anotaba esos flujos de dinero en una libreta, Francisco Granados, ha mencionado sus nombre en una de las salas de declaraciones de la Audiencia Nacional. Ante el juez de Púnica dijo que González había creado una estructura de poder -en la que incluyó a Cristina Cifuentes- dentro del PP de Madrid, entre cuyas funciones estuvo destinar fondos en B para una “campaña de refuerzo” que buscaba afianzar la figura de Aguirre de cara a las elecciones.
Sin embargo, la expresidenta madrileña ha logrado esquivar la imputación, al menos hasta el momento. Esa situación puede cambiar con el avance de unos de los flecos del caso Lezo, en concreto, la investigación sobre el campo de golf que se construyó sobre unos terrenos del Canal de Isabel II. La Guardia Civil reunió en un informe todos los indicios de delito, apuntando a una modificación ilegal del proyecto por el ejecutivo de Aguirre del que luego se benefició el entorno de González.
Con esa amenaza judicial en el horizonte, Aguirre se ha apresurado a desligarse de las irregulares de ese proyecto, en el que se cambió la adjudicación de un parque público por un campo de golf sin mayor justificación. Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid asumió la iniciativa pero dijo no saber nada sobre su ejecución: “Desde el momento que di la idea, no supe a quién se lo adjudicaron. No he sabido nada de las obras, ni del coste ni de quien se lo dieron”.
No se ocupaba de ese proyecto ni del resto que están bajo sospecha. Aseguró a los diputados autonómicos que de esos pormenores estaba encargado González, de quien no tiene reparos en señalar ya como culpable, frente a las cautelas que ha tenido con otros de sus subordinados: “He asumido mi responsabilidad por haber nombrado al señor González”.
Durante aquella comparecencia negó cualquier atisbo de financiación ilegal en su partido: “En absoluto. El PP tenía financiación suficiente para las campañas. Jamás he consentido esto a nadie. Cuando he tenido indicios, les he cesado”. Es previsible que vuelva a dar la misma contestación este martes. Más difícil será obtener respuestas de González, que puede acogerse a su situación judicial para eludir las preguntas que puedan comprometerle.
El expresidente madrileño puede echar mano de esa prerrogativa para escabullirse de preguntas sobre sus maniobras para llenar la caja B del PP con dinero de empresas públicas. También sobre su papel en las campañas de 2007 y 2011, las que están siendo investigadas por financiación ilegal. Sobre la primera, no dudó en señalar a Aguirre como única responsable. Ella era quien tenía todo el poder de decisión, dijo a la Guardia Civil el pasado mes de diciembre.