El salario mínimo interprofesional (SMI) estaba en 2018 en los 735 euros por 14 pagas. Entonces, el paro registrado rozaba los 3,5 millones de personas. Hoy, el SMI está fijado en los 965 euros por 14 pagas, y el Gobierno planea subirlo hasta los 1.000 euros, mientras el paro registrado está en los 3,12 millones de personas, pandemia mediante. Pese a los números, la patronal ya se ha posicionado en contra de un incremento de 35 euros mensuales. Esta vez, la CEOE sí contará con el apoyo del PP. Los de Pablo Casado instruyen a sus dirigentes en sus argumentarios internos para atacar la subida y señalar que supondrá “destruir tejido productivo, ralentizar la creación de empleo y disminuir la prosperidad”.
En los titulares prefabricados en la sede de la calle Génova que remite habitualmente a sus dirigentes y portavoces para que repitan en sus declaraciones ante los medios, la dirección nacional reprocha al Gobierno subir “todavía más” el SMI. “Muchas empresas se lo pagarán a menos trabajadores porque contratarán a menos personas o, incluso, tendrán que despedir a otros”, añade el argumentario, que concluye: “El Gobierno sólo conseguirá destruir tejido productivo, ralentizar la creación de empleo y disminuir la prosperidad”.
Pese a ese “todavía más”, el PP de Casado siempre se ha opuesto a las subidas del SMI aprobadas por el Gobierno, primero del PSOE en solitario y luego en coalición con Unidas Podemos. Sus economistas, con Daniel Lacalle a la cabeza, han pronosticado una y otra vez una hecatombe laboral por culpa de un indicador que afecta a alrededor de dos millones de personas. “Al empleador le costará mucho más crear un puesto de trabajo, lo que creará economía sumergida y paro, sobre todo en los sectores más vulnerables, como ya hemos visto”, dijo, por ejemplo, en 2019.
Como los datos dicen otra cosa, el discurso se modificó ligeramente para justificar que el incremento del SMI destruyó “empleo potencial” que “se ha disfrazado con empleo público”. Otra afirmación que no se compadece con las estadísticas. La realidad es que el empleo privado es el que más aumentó en 2021.
El PP sigue así la estela del Banco de España, por ejemplo, que también señaló que el alza de 2019 supuso un “menor crecimiento del empleo” del que se podría haber alcanzado. Ese año se crearon en España 400.000 empleos netos, pero el regulador prefirió señalar los que hipotéticamente no se crearon. Eso sí, el informe dejaba constancia de otro hecho: “Pueden existir argumentos de equidad y mejora en el nivel de vida de algunos trabajadores, que son relevantes a la hora de determinar el nivel del SMI y que no son objeto de análisis de este trabajo”.
Si el Banco de España no lo analizó, otros sí lo hicieron. La Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2020 que elabora el Instituto Nacional de Estadística mostró que la subida del salario mínimo de ese 2019 redujo la desigualdad y los índices de pobreza laboral. Si desde la crisis de 2008, la renta mediana ha ido cayendo hasta 2014, donde se situó en 13.352 euros, posteriormente ha ido creciendo en una banda de entre 300 y 500 euros cada año, hasta la subida del SMI de 2019, donde con un incremento del 6,8%, se alcanzó la cifra más alta de la historia con 16.043 euros. También el coeficiente de Gini, un indicador utilizado internacionalmente para medir las desigualdades, se situó tras la revisión del SMI de ese año en guarismos previos al estallido de la crisis financiera de 2008.
Pese a estos datos, el PP insiste en su argumentario prefabricado que “los grandes afectados por esta medida sin consensuar serán los trabajadores menos cualificados, las pymes y los autónomos”. Pablo Casado vuelve así a alinearse con los empresarios, quienes han rechazado el aumento del SMI antes de terminar la negociación en la mesa del diálogo social. El portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo este miércoles que su partido se posiciona “del lado de los empresarios” en este caso y que estos “ya han dicho que están en contra”, informa Europa Press. Lo hacen justo una semana después de votar en contra de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz, que sí contaba con el aval de la CEOE, una de las cuestiones que operó en contra de que el Gobierno retuviera la mayoría de la investidura y tuviera que buscar una geometría diferente en el Congreso para convalidar el real decreto ley.
Lo lograron por un solo voto y todo porque en un diputado del PP se equivocó. Entonces, el PP esgrimió su autonomía de la patronal e incluso señaló que, mientras la CEOE que preside Antonio Garamendi vela únicamente por sus intereses, ellos lo hacen por los de toda España. Ahora, la dirección de Pablo Casado se parapeta tras los empresarios porque “son los que crean el empleo” y critica que el presidente, Pedro Sánchez, no busque el “consenso social” que sí existía hace apenas siete días.
Díaz ha anunciado ya que el Gobierno aprobará de forma inminente la nueva revisión del SMI, cuente con el acuerdo de los empresarios o no. El compromiso del Ejecutivo de coalición es alcanzar en 2023 el 60% del salario medio. El Ministerio de Trabajo convocó a un grupo de expertos que cuantificó este objetivo entre los 1.011 y los 1.049 euros por 14 pagas.