Ir a Europa y salir trasquilado

En el Partido Popular aún se están preguntando de quién fue la idea. A quién se le ocurrió. Quién fue el genio que pensó que la mejor manera de frenar la ley de amnistía pasaba por Europa: por pedir desde el Senado un informe a la Comisión de Venecia que ayudara a la derecha en su labor de oposición.

La importancia de esta comisión es relativa. Se trata de un órgano consultivo, especializado en derecho constitucional, que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea; depende del Consejo de Europa, que tampoco es lo mismo que la UE aunque comparta buena parte de sus países miembros y de sus objetivos. Sus informes ni son vinculantes ni sientan jurisprudencia, pero tienen otro valor, que no es pequeño: el simbólico. 

La Comisión de Venecia tiene algo importante: prestigio internacional. Es una voz independiente y respetada. De ella forman parte juristas de todo el continente, de toda ideología, de toda condición. En el famoso informe sobre la ley de amnistía, por ejemplo, ha participado Marta Cartabia, que fue ministra de Justicia de Italia en el Gobierno de Mario Draghi. O Philip Dimitrov, que fue primer ministro de Bulgaria tras la caída del comunismo. O Martin Kuijer, juez del Tribunal Supremo de Países Bajos.

De todas estas personas de ley y orden, el PP esperaba otra cosa: una condena total a la “mayor corrupción posible en democracia”, que es como han definido a esta ley. O, como poco, un informe que criticara a Sánchez por “ceder al chantaje” del “terrorista” Puigdemont. No ha sido así. 

Después de analizar qué ocurre en los 52 países miembros del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia recuerda en su informe algunos datos muy contundentes: que la amnistía es un instrumento político completamente democrático, que no quiebra la separación de poderes, que no rompe el principio de igualdad, que se ha usado antes en decenas de países, que ninguno en Europa la prohíbe expresamente, que se han aprobado amnistías incluso en 12 países donde no están recogidas en su constitución, como ocurre en España. 

La comisión también pone algunas pegas: la principal, el trámite parlamentario elegido, sin informes consultivos previos a órganos como el Consejo de Estado o el CGPJ. Pero en líneas generales, el informe da muchísimos más argumentos al Gobierno que a la oposición.

Aunque la importancia de este informe, que le ha salido rana al PP, no es solo por el balón de oxígeno que han recibido los promotores de esta ley por parte de estos juristas europeos. También hay otra consecuencia inesperada: el informe ha sido clave para desbloquear el acuerdo entre PSOE, ERC y Junts. 

La Comisión de Venecia ha servido para construir la pista de aterrizaje que el Gobierno y los independentistas necesitaban para lograr un acuerdo en que ninguna de las dos partes quería dar su brazo a torcer. 

Repasemos las posiciones previas para entenderlo mejor.

El PSOE no quería una ley de amnistía que incluyera el delito de terrorismo: aseguraban que hacerlo así complicaría su validación en Europa. Mientras que Junts no quería aceptar una ley que dejara fuera a una parte de los imputados por el procés, empezando por su líder, Carles Puigdemont, al que el Tribunal Supremo ha decidido procesar por “terrorismo”. 

¿La solución? En gran medida sale de este informe que encargó el PP. Que dice dos cosas muy relevantes sobre el terrorismo, el principal escollo de la negociación.

La primera, que los delitos de terrorismo también se pueden amnistiar, siempre que se cumpla con el criterio de que se excluyan aquellos actos que violen gravemente los derechos humanos. 

La segunda, que la Comisión de Venecia valora “positivamente” que el proyecto español de ley de amnistía deje fuera cualquier posible violación graves de los derechos humanos, específicamente el terrorismo.

La clave está en esta frase del informe: 

“La Comisión subraya que los límites bajo el derecho internacional se relacionan con violaciones graves de los derechos humanos, que no son necesariamente los mismos que los delitos graves bajo el derecho interno

Traducido: no es lo mismo el terrorismo para el derecho internacional que para el derecho español. Y en esta frase los negociadores encontraron la solución: dejar el terrorismo fuera, como quería el PSOE y valora la Comisión de Venecia, pero ligar la definición de qué es terrorismo a lo que establece el derecho internacional. Concretamente a la directiva europea, no al Código Penal español que, de tan interpretable, ha permitido al Supremo considerar un carrito portaequipajes como un artefacto “de similar potencia destructiva a los explosivos”, como te conté en mi carta del sábado pasado.

