El Partido Popular ha decidido guardar silencio sobre la investigación judicial abierta a la exministra Pilar del Castillo, eurodiputada y candidata a las elecciones europeas del domingo. Ni en sus comparecencias públicas ni a preguntas de este periódico el partido de Alberto Núñez Feijóo ha querido valorar la información desvelada por elDiario.es, limitándose a cuestionar que el proceso, en todo caso, debería ser llevado por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el PP centra su campaña europea en exigir la dimisión del presidente del Gobierno por la citación a declarar como imputada de su esposa, Begoña Gómez. Este mismo martes la propia Del Castillo ha participado en un acto del partido en Aragón.
Tal y como reveló ayer este periódico, la eurodiputada Pilar del Castillo es una de las personas imputadas por la querella en la que un empresario del sector de la tecnología acusa a sus antiguos socios de conspirar contra él para echarle de la empresa. A través de votaciones concertadas pero también de una denuncia por la que estuvo varios años imputado y que terminó en absolución. Por el momento, el juzgado no se ha pronunciado si su condición de eurodiputada debería llevar la causa contra Del Castillo hasta el Supremo.
El juzgado abrió las diligencias en febrero de este año, obligado por la Audiencia Provincial, y el nueve de mayo decidió llamar a declarar a los investigados, entre ellos a la eurodiputada del PP. Una comparecencia programada para el día 28 de mayo pero que no se pudo celebrar porque ni ella ni otros querellados pudieron ser localizados.
Los altos cargos y candidatos del PP a las elecciones del domingo, que comparten lista con la exministra del último Gobierno de José María Aznar, no se han referido a este asunto. Tampoco el partido de Núñez Feijóo ha hecho ningún comentario ni ha respondido a ninguna de las preguntas realizadas por este periódico tanto en Bruselas como en la calle Génova de Madrid más allá de cuestionar que, por su aforamiento, en todo caso deba ser imputada por el Tribunal Supremo.
El PP no solo no ha emitido ningún tipo de valoración autorizada, con o sin micrófonos delante, sobre la situación de su europarlamentaria y candidata del próximo domingo. También ha mantenido su actividad en la campaña electoral. Pilar del Castillo ha participado este miércoles en un acto del PP con empresas del sector energético en Zaragoza.
El líder del PP ha mantenido a lo largo de los últimos días que Pedro Sánchez debe dimitir y dejar la presidencia del Gobierno después de que el juez Peinado haya citado a declarar como investigada a su esposa a instancias de una denuncia de Manos Limpias. “Tiene que asumir su responsabilidad política”, dijo desde un acto en Santander poco después de conocerse la citación de Begoña Gómez.
Compró 90.000 euros en acciones
Pilar del Castillo fue ministra en el último Gobierno de José María Aznar, poniendo rumbo a Bruselas en 2004, donde ha permanecido desde entonces. Dos años después de conseguir un asiento en el Parlamento Europeo también firmó su entrada en el accionariado de Tecnofor Ibérica SL, pagando 90.000 euros por 733 participaciones. El documento firmado por la propia eurodiputada, hoy número nueve en las listas del PP a los comicios del domingo, explica que “no existe conflicto de intereses entre la contribución que pretende realizar y su anterior trayectoria profesional”.
Fue en 2012 cuando, en los primeros años de la crisis económica, los movimientos empezaron a sucederse en el seno del accionariado de la empresa. Pilar del Castillo tenía un 10% de las acciones, lo mismo que los herederos de uno de sus socios fallecido años atrás, el 20% que tenía el querellante y finalmente el 60% que poseía otra sociedad llamada EICert SL.
Empezó entonces, según la querella, una estrategia del resto de socios para echarle y poder vender la empresa para capear mejor los efectos de la crisis económica. Entre otros movimientos una querella que estuvo más de un lustro en los tribunales en la que se acusaba al hoy denunciante de varios delitos societarios hasta que fue absuelto en 2022.
La citación de la eurodiputada del PP como investigada se produjo hace unas pocas semanas, pero la existencia del pleito data de hace casi un año. La querella del antiguo socio se presentó a finales del verano de 2023 y fue inadmitida por el juzgado 14 de Madrid en octubre de ese año. Una decisión que fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid en febrero de este año y que desembocó en su citación como investigada junto con el resto de querellados.
La citación fue firmada por el juez el pasado nueve de mayo, dos días después de que se hicieran públicas las listas al Parlamento Europeo en las que la exministra ocupa el puesto número nueve del PP. Y fue fijada para el pasado 28 de mayo, pero se suspendió ese mismo día porque el juzgado no había sido capaz de localizar, entre otros, a la propia Pilar del Castillo. Esa citación, por el momento, no tiene nueva fecha para su celebración.
Durante todos estos años, según el querellante, sus antiguos socios se pusieron de acuerdo de forma delictiva para alejarle de la gestión de la empresa y poder venderla según sus propios designios. Un “acoso societario”, afirma en su querella, en la que también apunta a la ya entonces eurodiputada: ella y otro de los socios acusados, dice, “han sido piezas decisivas en el grupo criminal para que el fraude se haya materializado”. Por un lado, añade, “votando a favor acuerdos claramente perjudiciales para las mercantiles” y logrando que finalmente “dimitiera como administrador único”, que otro de los imputados entrara en el capital social y que finalmente un último imputado “llevara a cabo la operación acordeón”.
El caso está pendiente de que el juzgado 14 de Madrid ponga fecha a una nueva citación para que Pilar del Castillo y el resto de acusados declaren como investigados, condición en la que ya habían sido llamados a comparecer para el 28 de mayo, hace poco más de una semana. También de que, en caso de revalidar su escaño de eurodiputada el próximo domingo –algo que las encuestas dan prácticamente por seguro– el juez decida enviar la causa al Supremo por el aforamiento de los integrantes del Parlamento Europeo.