El PP no está a favor de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley del Gobierno para desenterrar al dictador. Pero el partido trata de no pasar a la historia como el único grupo político del Parlamento que se opone a la retirada de los restos del militar sublevado. En esa votación definitiva para convalidar la medida los conservadores se abstendrán, como ya hicieron en mayo de 2017 cuando el Congreso aprobó instar al Gobierno de Mariano Rajoy a realizar la exhumación. Ante esta discordancia, el equipo de Pablo Casado ha optado por pasar página en el debate sobre el franquismo y centrarse en la crisis catalana, donde se encuentra mucho más cómodo tratando así de desgastar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuentes de la dirección nacional del PP se limitan a señalar que ante la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos “se vota lo mismo que hace meses”, en alusión a la posición que mantuvo el partido en mayo de 2017. “Mantenemos la misma opinión y la misma posición”, recalcan sin explicar por qué deciden abstenerse si consideran que la tramitación administrativa contradice nada menos que la Constitución. En mayo de 2017 también se abstuvieron, pero tras recalcar su rechazo a la iniciativa, a la que se opusieron expresamente optando por el 'no' en la votación que tuvo lugar previamente en la Comisión Constitucional del Parlamento. Todos los grupos votaron a favor excepto el popular.
Ahora, el nuevo PP de Pablo Casado vuelve a rehuir la discusión de fondo a pesar de su recurso ante el Constitucional y tras haber cargado en los últimos días contra el Gobierno por aprobar su decreto ley. Pero no votará que 'no', lo que le ha acarreado la acusación de la Fundación Francisco Franco de “revertir la historia”. Este lunes, el líder conservador se limitaba a abogar por “mirar para lo que tiene que pasar en España dentro de 40 años y no reabrir las heridas de hace muchos años”. A su juicio, la exhumación a quien más perjudica es al propio PSOE, porque supone “una enmienda a la totalidad a la historia del partido en democracia” y a los consensos básicos “en los que este partido fue fundamental”.
Se escuda en la Transición
Por este motivo, aseguraba que Sánchez “tendrá que explicar si el socialismo español quiere seguir en la senda de la concordia de la Transición o si quiere romper los candados del modelo del 78 como pidió Pablo Iglesias. Si quedan socialistas que abogan por la concordia de la reconciliación nacional de la Transición, tendrán que preguntar a Sánchez por qué está reabriendo las heridas que quedaron superadas, amnistiadas, que no olvidada-, en un acuerdo que fue admirado por todo el mundo”, afirmaba Casado.
El presidente del PP sostenía además que asuntos como la exhumación no son más que “una cortina de humo con la que el PSOE intenta tapar este verano tan pésimo para ellos, en los que el Gobierno solo ha acertado cuando ha rectificado y ha tenido que irse al Valle de los Caídos a intentar tapar su incapacidad para gobernar”.
El líder de los conservadores quiere ahora situar el foco en Catalunya, donde a su juicio se vive un clima de violencia del que culpa al Ejecutivo. “No se pueden permitir las agresiones que se están produciendo contra jueces y ciudadanos”, señalaba este lunes. “Los independentistas han llevado su ilegalidad y confrontación política a la calle. Esto no puede suceder. El Gobierno tiene que poner orden. No puede ser que los Mossos reciban instrucciones de la Generalitat claramente en contra de la Ley y el Gobierno no haga absolutamente nada”, criticaba el mismo día en que la Fiscalía del Tribunal Superior de Catalunya anunciaba una investigación sobre las identificaciones que había hecho la policía catalana.
El líder del PP denunciaba además el cambio de posición del Ejecutivo respecto a la defensa del juez Pablo Llarena ante la denuncia interpuesta contra él por el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. En su opinión, el Gobierno actúa por las críticas que había recibido del PP, que denunció “un desamparo absoluto a un magistrado” y acusó a Sánchez de ser el abogado defensor de Puigdemont.“Es una afrenta al todo el Poder Judicial español y la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellar contra ese juzgado belga por inmiscuirse en una inmunidad e integridad de la jurisdicción española”, subrayaba.
“Agresiones” y lazos amarillos
Su campaña contra el Gobierno por Catalunya se ha trasladado también a sus iniciativas parlamentarias. El PP registraba en el Congreso la comparecencia urgente de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, así como una “una moción en el Senado para apoyar al juez Llarena y a los jueces que están haciendo cumplir la Justicia contra el independentismo, en este caso delictivo”. Casado también pedía que la Fiscalía intervenga de oficio ante “las agresiones” a ciudadanos que retiren lazos amarillos, al tiempo que también pedía a Sánchez que ponga orden en su uso, “aunque sea rehén de los independentistas” por el apoyo de ERC y el PDeCAT en la moción de censura.
El nuevo presidente del PP ya dijo nada más ser elegido que su objetivo era que los conservadores marcaran la agenda política del país. En el último mes, Casado había logrado centrar la actualidad en su rechazo a la inmigración y también en Catalunya, al llegar a pedir la intervención de la comunidad con una nueva activación del artículo 155 de la Constitución. El decreto ley del Gobierno para exhumar a Franco aprobado el pasado viernes alejó el foco de las cuestiones que han monopolizado la estrategia del PP. Casado intenta ahora recuperarlo, con la vista puesta en el inicio del curso político y en el ciclo electoral que se inaugurará la próxima primavera donde se disputará la hegemonía del centro derecha con Ciudadanos en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos.