El Partido Popular ha exigido este sábado al Gobierno dimisiones por el 'caso Koldo' y ha criticado el “ejercicio de autoritarismo” con la amnistía como un intento de “desactivar” al poder judicial e “incompatible” con un sistema democrático.
Los populares han expresado este posicionamiento a través de la 'Declaración de Córdoba', firmada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, junto a los presidentes autonómicos de la formación, y en la que han reafirmado su rechazo a “toda forma de corrupción” en “un momento especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra acorralado por una trama de corrupción”.
En esa línea, han expresado su compromiso de seguir denunciando en las instituciones y en los tribunales “cualquier derivada de este desfalco en las arcas públicas, afecte a quien afecte”, en tanto que han apuntado en dirección a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, además de a miembros del Gobierno.
El manifiesto ha profundizado también en el rechazo a que el Ejecutivo central “viva permanentemente extorsionado por el independentismo”, razón por la que rechazan la ley de amnistía, a la que califican de “corrupción política”, y han remarcado su voluntad para “frenarla ante todas las instancias posibles”.
“Una norma que se cimenta en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos”, ha expresado el documento, a la par que ha constatado que los partidos independentistas “nunca habían tenido tanta capacidad de influencia” en España.
Así, a la vista de que consideran que la democracia española atraviesa “uno de los momentos más graves de su historia” e inspirados bajo la idea de que “la igualdad no es una opción sino un derecho de todos los españoles”, la declaración anuncia que las comunidades autónomas gobernadas por el PP activarán al “máximo” sus competencias “para preservar la igualdad y solidaridad que se están viendo menoscabadas”.
Siguiendo esa línea argumental, han reclamado que se convoque de “forma inmediata” la Conferencia de Presidentes, así como el resto de foros multilaterales en los que se deben tratar los asuntos comunes, y han criticado la “reiterada negativa” de Sánchez a acceder a estos puntos mientras colecciona “cesiones unilaterales” y negocia “privilegios en nombre de todos los españoles”.
“Manifestamos nuestro desprecio por este trato desigual e inmoral que crea ciudadanos de primera y de segunda”, ha remachado la formación conservadora al respecto como paso previo a renovar su “deber” de defender y reforzar el sistema autonómico, así como a expresar que “el futuro de España corresponde decidirlo a todos y cada uno de los españoles”.