Ni las cartas, ni el viaje a Bruselas de las asociaciones judiciales mayoritarias, ni la presión de la UE han surtido ningún tipo de efecto. El PP mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva ya casi tres años caducado. Pablo Casado no tiene intención de cambiar de posición y se escuda ahora en exigir un cambio en la ley para que los jueces elijan a una parte de su órgano de gobierno como condición para avenirse a negociar con el PSOE la nueva composición. Los socialistas rechazan esa fórmula y, en todo caso, apuestan por abrir el debate una vez se renueve el organismo.
Pero no lo hacen en solitario. Este mismo martes, el Congreso ha rechazado por amplia mayoría una proposición de ley del PP precisamente para cambiar el sistema de elección de los vocales. Casi todos los partidos criticaron en el Pleno del martes que los de Casado se presenten como adalides de la “independencia judicial” tras llevar casi tres años bloqueando la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces y sus declaraciones sobre el “control” de la Fiscalía y el Supremo, informa Iñigo Aduriz.
Y precisamente, que el PP no cuenta con la mayoría suficiente es uno de los argumentos que esgrime el PSOE. “Queremos desbloquear la situación y a partir de ahí estamos abiertos a entablar cualquier tipo de diálogo siempre respetando la voluntad de la ciudadanía reflejada en las urnas y, por tanto reflejada, en el arco parlamentario”, esgrimió el portavoz socialista, Héctor Gómez.
Las cosas siguen así donde estaban pese a que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, diera este lunes un golpe en la mesa al instar de nuevo a España a renovar el CGPJ tras recibir a las asociaciones de jueces en un intento por elevar la presión. “Hay una preocupación por la falta de acuerdo de renovación en varios órganos constitucionales, no sólo el CGPJ. Y es muy importante que se renueven por una mayoría cualificada en el Parlamento”, expresó el belga, que también planteó la necesidad de reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces en la línea de lo que recomienda el Consejo de Europa. Pide que el 50% de sus miembros se elijan directamente por la carrera judicial, si bien la Constitución establece que al menos ocho deberán ser elegidos a propuesta del Congreso y del Senado.
A esta recomendación se aferra el PP para persistir en el bloqueo, que supera ya los 1.000 días. Los populares sostienen que Bruselas les da la razón a la hora de plantear una reforma de la ley como condición para avenirse a renovar el Poder Judicial, si bien son conscientes de que dicha reforma no se podría utilizar en la actual renovación pues, aunque bloqueado, el proceso de elección del nuevo CGPJ está formalmente iniciado y no se puede modificar.
Esa es la última excusa que pone Casado, que llegó a cerrar un acuerdo en 2018 con Pedro Sánchez y que dinamitó el entonces portavoz del PP en el Senado, José Ignacio Cosidó, al enviar un mensaje de WhatsApp a su bancada en el que aseguraba que controlarían la sala penal del Tribunal Supremo por la “puerta de atrás”. Tras ese fracaso, Gobierno y PP retomaron las negociaciones, pero los de Casado rechazaron el acuerdo por la supuesta participación de Unidas Podemos, primero, y por el veto al magistrado Ricardo de Prada, que fue uno de los ponentes de la sentencia de la Gürtel, y a la jueza Vicky Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada de Podemos.
El Ejecutivo considera que la UE le ha dado la razón en su posicionamiento al asegurar que hace “el mismo planteamiento que el Gobierno lleva haciendo todos estos meses al PP”. Así, los socialistas instan al principal partido de la oposición a cumplir la ley –que establece que el mandato del CGPJ debe durar cinco años– y a abordar, posteriormente, una hipotética reforma de la misma. No obstante, el PSOE siempre ha rechazado ese cambio –a excepción de en 2014 cuando Pedro Sánchez apostó por “despolitizar” el órgano y que los partidos dejaran de proponer a los candidatos así como en 2016, cuando pactó con Albert Rivera una suerte de concurso público– y apuesta por que sigan siendo las Cortes –en base a la representación de la soberanía popular que dejan las urnas en las generales– las que voten los nombramientos. Fuentes gubernamentales recuerdan que con el actual sistema doce de esos vocales (el 60% frente al 50% que recomienda Estrasburgo) los proponen los propios jueces.
“La ley no se va a tocar”, admiten fuentes socialistas. “El comisario dice dos cosas: exige la renovación y recuerda una recomendación”, aseguran esas fuentes sobre las palabras de Reynders, que admitió que la reforma legal es una “evolución” que puede tardar “años o décadas” en producirse.
La renovación permanece, por tanto, tan enconada como estaba y así lo constataron este martes el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en la reunión que mantuvieron en el marco de los contactos que ha iniciado el responsable de la coordinación del Gobierno con los grupos para abordar los presupuestos y reclamar a los partidos “sentido de Estado”.
Moncloa y PP han intercambiado reproches. “El Gobierno ha constatado que el PP sigue enrocado en no cumplir la Ley ni la Constitución. Por tanto, incumplen el requerimiento de la Comisión Europea y de su Comisario de Justicia que ha pedido que se renueve con carácter urgente el CGPJ conforme a la ley vigente. El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad”, señalan fuentes gubernamentales. El PSOE insiste en que primero debe renovarse el Poder Judicial y luego, en todo caso, abrirse el debate sobre el cambio en la ley.
Desde el Gobierno consideran, además, que la condición de reformar el sistema de elección es una “excusa” del PP para persistir en un “bloqueo político” dado que, según recordó la portavoz, Isabel Rodríguez, mantienen otros organismos congelados, como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. “Es muy grave que esté obstruyendo el normal desarrollo de los nombramientos”, dijo Rodríguez, que lamentó que esa situación “repercuta en la reputación” de España.
“No entendemos que no apoyen una reforma que reclaman desde la Unión Europea hasta los propios jueces, y que fue un compromiso de Sánchez”, afirman fuentes del PP. Génova considera que el comisario les da la razón, a pesar de que no estableció un orden para que se cumplieran las demandas de Bruselas y de que Casado ha incorporado recientemente la exigencia de un inicio previo de la reforma de la ley, que no estaba sobre la mesa en las negociaciones anteriores. Los populares echaron en cara, además, al PSOE que votara en contra de la iniciativa para cambiar el sistema de elección de los jueces que se debatió en el Congreso este mismo martes y con el que pretendían que se retrataran los socialistas. Pero solo recabaron el apoyo de Ciudadanos y, con reprimenda incluida por flojos, de Vox.