Porque es muy cuestionable que Carles Puigdemont y los demás imputados por las protestas de Tsunami Democràtic puedan ser condenados por un delito de terrorismo, incluso con la definición de este delito que figura en el Código Penal español. Hasta Feijóo así lo admitió ante un grupo de periodistas. Pero lo que es seguro es que ninguno de los hechos que ocurrieron en el Aeropuerto de El Prat durante las protestas contra la sentencia del procés entran en lo que la directiva europea considera como terrorismo. 

“Gracias al Partido Popular y al Senado por pedir este informe. Gracias de corazón”, ha llegado a bromear el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no ha querido disimular su euforia por un acuerdo del que, en gran medida, dependían los Presupuestos y toda la legislatura. 

Ir a Europa y salir trasquilados. Y no es la primera ocasión en que a la derecha le ocurre algo así. Es casi ya una tradición.

Víctimas de su propia propaganda, en el PP hace tiempo que repiten un mantra que simplemente no es verdad: que Europa frenará al malvado Pedro Sánchez, el nuevo Viktor Orbán, un aprendiz de dictador. La realidad dista mucho de esta ensoñación. Dijeron que la amnistía provocaría la congelación para España de los fondos europeos. No pasó. Que esta ley la frenaría la Comisión. Tampoco ocurrió. Que sería el comisario de Justicia, que tampoco se mojó. 

Ahora confían en que será la Justicia europea quien tumbará la ley de amnistía. Y de nuevo dudo que vaya a pasar. 

Lo más probable es que la ley se publique en el BOE y entre en vigor a finales de mayo –tras el retraso que el PP forzará en el Senado–. A partir de ese momento, el Supremo y los demás tribunales con casos afectados por la amnistía presentarán una cuestión prejudicial ante la Justicia europea. 

Sin duda esto retrasará la entrada en vigor definitiva de la ley. Otra cosa es que, a largo plazo, la vía europea les vaya a funcionar. 

La estadística reciente es bastante clara, y el informe de la Comisión de Venecia es un ejemplo más. Casi siempre que los jueces y juezas de fuera de España han tenido que tomar decisiones sobre los imputados por el procés, han fallado en contra de lo que defendía la Justicia española. Por eso Puigdemont sigue siendo eurodiputado y puede moverse por media Europa con libertad, a pesar de que ha sido detenido en varias ocasiones. Porque distintos jueces de Alemania, de Italia y de Bélgica se han negado a su extradición.

Por eso también han podido moverse por Escocia y por Suiza otros líderes independentistas buscados por la Justicia española. Los jueces y fiscales de estos países tampoco han visto lo que ocurrió en el procés con la misma visión que los españoles.

Todo esto es muy sencillo de explicar: más allá de los Pirineos, casi nadie entiende que lo que pasó en el procés catalán, aún siendo grave, se condene con unas penas de cárcel superiores a las de un asesinato, o de un atentado terrorista de los de verdad. Es incomprensible para cualquier jurista que vea este asunto con algo de distancia. Por eso en Europa les ha ido mal. 

Por eso también hay tantas posibilidades de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés catalán sea tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, si la sentencia aguanta en Europa será, precisamente, por los indultos y la amnistía: porque para cuando se pronuncie este tribunal ya no quedará nadie en la cárcel por esta sentencia. Si aún hubiera presos en la cárcel por el procés, es muy dudoso que un tribunal europeo lo fuera a tolerar.  

Por eso mismo también es muy improbable que la Justicia europea anule la ley de amnistía, como espera la derecha. Pero eso no significa que muchos jueces españoles –que llegaron a manifestarse contra la ley antes siquiera de conocerla– vayan a aceptar pacíficamente el mandato del Parlamento. Es seguro que darán la batalla. 

Ya ha habido incluso reuniones secretas importantes de magistrados y algunos abogados conservadores con la premisa del “no pasarán”: confabulados para hacer todo lo posible para evitar que la ley de amnistía se llegue a aplicar. 

Son los mismos que dan lecciones sobre la separación de poderes. Y que se niegan a lo más básico en democracia: aceptar que las leyes las hace el Parlamento, que es donde reside la soberanía popular. 

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas un buen fin de semana, y gracias por tu apoyo a elDiario.es. 

En el Partido Popular aún se están preguntando de quién fue la idea. A quién se le ocurrió. Quién fue el genio que pensó que la mejor manera de frenar la ley de amnistía pasaba por Europa: por pedir desde el Senado un informe a la Comisión de Venecia que ayudara a la derecha en su labor de oposición.

La importancia de esta comisión es relativa. Se trata de un órgano consultivo, especializado en derecho constitucional, que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea; depende del Consejo de Europa, que tampoco es lo mismo que la UE aunque comparta buena parte de sus países miembros y de sus objetivos. Sus informes ni son vinculantes ni sientan jurisprudencia, pero tienen otro valor, que no es pequeño: el simbólico.