El senador del PP José Luis Sanz ayudó a un grupo empresarial a hacerse con los contratos públicos del ayuntamiento del que es alcalde. Así lo sostiene un informe de la Fiscalía, que señala también que la única vez que el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) convocó un concurso para externalizar los servicios de los que se había beneficiado la red de empresas, lo manipuló para garantizar que ese entramado lo ganase de nuevo.
El informe del fiscal José María Cañal, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge a lo largo de 42 páginas todas las irregularidades que permiten concluir que Sanz vulneró la ley de contratación pública a sabiendas. Un delito de prevaricación continuada, sostiene el fiscal, que pide a la jueza que decida si envía la causa al Tribunal Supremo por la condición de aforado del senador.
A Sanz se le acusa de haber firmado seis contratos saltándose los trámites legales, prescindiendo de la competencia de al menos tres empresas, lo que provocó que el Ayuntamiento no pudiese obtener una rebaja en el precio de esos servicios. En cinco ocasiones se optó por la contratación a dedo y la única vez que el consistorio de Sanz organizó un concurso, lo manipuló para que el grupo empresarial Guerra XXI se asegurase la victoria.
En 2013, el Ayuntamiento decidió convocar un concurso para externalizar la radio municipal, por un importe de 60.000 euros. Hasta ese año, la empresa Guerra XXI se había ocupado de su gestión pagando a cuatro redactores. El consistorio de Tomares invitó al concurso a tres filiales de Guerra XXI, pero las tres cometieron un error en su solicitud. Cuando el Ayuntamiento les pidió que la subsanasen solo una empresa lo hizo, resultando así ganadora del concurso.
El fiscal cree que esta circunstancia evidencia que todo “se dirigió de antemano a que sólo una de las empresas pudiera resultar adjudicataria”. En su informe, enmarca estas irregularidades en las acciones de funcionarios y autoridades para “prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y beneficiar así al entramado de empresas, que llegó a facturar más de un millón de euros al Ayuntamiento.
Para alcanzar esa cifra de negocio, los responsables del entramado incluyeron una cláusula en algunos de los contratos que les permitía aumentar el precio inicial: “Cualquier gasto extra, no especificado en este contrato, se presupuestará fuera del mismo”. Aferrándose a esa frase, una de las empresas del grupo aumentó su facturación al Ayuntamiento de los 30.000 euros inicialmente presupuestos para la gestión de la biblioteca, a los 103.996 euros finales. En total presentaron 38 facturas por ese trabajo.
Ese contrato, por el que el Ayuntamiento buscaba a un auxiliar de Biblioteca, permite al fiscal y al perito comprobar la falta de profesionalidad con la que se gestionaban las licitaciones. En el documento se habla de que se van a contratar a “cuatro redactores”, un “corta-pega”, dice el informe, del contrato para la radio municipal.
En otras ocasiones, el consistorio no se molestaba en hacer contrato. Así ocurrió cuando se pagaron a una de las empresas de la red 105.860 euros por repartir material publicitario. Los investigadores del caso han encontrado 143 facturas por estos trabajos, pero ningún contrato. El fiscal echa mano de esta circunstancia para rebatir cualquier argumento que cuestione la irregularidad del acuerdo: “El problema no es que haya fraccionamiento, es que no hubo ni siquiera contrato”, señala Cañal en letras mayúsculas.
La “colaboración” que prestaban Sanz y otros cargos municipales a las empresas llagaba al punto de elegir a compañías para trabajos para los que no estaban capacitadas. Al concurso para gestionar la radio municipal invitaron a una empresa de servicios informáticos, y para el control de accesos del gimnasio del pueblo a una de organización de eventos. A esta última se la eligió a dedo y, una vez más, facturó más de lo que se recogía en el contrato inicial.
Este cúmulo de irregularidades comenzaron con la predecesora de Sanz en el Ayuntamiento, Antonio Hierro, que en 2007 designó para la organización de un festival de música a una empresa que se había creado un mes antes. Así comenzó la andadura del “complicado entramado empresarial” que habían creado Américo Manuel García Pichardo y José Candón Vázquez, que contaron con la ayuda de María del Carmen Guerra Nieto, cercana al interventor del Ayuntamiento de Tomares, junto a quien trabajó durante unos años.
Desde ese año y hasta 2013 firmaron con el consistorio multitud de contratos amañados para enriquecerse a costa de las arcas municipales. Ellos y los responsables del Ayuntamiento están imputados, estos últimos por prevaricación continuada. Solo falta Sanz, sobre quien la jueza del caso aún tiene que decidir si envía al Tribunal Supremo.